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El emporio Ortega-Murillo: de guerrilleros a millonarios

La Piñata Sandinista”, de 1990, es uno de los referentes históricos del actual poder económico del presidente de Nicaragua y su familia, reforzado desde 2007 con el apoyo de Venezuela

Una contagiosa canción que invadió los campamentos de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de 1970 relató la historia de una tal María que lava y a plancha la ropa que goza la mujer hermosa “del terrateniente” en algún lugar de Nicaragua.

Plagada de una intensa carga social de choque con la oligarquía que, durante casi medio siglo sostuvo a la dictadura de la familia Somoza hasta su caída en 1979, la tonada exaltó el principio sandinista de humildad y de compromiso social con los marginados.

Allá, en el Cerro de la Iguana, nació la leyenda que el músico, compositor y cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy convirtió en uno de los símbolos culturales del sandinismo frente a décadas de injusticias sociales, dictadura y represión.

La historia de la tal María ocurrió montaña adentro de Las Segovias, en el norte de Nicaragua. Allí, a partir de 1925, se instaló la base de operaciones militares del general rebelde nacionalista Augusto César Sandino (1885—1934).

Como referente central en la vida del FSLN y sin ser comunista o capitalista, Augusto Cesar Sandino había combatido la ocupación armada de las tropas de Estados Unidos en Nicaragua, que se prolongó hasta 1979. Por eso, y bautizada como “El Cristo de Palacagüina”, la pieza exhibió en siete estrofas una narración de opulencia y exclusión.

Transcurridos casi 39 años del ascenso del FSLN al poder; 28 de su desalojo por la vía electoral en 1990; y 11 de su retorno en 2007, una pregunta resuena en el panorama político nicaragüense: ¿Son millonarios y terratenientes aquellos nueve comandantes sandinistas que barbudos y harapientos entraron triunfantes a Managua el 20 de julio de 1979, tras la huida de Anastasio Somoza Debayle?

¿O los únicos realmente magnates son los hermanos Ortega Saavedra, el comandante Daniel y Humberto, que son los que más han alcanzado control político en el régimen.

Daniel fue el primer coordinador de la Junta de Gobierno y de Reconstrucción Nacional que asumió el control del país al derrocamiento de Somoza y, a partir de 1985, ejerció como presidente de Nicaragua.

En los casi 11 años de una revolución que, sin éxito, pretendió establecer un régimen socialista en Nicaragua, se alineó con Cuba y la entonces Unión Soviética y desató la reacción anticomunista de Estados Unidos. Daniel ocupó el puesto de Ministro de Defensa y Jefe del entonces Ejército Popular Sandinista (EPS) y con esto el dominio militar.

Condujo la guerra que enfrentó a las fuerzas bélicas de la“contra” nicaragüense—organizadas y financiadas por Estados Unidos—que combatieron a la revolución, de 1980 a 1990, para impedir la expansión comunista de La Habana y Moscú, vía Managua, al resto de Centroamérica.

Ortega ganó las elecciones de noviembre de 2006 y asumió la presidencia, por segunda vez, en 2007. Tras ejecutar lo que la oposición catalogó como violación del orden constitucional, se reeligió en los comicios de noviembre de 2011 e inició un tercer quinquenio en enero de 2012, ahora de manera consecutiva e indefinida. La presión creció al vencer en los de noviembre de 2016 e iniciar el cuarto ejercicio en enero de 2017, pero quedó arrinconado por el estallido antigubernamental de abril de 2018.

Las preguntas sobre riqueza y opulencia de los Ortega subieron de tono cuando hace poco más de dos meses estalló una masiva revuelta popular callejera de estudiantes universitarios, obreros, campesinos, empresarios y demás hombres y mujeres de la sociedad en contra de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo Zambrana, la poderosa vicepresidenta y primera dama.

Aunque la crisis surgió por un intento de Ortega y Murillo—posteriormente derogado—para reformar la seguridad social, con cambios en los aportes monetarios de patronos y trabajadores, el conflicto sirvió de detonante para reclamos superiores: la democratización de Nicaragua.

