Defensoría pierde grabación relacionada con caso 'UPAD', traslada caso a Ministerio Público

La Defensoría de los Habitantes perdió parte de una grabación de respaldo de la reunión que sostuvo la jerarca de la institución, Catalina Crespo, con el presidente Carlos Alvarado y con otras autoridades de Gobierno, el pasado 24 de febrero, en relación con el 'caso UPAD'.

El extravío lo informó la propia Defensoría, tras una investigación interna que recomendó trasladar el caso al Ministerio Público para profundizar las indagaciones.

Según describió el ente defensor, "se detectó un faltante de información en el audio de la entrevista" con el Ejecutivo, por lo que la Auditoría Interna determinó la necesidad de pedir una revisión técnico forense por parte de las autoridades judiciales.

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Al respecto, la defensora Catalina Crespo afirmó que la entidad realiza la gestión "en aras de la transparencia institucional y de salvaguardar la investidura de esta Institución y la honorabilidad de todos sus funcionarios".

En comunicado de prensa, la defensora lamentó que "la situación ocurriera a nivel interno", pero subrayó "es consciente de que, como cualquier otra institución pública, tiene un mandato de transparencia y de rendición de cuentas".

El 'caso UPAD' se remonta a inicios de año, cuando el Poder Ejecutivo publicó un decreto con el que pretendía instaurar una Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en Presidencia. En ese texto, el Gobierno le daba al nuevo organismo acceso a "datos confidenciales" de las instituciones, aunque luego subrayó que su intención nunca había sido pasar por encima de ninguna de las restricciones legales que existen.

La instauración del grupo, sin embargo, era meramente formal; pues los asesores ya habían trabajado para el despacho del presidente Carlos Alvarado por más de año y medio.

Caso investigado

El decreto de creación de la UPAD fue derogado en menos de una semana; sin embargo, la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han abierto investigaciones por la actuación de los asesores de datos. En ellas, se busca determinar si cometieron algún acto indebido con el manejo de la información, pública o privada.

En el plano judicial, la Fiscalía mantiene abierta una causa bajo el expediente 20-005433-0042-PE, en la cual se investiga los posibles delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato (girar resoluciones contrarias a la ley).

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En la causa figuran el presidente Carlos Alvarado; el exministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el exviceministro de Planificaación, Daniel Soto (quienes firmaron el decreto). Además, se investiga a los tres exasesores de datos, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández; al exasesor legal de Presidencia, Luis Salazar; y a la exjefa de despacho del presidente, Felly Salas.