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El exviceministro de Hacienda, Juan Alfaro, renunció hace una semana a su puesto, tras detectar el uso de su nombre sin autorización en una propuesta de convenio con la SUGEF.

Excoordinador de Grupo Legal de la Presidencia afirma que “no avaló” decreto de la UPAD

​Junto con el exviceministro Juan Alfaro, compareció también este martes ante la comisión legislativa que investiga el caso ‘UPAD’ la exdirectora de despacho del Presidente, Felly Salas, quien se abstuvo de declarar.

10/03/20 | 12:02pm

El excoordinador del Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP), Juan Alfaro López, afirmó este martes que “no avaló” el decreto que pretendió instaurar formalmente la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), atribuyéndole la potestad de acceder a “datos confidenciales” de instituciones y gestionar recursos privados.

Según Alfaro, que también se desempeñó como viceministro de Trabajo, de la Presidencia y de Hacienda entre mayo de 2018 y marzo de 2019, el decreto lo gestionó entre el exasesor legal Luis Salazar y el exasesor de datos Diego Fernández.

“Yo era el coordinador, pero yo no llevaba hacia adelante todos los temas, recuerden que yo también era viceministro de Trabajo y de la Presidencia, y esos eran los cargos que ocupaban la mayor cantidad de mi tiempo”, afirmó Alfaro, quien también señaló que no era parte de sus funciones avalar todos los documentos que pasaban por el grupo asesor.

Según el exfuncionario, “cada asesor (legal) tenía asignados temas que iba llevando hacia adelante y obviamente realizaban esa revisión”. En el caso de la unidad de datos, dijo, el decreto “fue un trabajo conjunto entre el punto de vista legal que acompañaba don Luis y el conocimiento técnico de datos que lo llevaba a cabo don Diego”.

Alfaro indicó que solo tuvo conciencia del proyecto a través de comunicaciones informales y que remitió la gestión legal del proyecto al exasesor Salazar desde el inicio. "Yo no lo revisé, ni aporté en su redacción", subrayó.

El exviceministro renunció a su puesto en Hacienda (el último que desempeñó) desde el 3 de marzo pasado, cuando argumentó que “le resultaba imposible permanecer en el equipo de gobierno”, después de que detectó la utilización su nombre —sin autorización— en una propuesta de convenio para solicitar información del Centro de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

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Sobre su renuncia, señaló que lo hizo al ver limitado su espacio político para negociar con los diputados, ante los cuestionamientos que se le hicieron por aparecer en dicho borrador de solicitud para acceder a información de SUGEF.

“Al ver yo un espacio limitado políticamente para poder seguir apoyando a don Rodrigo, en razón de que yo consideraba que la Asamblea Legislativa iba a ser incluso uno de los espacios con los que iba a tener que articular, yo tomo la decisión de redactar la carta y dar un paso al lado, siendo políticamente responsable y para evitarle una erosión política al ministro en su gestión”.

Sobre el uso de su nombre, dijo que ya realizó una consulta jurídica, pero que aún no realiza una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Alfaro dio las declaraciones en medio de su comparecencia ante los diputados de la comisión legislativa que investiga el ‘caso UPAD’. Este foro realiza pesquisas sobre las gestiones del año y medio en el que funcionó la unidad informalmente, así como la confección del decreto que pretendió conformarla oficialmente.

El exviceministro es una de las personas investigadas judicialmente por la Fiscalía General de la República, en relación con el ‘caso UPAD’.

La causa se tramita bajo el expediente 20-005433-0042-PE y persigue los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato (emitir resoluciones contrarias a la ley).

Lea: Violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato: los presuntos delitos del caso UPAD

En la causa también figuran el presidente Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales; el exviceministro de Planificación, Daniel Soto; el exasesor legal Luis Salazar; y los tres exasesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández. Todos, menos el presidente Alvarado, renunciaron a sus puestos por el caso.

Exdirectora de despacho se abstuvo

Por su parte, la exdirectora de despacho del Presidente de la República, Felly Salas, se abstuvo de declarar sobre el caso, al considerar que el mismo “se ha judicializado” y se encuentra bajo investigación.

“Como funcionaria pública siempre he tenido claro mi deber de respetar la ley y rendir cuentas. No obstante, este caso ha sido judicializado y por tanto dicha rendición de cuentas deberá darse ante las autoridades competentes y en el momento en el que así lo soliciten estaré dispuesta a darla”, afirmó.

Salas únicamente se refirió sobre las acusaciones de medios de comunicación, que le acusaron de solicitar información confidencial al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esto fue desmentido por dicha entidad, subrayó.

“Este es un caso evidente en el cual una actuación totalmente legal fue distorsionada y presentada como un supuesto acto irregular, el cual reitero nunca se dio, tal como fue declarado por el propio funcionario del TSE en la nota a la que hago referencia”, afirmó Salas en una breve intervención inicial.

“Tengo plena confianza y seguridad en que la investigación que lleva adelante la Fiscalía General de la República esclarecerá las dudas que motivaron la formación de esta comisión especial y que permitirá llegar a la única posible sobre mi labor como servidora pública de que siempre he realizado mi trabajo buscando la satisfacción del interés público, bajo un profundo respeto a la ley y con un gran amor que tengo por este país, que estoy segura que ustedes también lo tienen”, concluyó.

Salas no respondió sobre su conocimiento de los pasos que siguió la Presidencia de la República para la conformación de la UPAD, ni de las objeciones planteadas por el Ministerio de Planificación (Mideplan). Según la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, Salas estaba alertada por correos que constan en el expediente legislativo de la investigación.

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