En cinco años, Uber Costa Rica ha rechazado a 5.700 personas que querían ser socios conductores

Durante los cinco años de operación en Costa Rica de la plataforma de movilidad, Uber, se han rechazado 5.700 personas que querían ser socios conductores.

Según la transnacional, las solicitudes se rechazaron por incumplimientos detectados en los filtros de documentos establecidos (hoja de delincuencia, marchamo licencia de conducir,y Riteve) o bien, durante el proceso de verificación de antecedentes de cada persona.

Así lo explicó la Gerente de comunicaciones de Seguridad de Uber para Región Andina, Centroamérica y el Caribe, Manuela Bedoya, ante la consulta de AmeliaRueda.com.

“Se realiza una búsqueda de antecedentes penales en diversas bases de datos públicas. Quienes presentan antecedentes penales no pueden registrarse en la app.”, indicó Bedoya al agregar que para este proceso de verificación se cuenta con los servicios de un tercero contratado.

A la fecha, la aplicación Uber registra (a marzo de 2020) 28.000 socios conductores. Además, según los registros de la empresa, los usuarios registrados en Costa Rica son 971.000

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Regulación

A cinco años del inicio de operaciones en el país, la empresa Uber solicitó a las autoridades del Gobierno iniciar el proceso de legalización del servicio y agregaron que la actividad que realizan puede colaborar con la reactivación económica post pandemia.

“Costa Rica necesita de forma urgente una regulación que sea innovadora y que sea moderna para la movilidad colaborativa, como ustedes saben, es importante que nos sentemos a dialogar y Uber desde el principio ha manifestado siempre su voluntad de cooperar con las autoridades y con otros sectores, humildemente con la experiencia que hemos ganado en más de 150 ciudades alrededor del mudo donde ya hemos logrado una regulación”, dijo la Directora de Asuntos Públicos de la Región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber, Sylvia Alvarado.

La vocera dijo que la intención es buscar en conjunto una “fórmula tica” que le permita tener seguridad jurídica a las personas que se dedican a esta labor y, principalmente, a las que dependen de este ingreso para dar sustento a sus familias.

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