La pareja presidencial rechazó la exigencia que el movimiento opositor lanzó reiteradamente en las últimas semanas, para demandar su inmediata renuncia, adelantar las elecciones y abrir una etapa para transitar hacia la democracia.

El reclamo popular reactivó la denuncia de que que el dúo gobernante cometió fraudes electorales, instaló una dinastía dictatorial, relegó a la oposición de participar en política y dominó los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral sostenido por fuerzas policiales y militares. Daniel, hasta hoy, rechaza los cargos.

El futuro de Ortega y de Murillo y de sus hijos como empresarios millonarios es uno de los factores cruciales en juego en la búsqueda de una salida a la actual confrontación en Nicaragua, estremecida con un saldo diario de muertos, heridos, presos y desaparecidos.

Organismos independientes de derechos humanos, nacionales e internacionales, atribuyeron los saldos sangrientos de la aguda controversia a una incontrolable represión ejecutada por las fuerzas policiales, parapoliciales o paramilitares al servicio del presidente y de la vicepresidenta. El gobierno replicó que los hechos son provocados por delincuentes y vándalos y por una invasión de “espíritus malignos”, de “malos sentimientos”, de “odio” y de “malignidad”, para que “reine el mal en Nicaragua”.

Así, es la más grave crisis política, socioeconómica e institucional del siglo XXI en la famosa tierra de los lagos y de los volcanes.

¿Podría asegurarse que la familia Ortega Murillo es millonaria? La respuesta está en 1990.

Luego de la derrota electoral sufrida el 25 de febrero de ese año por Ortega, candidato del FSLN por segunda vez consecutiva, ante Violeta Barrios viuda de Chamorro, aspirante por la Unión Nacional Opositora (UNO), el régimen sandinista entregó tierras, mansiones, empresas y otros bienes (muebles e inmuebles) a numerosos de sus seguidores. Los nueve comandantes también obtuvieron su respectiva tajada.

El caso, conocido popularmente como “La Piñata Sandinista”, provocó quiebra de bancos, cierre de compañías agropecuarias y un interminable lío jurídico sobre propiedades.

El asunto agitó las aguas políticas nicaragüenses en los primeros meses del gobierno de Barrios, una gestión que se prolongó hasta enero de 1997 en lo que fue un reacomodo del calendario político de Nicaragua. Pese a la tormenta que se desató, el FSLN y sus jerarcas eludieron las acusaciones y siguieron gobernando “desde abajo”.

El libro “La Revolución Perdida”, del poeta y exsacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, sentenció que la cúpula del FSLN se enriqueció durante el cuestionado proceso revolucionario.

Miembros del escalafón sandinista superior, autoridades de gobierno y líderes sindicales, escribió Cardenal, “se quedaron con cuentas bancarias, casas, vehículos, empresas comerciales, supermercados, haciendas cafetaleras y ganaderas, ingenios de azúcar, fincas bananeras, restaurantes, televisión, radios, empresas comercializadoras de carne y de banano, y empresas financieras y bancarias”.

La plataforma de la masiva entrega fue el paquete de propiedades que la revolución confiscó a la familia Somoza y a personas y empresas vinculadas a la dictadura somocista, que gobernó y manipuló los destinos del país desde 1934, en las sombras en los cuarteles o con el dominio público total.

Fue así como en los 60 días del periodo de transición entre la derrota en los comicios del 25 de febrero y el traspaso de poderes el 25 de abril, los sandinistas emitieron decretos para cobijar legalmente la distribución de gran cantidad de bienes.

Entre la salida de Ortega y el ingreso de Violeta Barrios, la jerarquía del FSLN emitió tres leyes: 85, 86 y 88.

La 85 acogió a los que vivían, ocupaban o eran inquilinos de casas de habitación: “El espíritu de esa ley era favorecer a familias de menos ingresos, pero también favorecieron a los cuadros ejecutivos del sandinismo para comprar (casas) a precios irrisorios”, explicó el nicaragüense Arturo Elí Tablada como Intendente de la Propiedad del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de Nicaragua en 2003, en el gobierno del entonces presidente Enrique Bolaños Geyer.

