Seguridad y Justicia accederán a ¢21.000 millones para gastos básicos, diputados revierten recorte

El Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Justicia podrán acceder a ¢21.000 millones para gastos básicos que les fueron privados inicialmente dentro del presupuesto nacional de 2021. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en el primero de dos debates el segundo presupuesto extraordinario del año, en el que corrigieron partidas que se presupuestaron incompletas para las tres entidades, en el plan de gastos que recién votaron a finales de noviembre pasado.

Solo el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibirá ¢13.026 millones, de los cuales indicó que un 90,7% corresponden a "rubros indispensables para dar cumplimiento a las labores policiales". Específicamente, la entidad indicó que se trata de dineros destinados a la compra de maquinaria, equipo y mobiliario, servicios de telecomunicaciones, servicios básicos, pagos de seguros y combustibles, vestuario, alimentación y bebidas, mantenimiento de equipos, materiales de resguardo y hasta componentes salariales de funcionarios policiales.

El proyecto de ley contó con el respaldo unánime de 41 de 43 legisladores presentes. Solo votaron en contra los independientes Erick Rodríguez y Nidia Céspedes, y su votación en segundo debate quedó pactada para este jueves 18 de febrero.

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Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) recuperará ¢5.725 millones, de los cuales señaló que un 78,5% se requerían "urgentemente" para dar continuidad al servicio de monitoreo y al alquiler de los dispositivos electrónicos de seguimiento a convictos con ejecución de la pena a través de brazaletes y tobilleras.

Asimismo, indicó que el resto de los recursos corresponden a partidas necesarias para el pago de recibos y servicios básicos que fueron ignorados por el Ministerio de Hacienda y por los diputados inicialmente, así como para la atención de requerimientos que aumentaron por la pandemia del nuevo coronavirus, pagos de impuestos y servicios de seguridad y vigilancia.

Por último, el Ministerio de Gobernación y Policía (MGP) tendrá acceso a ¢2.547 millones, mayoritariamente con el fin de pagar alquileres institucionales y servicios básicos de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME), insumos médicos y de alimentación para los centros de aprehensión, y para el pago de equipos de inteligencia y de protección, incluidos chalecos antibalas que deben ser cambiados.

Los perjuicios a Seguridad, Justicia y Gobernación no se contemplaron durante la discusión final del presupuesto nacional, en noviembre de 2020, cuando más bien la mayoría de diputados de oposición impulsó —y pidió al Ejecutivo— los mayores recortes presupuestarios posibles en cuestiones administrativas.

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Trámite expedito

El proyecto de ley de presupuesto extraordinario recibió un trámite expedito por parte de la Asamblea Legislativa. Apenas se presentó en la corriente legislativa el 3 de febrero pasado.

Aquel día, el propio ministro de Seguridad, Michael Soto, aseguró que su cartera incluso corría el riesgo de cerrar delegaciones por falta de recursos para su operación y que incluso podrían faltar insumos básicos para que las distintas fuerzas de atención realizaran patrullajes. También señaló que el faltante de recursos fue advertido desde la discusión del presupuesto en 2020; sin embargo, no fue escuchado.

El jerarca aseguró que el riesgo era todavía más latente para 160 delegaciones que ya enfrentan órdenes sanitarias o que requieren "mejorías", en las cuales se requieren recursos para "necesidades indispensables".

Los diputados accedieron a reintegrar los recursos; sin embargo, enfatizaron que su responsabilidad fue de apenas una cuarta parte de los recursos recortados inicialmente. Es decir, aseguraron en su informe final sobre el proyecto de presupuesto que el Gobierno dejó de presupuestar tres cuartas partes de los gastos que ahora pidieron las carteras y que solo la cuarta parte restante del perjuicio había sido ocasionado por el acuerdo mayoritario legislativo.

Así lo redactaron en el informe de la Comisión de Asuntos Hacendarios, firmado por todos los diputados de ese foro —incluida la representación oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).

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