Diputada Paola Vega denuncia penalmente a sujeto que la amenazó de muerte en Facebook

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, denunció a un usuario en Facebook, de apellido Bermúdez y vecino de Puriscal, por haberla amenazado de muerte a través de esta red social.

Así consta en un oficio enviado por la legisladora a la fiscal adjunta de San José, Ingrid Guth, el pasado 3 de octubre.

Según la denuncia, el usuario, de 29 años, le envió un mensaje público al perfil de Vega con calificativos como "fracasada", "atea", "vividora", "podrida", entre otros.

"(...) sáquelo donde quiera q me vale mierda lo que el fracasado gobierno haga, por que estoy en costa rica no en el puto Nicaragua ni en el puto Venezuela aquí si le daremos muerte a todos UD empezando por UD ” (sic), reza parte del mensaje, difundido el martes 2 de octubre, entre las 4:30 p. m. y 5:00 p. m. y del cual este medio tiene copia.

"Yo estoy poniendo una denuncia para sentar un precedente porque lo que hubo en esa publicación fue un delito, una amenaza de muerte a un funcionario público. Si comenzamos a pasar por alto estas cosas, estamos legitimando no solamente altos niveles de violencia en nuestra sociedad, sino también poniendo en riesgo la institucionalidad democrática. No es posible que, cada vez que dieiramos políticamente con alguien, lleguemos a estos grados de violencia. Espero que la investigación sea llevada a cabo para comprobar el delito", expresó la legisladora a AmeliaRueda.com.

En la denuncia, la diputada pide abrir una investigación por los delitos de coacción, amenazas agravadas y amenaza a un funcionario público.

Según el Código Penal, la coacción se produce cuando una persona mediante amenaza grave o violencia física o moral, compela a otra a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado. Se sanciona con prisión de tres a cinco años.

En el caso del delito de amenazas, el castigo es de prisión de diez a sesenta días multa a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona si las amenazas fueren anónimas o simbólicas.

Finalmente, cuando se produce una amenaza a un funcionario público, el Código Penal reprime con prisión de un mes a dos años a quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

"Creo firmemente que quienes ejercemos un cargo político tenemos que tener un diálogo permanente con la ciudadanía, pero este diálogo tiene por permiso fundamental, que se dé en el marco del respeto, que haya respeto por ambas vías, si se pierde, perdemos el diálogo democrático", añadió la diputada.

El 8 de agosto anterior, la legisladora del Partido Restauración Nacional (PRN), Ivonne Acuña, presentó una denuncia contra el jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios, Rodolfo Gamboa, quien había escrito improperios en Facebook contra la segunda secretaria del Directorio Legislativo.

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