Embajadores investigados indicaron en declaraciones juradas que no tenían causas pendientes

Los embajadores en Francia, Sonia Marta Mora Escalante, y en Estados Unidos, Fernando Llorca Castro indicaron que no tenían causas penales pendientes en las declaraciones juradas que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) les solicitó para concretar sus nombramientos; no obstante, ambos tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público desde antes de que presentasen el documento.

Así consta en la respuesta que dio la vicepresidenta y canciller Epsy Campbell Barr a la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás Solano, el pasado 14 de noviembre, a raíz de una solicitud que esta había realizado al enterarse por medio de la prensa que contra los exministros pesan tres expedientes.

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De acuerdo con el oficio DM-DGSE-0714-2018, Mora remitió a la Casa Amarilla el 18 de junio del 2018 la declaración que el artículo 18 inciso g) del Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior de la República le exige presentar por tratarse de la designación de una persona en comisión, o sea, que "es nombrado por razones de inopia de funcionarios de carrera, por razones de conveniencia nacional, o por emergencia".

"Que no conoce de la existencia de procesos penales en su contra a título personal", establece la declaración tomada por la notaria pública Ligia Rodríguez Pacheco.

"Sin embargo, desea aclarar que en su función como Ministra de Educación Pública debió darle seguimiento a dos procesos", añade antes de especificar los casos, mismos que se refieren a una resolución de la Sala Constitucional que ordenaba una mejor infraestructura para un centro educativo en Talamanca y a una denuncia por un supuesto incumplimiento de pago de cuotas de la seguridad social en la que se demostró que la responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

La declaración, empero, no hace mención a la causa 16-000631-0648-PE que la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José abrió en su contra el 7 de junio del 2016.

En el expediente, según lo dio a conocer AmeliaRueda.com el 22 de marzo anterior, se investiga a Mora por el supuesto delito de desobediencia.

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Este medio intentó contactar a la representante del país en Francia a través de la oficina de prensa de la Cancillería y con mensajes a su número personal, pero al cierre de esta publicación no fue posible preguntarle por qué no incluyó esa pesquisa en la declaración y de qué forma intentó cerciorarse de que no existían expedientes en contra suya.

Por su parte, Llorca declaró el 18 de agosto del presente año "que no tiene causas penales pendientes en Costa Rica u otros países" a pesar de que para ese momento ya se seguían dos investigaciones en su contra.

Se trata de las pesquisas 17-000081-1218-PE por presunto peculado, iniciada el 25 de agosto de 2017; y 18-000008-0033-PE por aparente tráfico de influencias, abierta el 3 de agosto del 2018.

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AmeliaRueda.com localizó al embajador en Estados Unidos mediante mensajes de WhatsApp a su número personal, dónde no respondió a las preguntas que se le realizaron y solicitó que se le prestara atención a la exposición que realizó la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega Rodríguez, el jueves anterior.

Durante una de sus intervenciones ante la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público, la oficialista leyó una nota aclaratoria que Llorca envió a la directora del Servicio Exterior, Lina Eugenia Ajoy Rojas, en la que asegura que fue hasta el 8 de noviembre de este año que se enteró de las dos causas, ante la consulta de un periodista.

"Cabe agregar que no he sido consultado, citado, indagado, imputado, ni notificado oficialmente según el derecho penal requiere, por el Ministerio Público sobre dichas investigaciones y, por lo tanto, en el momento de mi declaración jurada respectiva, a la que usted hace referencia, manifesté no tener casos pendientes", indica la adenda.

En el documento, Llorca asegura que la primera de las acusaciones en su contra se dio por error de un ciudadano que denunció a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vigente al 16 de agosto de 2017 por un caso publicado en un medio de comunicación escrita que se remonta al 2015 y el 2016, cuando él no había arribado a la institución.

Asimismo, en la segunda, considera que se trata de "una venganza" o "una medidas desesperada" de una compañía a la que el Ministerio de Salud -del cual él fue jerarca entre 2015 y 2016- le negó los permisos para la explotación de un tajo en La Unión de Cartago.

Declaraciones "acomodadas"

La legisladora Franggi Nicolás Solano criticó la respuesta que le brindó la canciller Epsy Campbell Barr así como las declaraciones que realizaron los embajadores Sonia Marta Mora Escalante y Fernando Llorca Castro, al tiempo que las calificó de "acomodadas".

"Digo esto porque la declaración de Sonia Marta Mora, por ejemplo, menciona que a la fecha que ella aporta esa declaración jurada no tiene conocimiento de ningún procedimiento judicial en su contra pero hace mención de que ella tuvo que atender un proceso. De alguna manera, en esa misma declaración, entra ella en una contradicción donde trata como de esconder, pero al mismo tiempo justificar, una cosa que de alguna forma enreda en esa declaración y no deja claro ni con firmeza. Es algo que en apariencia ella trató de acomodar en un juego de palabras", manifestó la verdiblanca.

Por su parte, Nicolás dijo que en el caso del embajador en Estados Unidos "él aporta una declaración jurada donde dice que a la fecha él no tiene ningún proceso judicial abierto cuando al momento en que hizo la declaración jurada efectivamente él sí tenía procesos judiciales abiertos".

La congresista resaltó además que los documentos aportados por Llorca se dieron después de que fuera nombrado por el Consejo de Gobierno el 1 de agosto anterior.

"Esa es una muestra más de que se hacen acomodos con amiguismos, acomodos de personas que no cumplen o no cumplían los requisitos ni aportaron los documentos necesarios para antes de hacer su nombramiento justificar la idoneidad de esas personas para ocupar el cargo.

"El hecho de que a Llorca se le nombre primero y después él aporte la documentación es una muestra también de que aquí no importaba cumplir los requisitos sino favorecer a personas que fueron cercanas a la administración Solís Rivera (2014-2018) independientemente de si cumplieran o no cumplieran con las calificaciones ya establecidos que se deberían aplicar tal cual le aplicamos al resto de los costarricenses cualquier normativa", puntualizó la liberacionista.

La diputada afirmó que planteará -en un espacio por definir- una "vehemente" petición para que ambos representantes diplomáticos sean removidos de sus cargos.

Adicionalmente, Nicolás recordó que su solicitud se dio en el marco de las investigaciones que realiza Control del Ingreso y Gasto Público, órgano legislativo del cual resultará un informe que -aseguró- espera sirva de prueba para el expediente 18-144-033-PE que la Fiscalía General de la República abrió contra Campbell por el presunto delito de nombramientos ilegales.

Crédito de fotografía dentro del texto: Asamblea Legislativa.