Estafas telefónicas crecieron 36% en 2020; OIJ estima perjuicio por ¢7.000 millones

Las denuncias por estafas telefónicas crecieron un 36% durante el 2020 y representan un perjuicio económico de unos ¢7.000 millones.

El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, dio a conocer la tarde de este 26 de diciembre que, en los primeros 10 meses del año, se recibieron 4.898 quejas por fraudes de este tipo, 1.304 más que en todo el 2019.

Dicha variación equivale a unos ¢2.000 millones, pues la Policía Judicial estimó que el año anterior, la afectación fue de ¢5.000 millones.

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Según el funcionario, 9 de cada 10 llamadas se realizan desde un centro penitenciario; la mayoría de estas desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, en San Rafael de Alajuela. Así se desprende de análisis realizados mediante "radiobases", en las que se monitorea la salida de llamadas.

Los timos más utilizados más utilizados son el del falso trabajador público y el del falso trabajador bancario, mediante los cuales los delincuentes se aprovechan de coyunturas como la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la implementación de la Firma Digital o la pandemia del nuevo coronavirus.

Todas esas cifras fueron expuestas por Espinoza Espinoza durante una exposición ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que lo citó junto a la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, para referirse a los avances en el proceso de bloqueo de señal celular en las cárceles del país iniciado el 1° de octubre, así como al fenómeno de "ingeniería social", que es el nombre dado por el Organismo de Investigación a las estafas telefónicas.

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"Nosotros tenemos datos de que en la primera semana de octubre empezaron con el bloqueo de señal celular, pero a nivel de incidencia criminal nosotros no hemos detectado disminución. Nosotros esperamos que en los próximos días o semanas, esto tienda a disminuir.

"La próxima medición posiblemente la haremos en las próximas semanas porque los analistas criminales nuestros están pendientes de este asunto y nos interesa muchísimo. Pero con la última que hicimos al 31 de octubre, no tenemos ninguna modificación o cambio", señaló Espinoza Espinoza.

Por su lado la jerarca recordó que la implementación del bloqueo de señal celular se hará en las 21 cárceles del país este mismo año. Al 23 de octubre anterior, la cobertura de ese sistema era de "una cuarta parte", de acuerdo con Salazar Rojas, quien se reservó el detalle de los penales sobre los cuales ya recaía el bloqueo al aducir motivos de seguridad.

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La titular del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) aseguró que hasta ahora los operadores telefónicos -encargados de dotar la solución tecnológica- no ha recibido quejas de vecinos de los centros. Asimismo, aseveró que los teléfonos fijos y centros de llamadas fueron revisados y arreglados para la comunicación de los funcionarios de escritorio, al igual que los radios de la Policía Penitenciaria, mientras que para los privados de libertad se instalaron nuevos teléfonos públicos.

Consultada respecto a la obsolescencia o no de la tecnología implementada, Salazar Rojas respondió: "Es una obligación que le quedó a los operadores en el Reglamento (de la Ley General de Telecomunicaciones), que ellos tienen que estar asegurando que la solución tecnológica es suficiente para la necesidad del país en cada momento. Entonces ellos necesitan asegurar las actualizaciones tecnológicas porque de otra forma, el mismo Reglamento prevé una penalización económica para ellos".

Esa pregunta se formuló a partir del decomiso de un aparente teléfono celular en la cárcel conocida como "La Reforma", el cual fue dado a conocer el 24 de noviembre por el sitio de noticias CRHoy.com. Sin embargo, la ministra aseguró que aún está en curso una investigación de la Policía Judicial, con la que se determinará con certeza de qué tipo de dispositivo se trata.