
Ministerio de Trabajo pidió más tiempo para cumplir con la orden de la CGR
17/03/21 | 11:20am
El Gobierno de la República incumplió con el plazo establecido por la Contraloría General de la República (CGR) para la recuperación de los datos entregados por ciudadanos en la plataforma del programa de bonos Proteger, los cuales aún están en manos de una empresa privada.
La fecha establecida por el ente contralor para tomar control de los datos vence este miércoles 17 de marzo; sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) pidió una ampliación al 22 de marzo.
Por esta razón el área de Fiscalización del al CGR se encuentra todavía a la espera de que las autoridades certifiquen que tienen el control absoluto de la base de datos.
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AmeliaRueda.com consultó a Trabajo cuál proceso llevan a cabo para cumplir con esta orden de la Contraloría, no obstante, por medio de su oficina de prensa se limitaron a responder: “estamos avanzando de acuerdo con el protocolo establecido”.
Además, por medio de su agencia de comunicación, fue contactada la empresa privada que tiene los datos, Continum Data Center S.A., donde indicaron que esperan, a más tardar este viernes, hacer el traslado de la base de datos.
El pasado 3 de marzo, la CGR ordenó al Gobierno hacer la recuperación inmediata de la base de datos entregada a dicha empresa privada y tomar las medidas necesarias para garantizar que solo las autoridades tengan la administración y resguardo de la información personal de más de un millón de personas que ingresaron a la plataforma para solicitar el bono Proteger.
Para cumplir con la orden, el Ministerio de Trabajo debía remitir a la CGR, a más tardar este 17 de marzo, “una certificación que acredite la ejecución de las acciones indicadas”; sin embargo, este plazo se incumplió y ahora será hasta el 22 de marzo cuando se entregue la documentación.
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La información de las personas que solicitaron el bono Proteger habilitado durante la pandemia se recibió por medio de una plataforma que fue “donada” por la empresa Continum Data Center S.A., empresa que a la fecha tiene el control y acceso a toda la información de las personas.
De acuerdo con las autoridades de trabajo los datos privados de las personas no corren peligro debido a que el convenio de donación de la plataforma incluyó la firma de cláusulas de confidencialidad.
La orden que emitió la Contraloría al Gobierno para recuperar la base de datos se argumentó en que el programa ya dejó de dar los bonos, pero la información sigue en manos privadas.
“Ese Ministerio (Trabajo), como institución responsable y dueña de la base de datos, no ha ejecutado acciones tendientes a asumir los controles y mecanismos correspondientes para ejercer un rol activo que garantice la seguridad en el tratamiento y accesos a los datos contenidos en la citada base de datos, así como su debido resguardo conforme a su deber de administración de la base de datos”, manifestó la CGR al emitir la orden de acatamiento obligatorio.
La orden de la Contraloría indicaba que la Administración debía ser la única en tener las claves de acceso a la información y quitar el ingreso que pudieran tener terceros.
De acuerdo con el análisis que realiza la Contraloría, la administración ha sido deficiente en el resguardo y administración de los datos personales de las más de un millón de personas que se registraron en la plataforma del bono Proteger.
Por esa razón se agrega en las órdenes emitidas que se debe “solicitar de inmediato al representante de la empresa donante, el acceso exclusivo del MTSS a las bitácoras de la base de datos, así como ejecutar una revisión periódica sobre todas aquellas acciones que se ejecuten en adelante” y además “certificar que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, N.°8968, todas las personas que han intervenido en cualquier fase del tratamiento de datos personales del Programa Bono Proteger, tienen conocimiento de su obligación legal de confidencialidad, y que sus actuaciones se ajustan a los protocolos de actuación referidos en el artículo 12 de esa misma Ley”.
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Tras la orden emitida y el llamado de atención, la ministra de Trabajo, Silvia Lara, dijo el pasado 4 de marzo que el traslado de la base de datos del bono Proteger sería “profesional y riguroso” y explicó que ya se tenía establecido un protocolo para cumplir con el proceso. Sin embargo, a la fecha se desconoce cuál es el avance del plan.
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