Ocho años después, juzgado decidirá si acusados por la trocha fronteriza van a juicio
Audiencia para determinar si los 26 imputados por supuestos actos de corrupción en la construcción de ese proyecto se realizará este lunes
30/09/19 | 07:34am
El 5 de mayo del 2012, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, brindó una conferencia de prensa para comunicarle al país supuestas irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza.
De acuerdo con el relato, un grupo de funcionarios y empresarios aprovecharon que esa obra fue contratada a través de mecanismos de emergencia para realizar pagos irregulares a empresas constructoras y de alquiler de maquinaria.
Los aparentes actos de corrupción denunciados por la exmandataria eran tan graves que, de inmediato, ordenó la salida de su ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
“El Gobierno de la República no va a admitir que una obra tan importante para el país haya sido utilizada para el enriquecimiento ilícito de funcionarios o de empresarios privados. Esto podría casi que asimilarse como traición a la patria”, dijo Chinchilla en aquella oportunidad.
Los hechos denunciados adquirieron mayor relevancia, pues, en ese momento, Costa Rica enfrentaba un intenso conflicto con Nicaragua derivado de la la invasión por parte de militares de ese país a isla Calero.
Ocho años y cuatro meses han pasado desde entonces y este lunes 30 de septiembre en los tribunales de Goicoechea se realizará la audiencia preliminar para determinar si los 26 imputados indicados por el Ministerio Público van a juicio.
La Fiscalía les achaca los delitos de cohecho propio, peculado, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
En total, en el caso hay 51 implicados entre imputados y demandados civiles. Entre ellos figuran 18 empresas constructoras que supuestamente se beneficiaron de pagos irregulares.
Para llegar a este punto, el Ministerio Público desarrolló una investigación que involucró a más de 73 personas, incluida la exmandataria.
No obstante, en el camino han quedado personas fuera del caso.
En 2016, el Juzgado Penal de Hacienda dictó sobreseimiento definitivo a favor de 47 involucrados, incluida Chinchilla.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que reclamará ¢1.600 millones por daños materiales y por el perjuicio ocasionado a la sociedad costarricense.
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Los acusados
En enero 2017, el Ministerio Público presentó la acusatoria con 26 imputados, entre los que destaca Carlos Acosta Monge, exdirector ejectutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
En marzo del 2018, la oficina de prensa del Poder Judicial reconoció que encontrar coincidencias en las agendas de los abogados, fiscales y jueces era uno de los factores que atrasaba la realización de la audiencia preliminar.
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Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2011, por lo que es clave avanzar con los trámites judiciales para evitar la prescripción.
La trocha fronteriza consistía en la construcción de una vía de 160 kilómetros con un presupuesto cercano a los ¢20.000 millones. Sin embargo, tras el escándalo los trabajos fueron paralizados y el proyecto no ha sido concluido.