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De no aprobarse reforma presupuestaria, pensiones de régimen no contributivo corren riesgo de experimentar primera disminución de su historia.

Vacío presupuestario amenaza pensiones de 130 mil personas en condiciones de vulnerabilidad

El Gobierno agregó ¢23.532 millones en su tercer presupuesto extraordinario del año para el evitar el primer recorte en los pagos del régimen de pensiones no contributivas de la CCSS en su historia.

12/02/21 | 13:56pm

Un vacío presupuestario de ¢23.532 millones amenaza las pensiones de 130 mil personas en condiciones de vulnerabilidad, a partir del segundo trimestre de este 2021.

Así lo afirmó el Gobierno de la República en su más reciente proyecto de presupuesto extraordinario enviado a la Asamblea Legislativa, el cual ya se tramita bajo el expediente 22399 y fue remitido a la Comisión de Asuntos Hacendarios para su estudio.

Según redactó el Ejecutivo, la situación es crítica porque, de no aprobarse el traslado de estos recursos, el régimen no contributivo de pensiones (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sufriría su primera reducción en aportes desde que se creó en 1975.

"La no consecución de recursos adicionales obligaría a recortar el monto mensual de estas pensiones por primera vez en la historia del programa", dicta la exposición de motivos del proyecto.

El régimen no contributivo existe para atender a población en condiciones de extrema vulnerabilidad, principalmente adultos mayores que por diferentes motivos (como la informalidad laboral o funciones de cuido) no pudieron realizar aportes para una pensión digna. También cubre a personas de hasta 21 años en condición de orfandad (siempre que estudien a partir de los 18 años), personas en situación de calle y viudas de entre 55 y 65 años en desamparo económico con hijos a cargo.

La CCSS informó en julio de 2020 que el RNC contaba con 128 mil pensionados y que continuaba aumentando su alcance (con la pronta aprobación de 3.600 solicitudes nuevas para personas en condición de pobreza). En aquel entonces informó de que realizaba pagos por ¢11.500 millones mensuales para financiar a estas personas.

El programa se nutre con recursos del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (Fodesaf); del Ministerio de Hacienda a través de Ley 7972, que incluye cargas a licores y cigarrillos; de la Junta de Protección Social (JPS); y de otros ingresos como las multas establecidas en el Código de Trabajo. Todas esas fuentes son variables y sujetas a imprevisibilidad por condiciones ambientales, como la pandemia del nuevo coronavirus.

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Otros movimientos

El Gobierno explicó que la restitución de estos recursos también la impulsa como parte de sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la que busca un acuerdo de estabilidad financiera y financiamiento a través de una Facilidad de Servicio Ampliado por $1.750 millones en tres años.

Según escribió Hacienda en el proyecto de ley, se acordó con el organismo incorporar un 0,1% del PIB al presupuesto de 2021, con el objetivo de "evitar una reducción en el gasto presupuestario destinado a la asistencia social".

Además de los recursos para pensiones, el Ministerio de Hacienda añadió ¢9.948 millones para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en el texto presentado este 11 de febrero; los cuales, redactó, servirán para atender a 7.000 personas menores de edad en centros de cuidado que "se verían desprotegidos a partir del segundo semestre de este año".

Asimismo, incluyó ¢2.000 millones para las operaciones del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), que "enfrentaría una situación traumática a partir de agosto"; ¢1.000 millones para el programa de becas para estudiantes en condición de vulnerabilidad de la Universidad Técnica Nacional (UTN); y ¢300 millones para los programas de cuido de CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral).

Para financiar todos estos recursos, el Gobierno añadió recursos por ¢109.856 millones obtenidos de la ley popularmente conocida como "Pagar" y de resoluciones de la Autoridad Presupuestaria, la cual permitió al Ejecutivo acceder a superávits institucionales y a los montos de liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco). El resto de los recursos se destinan al pago de deuda.

En su presupuesto, indicó Hacienda, el Gobierno también abrió las puertas a las distintas entidades públicas para corregir rebajas realizadas al presupuesto en su trámite legislativo de 2020. Según redactó, la idea es que pudieran "ajustar sus presupuestos a las necesidades para la correcta disposición de la prestación de servicios a sus usuarios".

En materia de ingresos, el proyecto agrega ¢96.219 millones aprobados del crédito con el Banco Mundial para modernizar los sistemas tributarios de Hacienda, además de los ya mencionados ¢106.014 millones del proyecto "Pagar".

En total, el Ejecutivo asegura que el crecimiento neto del presupuesto sería de ¢153.045 millones en ingresos, de los cuales ¢36.780 millones se destinarían al reforzamiento de programas sociales.

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