La ley permitió obsequiar toda vivienda menor a 100 metros cuadrados. Las mayores a esa extensión podrían ser compradas a plazo, con hipotecas, aunque ninguno de los gobiernos posteriores—el de Barrios, el de Arnoldo Alemán Lacayo (1997—2002) y el de Bolaños (2002—2007) —pudo cobrar.

La legislación 86 facilitó la transferencia de lotes de hasta mil varas cuadradas. Pese a que el Estado indemnizó a una mayoría de los confiscados, nunca cobró a los beneficiados.

En una entrevista que concedió a este periodista, Tablada narró que “el sandinismo confiscó propiedades y perdió el control de la información registral, como la secuencia de cambios de dueño, abandonó el sistema de catastro físico y, sin datos registrales, se emitieron títulos agrarios con nuevos números”.

La ley 88 consolidó la propiedad agraria y encubrió, alegó “los abusos más grandes, con una enorme especulación” de bienes inmuebles.

“Fueron confiscaciones políticas”, adujo, al alertar, ya hace más de 14 años, que Nicaragua sufría un “desorden de la seguridad jurídica” que cubrió, al menos, al 70% de las propiedades. Se tardarían unos 30 años para reponder a los reclamos de esa época, que recayeron sobre unas 500 residencias o mansiones de Managua y unas 1.500 del resto del país en poder de sandinistas.

Las pugnas atascaron el despegue económico nicaragüense porque nunca se alcanzaron las metas de recaudaciones del impuesto a la propiedad, y las alcaldías tampoco dispusieron de información exacta para el cobro tributario de esos bienes.

Con Ortega como candidato presidencial derrotado, los sandinistas incursionaron como empresarios en sectores como finanzas, industrias, desarrollo urbano y producción agropecuaria, según el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), principal gremio empresarial de Nicaragua.

En una de las pocas oportunidades en la que los actuales dirigentes del FSLN concedieron entrevistas para referirse a las acusaciones de enriquecimiento, el comandante Bayardo Arce contó a este periodista en noviembre de 2003 que durante la revolución, el Frente recibió ayuda de partidos comunistas “amigos”, como los de China y de la entonces y la Unión Soviética.

“Nos donaban equipos o bienes de consumo. Cuando perdimos las elecciones, agarramos todo lo que habíamos entregado al Estado y organizamos un patrimonio y lo tratamos de hacer funcionar en una gestión empresarial. A mí me tocó supervisar eso”, recordó.

“Para decirlo en términos nicaragüenses, yo era el hombre de los reales del partido. Y de ahí empezaron a decir que yo era el que tenía los reales, que yo era el que manejaba el partido. Quizás de ahí proviene esa percepción errónea que pudo tener Ernesto (Cardenal) de que soy millonario”, reiteró.

Designado a partir de 2007 por Ortega como asesor económico del gobierno, Arce admitió que hubo un “error fundamental” con la repartición—o la piñata—de 1990, porque “teniendo claro que una revolución es fuente de derecho, no le dimos la conformación jurídico—institucional y vinieron problemas de distribución de riqueza. Entregamos tierra a los campesinos y no nos apuramos en la titulación y registro”.


Ernesto Castillo, guerrillero y sandinista, fue ministro de Justicia y embajador de Nicaragua en la Unión Soviética se encargó de la revisión de los documentos originales del libro de Cardenal.

Consultado por este periodista, Castillo recordó que, por impacto del bloqueo o embargo económico que Washington impuso a Managua a inicios del decenio de 1980, el gobierno sandinista se vio obligado a abrir frentes operativos ocultos o encubiertos en el exterior, para brincarse las sanciones estadounidenses.

“En estas operaciones”, puntualizó, “normalmente se entra en contacto con gente mafiosa. Lo que no se sabía es que (los jerarcas del FSLN) se estuvieran enriqueciendo con ese pretexto”.

