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Gobierno da marcha atrás y descarta aprobar normativa para aplicar aborto terapéutico

"Decisión política" frena proceso conciliatorio para evitar una demanda

Luego de más de dos años de negociaciones, el Estado costarricense tomó la decisión de frenar la aprobación de una norma técnica que permita la aplicación del aborto terapéutico en centros médicos del país.

Así lo comunicaron Casa Presidencial y la Cancillería de la República este martes a la representación legal de Ana y Aurora, dos ciudadanas costarricenses que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que se les negara la interrupción del embarazo a pesar de poner en riesgo su vida y su salud.

La representante de las mujeres, Larissa Arroyo, indicó que se les informó que ya no se iba a seguir avanzando en la normativa respondiendo a una "decisión política" sin ahondar en más detalles al respecto.

"Ayer nos hicieron llegar la preocupante e indignante noticia de que no se aprobaría dicha norma por una decisión política, esto es preocupante porque entonces Costa Rica sigue incumpliendo a la luz de la normativa internacional y nacional", manifestó la abogada especialista en derechos humanos.

Para evitar una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado costarricense había reconocido la carencia de un protocolo que permitiera la aplicación del aborto impune establecido por ley en el artículo 121 del Código Penal y se comprometió a crear uno. Fue así como mediante un comité conformado por especialistas en la materia, el Ministerio de Salud confeccionó el documento basado en la legislación costarricense.

La normativa ya se encontraba prácticamente lista y a la espera del aval de Presidencia para poder ponerla a funcionar, no obstante, la reciente decisión cortó el proceso.

Arroyo mencionó que el acuerdo amistoso no podría continuar principalmente porque el Estado postergó la aprobación del protocolo y señaló que no lo aprobará de manera indefinida.

"Así que probablemente los casos van a continuar ante la Comisión Interamericana y eventualmente hasta la Corte buscando una sentencia similar a la que tuvimos con Fertilización in Vitro, lo cual va a generar muchísimos costos para el país, pero lo más grave es que las mujeres seguimos expuestas al criterio personal e individual del médico o médica que nos vaya a atender", detalló la abogada.

La especialista en derechos humanos señaló que lo único que se requiere es voluntad política para continuar con el proceso, por lo que hicieron un llamado al gobierno entrante, en particular al presidente electo Carlos Alvarado, para que le dé seguimiento a este caso y se comprometa a aprobar la normativa.

El artículo 121 del Código Penal permite el aborto cuando la salud o vida de la madre está en riesgo, sin embargo, carece de un protocolo para que los especialistas en la materia lleven a cabo el procedimiento.

La idea de la normativa era darle los insumos a los médicos para poder llevar a cabo el procedimiento. La misma iba a aplicar tanto para establecimientos de salud públicos como los privados.

Se intentó conocer la posición de la contraparte estatal en este caso, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta a las solicitudes realizadas.