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Estudiantes de la frontera norte deben cruzar parte del río San Juan para poder ir al colegio

​Vecinos piden al Conavi que se rehabilite tramo de 17 kilómetros para evitar que los menores naveguen por el río

01/10/19 | 08:26am

Un grupo de 25 estudiantes de la frontera norte de Costa Rica debe navegar, a diario, parte del río San Juan para poder llegar hasta su centro educativo, esto debido a que las condiciones de la trocha son intransitables.

Los menores arriesgan a diario su vida para estudiar, ya que cruzan el río en humildes botes de un vecino que les colabora, algunos lo hacen sin chalecos salvavidas y además, durante el recorrido deben solicitar permisos de paso a los policías nicaragüenses.

"Esto es lamentable, son estudiantes costarricenses que a diario son víctimas de humillaciones y maltrato por parte de las autoridades del ejército de Nicaragua a quienes deben solicitarles permisos de paso. Ellos solo quieren estudiar y atraviesan este tipo de situaciones.

"Nosotros hemos levantado la voz desde meses atrás, este problema ya lo conocen todas las autoridades y esperamos que nos ayuden a habilitar una parte de la trocha fronteriza que es necesaria para que estos niños no tengan que navegar por territorio nicaragüense", dijo a AmeliaRueda. com, el regidor suplente de la Municipalidad de San Carlos, Evaristo Arce.

Para evitar que este grupo de estudiantes tenga que navegar por el río San Juan se ocupa habilitar un tramo de 17 kilómetros de la trocha fronteriza, sección de la carretera que se encuentra en pésimas condiciones, al igual que el resto de la vía, debido al abandono de la obra en la que se invirtieron más de ¢20.000 millones.

Trocha fronteriza

"Es injusto e inaceptable que estudiantes costarricenses que viven en la trocha tengan que realizar estas maniobras para llegar a sus clases, a veces tienen hasta que suplicar a miembros de la policía nicaragüense para que los dejen pasar, los del ejército les revisan los bultos, los insultan y hasta irrespetan a las muchachitas. Todo esto se solucionaría habilitando un pequeño tramo de la trocha", agregó el regidor suplente que forma parte de un grupo de vecinos que se unieron para pedir la ayuda de las autoridades del Gobierno.

Trocha

Los 25 estudiantes vecinos de Boca Cureña asisten al colegio de Boca San Carlos y sacaron provecho a la ruta 1856 durante el tiempo en que tuvo condiciones de paso aceptables, sin embargo, esto duro muy poco.

Hoy, los vecinos y padres de familia piden al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tomar acciones y volver la mirada a la zona para retomar la intervención de la carretera.

Arce explicó que sí se logra habilitar este tramo de 17 kilómetros se evita la navegación por el río San Juan, aunque más adelante del recorrido los estudiantes deberán cruzar en bote el río San Carlos; sin embargo, por tratarse de territorio nacional, no tendrían tantas dificultades como hasta el momento.

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"Hemos pedido también, si fuera posible, la construcción de un puente peatonal para que los menores tampoco tengan que navegar el río San Carlos, pero sabemos que esto es secundario, por el momento lo más importante es que nos habiliten una sección de la trocha y con eso ayuden a evitar el uso del territorio nicaragüense.

"Hay que tomar acciones urgentes, no es posible que menores costarricenses con ganas de estudiar para salir adelante estén expuestos de esta manera al ejército de Nicaragua", agregó.

Estudiantes de la trocha fronteriza

Obras

La ruta 1856 llamada Juan Rafael Mora y conocida como la trocha fronteriza se empezó a construir en el año 2011 pero fue paralizada en mayo del 2012 cuando la expresidenta, Laura Chinchilla denunció que un grupo de funcionarios del Conavi habían recibido dádivas de empresarios de la zona.

Este proyecto fue impulsado en la administración Chinchilla Miranda como una reacción inmediata ante la invasión del régimen de Daniel Ortega a territorio costarricense, específicamente a la isla Calera.

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Por este proyecto se tiene un procedimiento penal en trámite, a la espera de que se determine si se eleva o no a juicio. La Fiscalía acusa a 26 personas por realizar cobros y pagos indebidos en el desarrollo del proyecto.

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