Aparte de los aportes de partidos amigos que Arce mencionó, Castillo reveló que otros dirigentes extranjeros, como el coronel Muammar el Gadafi—gobernante de Libia desde 1969 hasta su asesinato en 2011—y el ayatola Ruhollah Jomeini—líder revolucionario de Irán de 1979 y fallecido en 1989—“mandaban dinero” a Nicaragua en cifras que, en una ocasión, llegaron a $30 millones y, en otra, a $100 millones.

Antes de la derrota electoral de 1990 “algunos comandantes ya se estaban enriqueciendo. Había malestar interno…Ya se estaban saqueando bancos y empresas. Se hacía de la manera más descarada, con el pretexto de que se entregaría a los trabajadores. Pero los trabajadores se quedaron sin nada y se produjo un robo al hambre”.Lejos de los mecanismos institucionales de control y transparencia en el uso de recursos estatales en Nicaragua, la familia Ortega Murillo penetró desde 2007 en nuevos negocios: petróleo, combustibles, energías, televisoras, radioemisoras, ganado y turismo.

Gracias a un entarimado político-partidista abastecido con fondos millonarios transferidos por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

En una nación que es la segunda más pobre de América después de Haití y que arrastra una tradición de opulencia en sus jerarquías políticas, los Ortega Murillo edificaron un conglomerado empresarial y parecieron simbolizar una versión renovada del suntuoso poder presidencial nicaragüense precedido por apellidos como Somoza o Alemán.

“Es contradictorio”, destacó, “ver a un Presidente que dice que su gobierno es de los pobres pero se mueve en un vehículo que cuesta muchas decenas de miles de dólares, mientras la población tiene necesidades extremas: hay más de 500 mil niños en la miseria en las calles, más del 40% de nicaragüenses sobrevive con dos dólares al día y el 30% con un dólar diario”.

El trillo de los dólares

La ruta del dinero tiene fuente venezolana, según datos oficiales: de los 10 millones de barriles de crudo anuales que Managua compró a Caracas de 2007 a 2010 a un costo de 800 a 900 millones de dólares, el 50% lo pagó en 30 días y el resto a 25 años.

Pero en vez de que los recursos obtenidos como crédito con el petróleo quedaran supeditados a la administración y vigilancia del gobierno nicaragüense e instancias contraloras estatales independientes, la operación completa fue privatizada y quedó en control de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).

Dirigida por los Ortega Murillo, Albanisa generó de 400 a 500 millones de dólares cada 12 meses de 2007 a 2010 y, en la práctica, mantuvo el monopolio de la importación de petróleo que vendió mediante una firma que creó para distribuidor sus derivados, de acuerdo con información oficial.

PDV Caribe, subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., es dueña del 51% de Albanisa, y la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) posee el 49%, según registros oficiales.

Albanisa nació en 2007 y es nervio del Grupo Alba-- de los Ortega Murillo—y brazo de la Alianza Bolivariana para las Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA--TCP), bloque anti-Washington formado creada en 2004 y formada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

Con las ganancias de la venta de combustibles y derivados a precios de mercado, el presidente, su esposa, sus hijos y otros parientes y el FSLN–dominado por la misma familia--incursionaron en numerosas actividades empresariales privadas y pública y reiteradamente rechazaron exigencias de partidos políticos y otros sectores de Nicaragua de rendir y someter los dineros a examen público.

Un informe de 2010 del Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela, grupo no estatal de estudios socioeconómicos, reveló que, a ese año, Chávez desembolsó, tendría comprometido o en vías de entrega a Nicaragua más de $7 mil millones desde enero de 2007 al gobierno del FSLN.

El Banco Central de Nicaragua informó en 2010 que la asistencia real de Caracas sumó $1.559 millones.

Ningún responsable de comunicación del gobierno respondió a las consultas sobre los cuestionamientos planteados pública y reiteradamente en contra de los Ortega Murillo.

El andamiaje

“Arriba los pobres del mundo”, proclamó un gigantesco rótulo de propaganda del FSLN en las afueras de la propiedad que alberga a la mansión en la que vive el matrimonio Ortega Saavedra en Managua, con cancha de béisbol incluida. Allí está la secretaría del Frente y en esa residencia despacha la pareja presidencial.

Anuncios idénticos proliferaron desde 2007 en el resto del país como consigna social con la promesa de derrotar a la miseria endémica nicaragüense sobre la plataforma de Chávez y su Socialismo del siglo XXI.

Una obsesión: los canales

La familia Ortega Murillo demostró que tiene predilección por la palabra canal.

Por algo, asumió el control del negocio para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, acaparó el mando casi monopólico en los canales nicaragüenses de televisión y sus repetidoras y logró dominar los canales nacionales de distribución de combustibles derivados del petróleo.

Ortega y su esposa desplegaron el timón de sus negocios en sus hijos: Rafael, Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Laureano, Maurice, Camila y Luciana.

La más reciente declaración de probidad del presidente exhibió fecha de 2002 y únicamente registró bienes por $218 mil, según el diario La Prensa, el más importante de Nicaragua. Sin embargo, Ortega y su esposa se movilizaron desde la campaña presidencial de 2006 en cuatro camionetas valoradas en al menos $125 mil cada una.

Por eso, el ahora gobernante prefirió delegar en sus hijos:

*Laureano, asesor de inversiones, controla el proyecto para construir el Gran Canal de Nicaragua, una vía acuática que uniría a los océanos Atlántico y Pacífico y partiría en dos al territorio nicaragüense y cuya edificación fue concedida en junio de 2013 a la compañía HKND Group, propiedad del empresario chino Wang Jing.

En lo que fue un espectáculo de fanfarria política, Ortega y Murillo dieron el primer paso para construir el Gran Canal, trabajo se paralizó en los meses siguientes en medio de un movimiento de repudio nacional que dio paso al germen del bloque que nació en abril de 2018.

*Rafael colocó a su esposa, Yadira Leets Marín, como gerente de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNPetronic), que canaliza la venta de derivados del petróleo en una cadena de estaciones.


Los otros hijos están en los canales televisivos. Antes de 2007, la familia era dueña de un porcentaje de acciones de Canal 4, cuya propiedad compartía con el magnate empresarial mexicano Ángel González González.

*Maurice, Camila y Luciana en el 13, Carlos Enrique y Daniel Edmundo en el 4 y Juan Carlos, publicista y con una compañía que surte a los medios de su familia, está en el 8.

Un informe de Confidencial, uno de los principales medios independientes de comunicación de Nicaragua y sin ninguna afinidad con el gobierno, precisó que de los nueve de televisión abierta, la familia Ortega Murillo controla los canales 4, 8 y 13 y el 6 que es estatal, mientras que el mexicano González, su socio accionista, tiene cuatro—10, 9, 11 y 2—y las frecuencias 17, 19, 25, 32, 33, 38.

Canal 12 es el único independiente.

De Palacagüina a El Carmen

Asediados por el masivo repudio popular a su gobierno y por las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales, el presidente y la vicepresidenta se acuartelaron en su mansión en el Barrio El Carmen, en un suburbio de Managua, e implantaron un férreo cordón policial y de seguridad para evitar que alguien—entre los miles de enardecidos nicaragüenses—se atreva a acercarse sin autorización.

Algo similar adoptó Somoza Debayle en los días finales de su régimen: se encerró en su “búnker” en la Loma de Tiscapa, uno de los puntos referenciales de Managua.

En El Carmen, Daniel y Rosario están viviendo la más grave crisis política e institucional de Nicaragua en el siglo XXI.

El periódico La Prensa publicó el 26 de julio de 2008 un hecho revelador del estilo de vida del dúo gobernante: Ortega y su esposa, que proclamaron ser defensores de los pobres del mundo, solo ingieren agua Perrier, importada a Nicaragua desde un exclusivo manantial de Vergèze, Francia, que la produce con un contenido natural de gas de carbón.

Más que una cuestión anecdótica, recordó el cuento de una tal María que, muy humildemente y en su pobreza, va a lavar y a planchar la ropa que goza la mujer hermosa “del terrateniente” en algún lugar de Nicaragua.

*José Meléndez es un periodista costarricense que labora como corresponsal en América Latina y el Caribe para el periódico El Universal de México.