Por hacinamiento y ante Covid-19, juez suspende cárcel para deudor de pensión alimentaria

Debido a que el ámbito de pensiones alimentarias en la cárcel La Reforma está sobrepoblado y en vista de la crisis sanitaria que hay en el mundo por la pandemia del Covid-19, un juez del Juzgado Contravencional de Santa Ana suspendió, por un tiempo mínimo de tres meses, el apremio corporal para un hombre que debe pagar pensión.

La resolución la dictó el juez José Bernal Rodríguez el 21 de abril, luego de tomar en cuenta la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

“El derecho de alimentos, sin lugar a dudas, es un derecho fundamental para la parte beneficiaria, tanto es así que la Ley de Pensiones Alimentarias en sus artículos 24 y 25, tiene prevista la posibilidad del apremio corporal contra el obligado que se encuentre en estado de mora con respecto del cumplimiento de su obligación, pero no obstante ello, tomando en consideración las circunstancias excepcionales de la realidad en que se encuentra el país y el mundo entero, a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, considera este juzgador que de momento es ineludible suspender en forma temporal la emisión de órdenes de apremio en este proceso”, dictó el juez.

Según la resolución, la unidad de pensiones de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hay 349 personas recluidas, pero tiene capacidad arquitectónica para 213.

"No resulta razonable ni lógico ordenar a la Fuerza Pública el envío de más personas apremiadas a ese centro, mientras no pase la emergencia nacional que se está enfrentando o mientras no sea resuelto en forma aceptable el problema de infraestructura existente", señaló el juzgador.

El responsable de pagar esa pensión alimentaria es un hombre que ha visto afectados sus ingresos por la crisis económica. Al no pagar, la exesposa pidió al juzgado que ordenara el apremio corporal, según detalló su abogada, Eugenia Quesada, quien también es directora de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre.

"Él (el juez) tuvo el acierto de preguntar a La Reforma antes de tomar la decisión, él en una resolución anterior hace la consulta de cuántos apremiados alimentarios hay en puesto 11, que es el módulo de pensiones en La Reforma, le indican que hay hacinamiento, está sobrepasado por más de 100 apremiados alimentarios...Bajos esas circunstancias de hacinamiento y peligro de contagio del COVID-19 es que toma la decisión", detalló Quesada.

Pedidos a Sala IV

La directora de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre aseveró que acudirán a la Sala Constitucional para pedir que esta decisión sea tomada en cuenta en otros casos de hombres que se les gira orden de apremio por no pagar la pensión alimentaria.

La idea es interponer diferentes recursos de amparo contra diferentes juzgados donde no se esté tomando esta decisión, para hacerla una decisión generalizada, enfatizó.

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“Me dirán algunos colegas que está el principio de independencia del juez, estamos de acuerdo, pero es para la forma en que ellos resuelven, en este caso estamos hablando de protección de derechos fundamentales, que es el derecho fundamental a la salud”, concluyó la jurista.

A este miércoles 21 de abril Costa Rica registra 681 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad de uno a 87 años. Se trata de 326 mujeres y 355 hombres, de los cuales 616 son costarricenses y 65 extranjeros.

En el complejo carcelario La Reforma, específicamente en la Unidad Reinaldo Villalobos, se detectó un oficial de la Policía Penitencia con COVID-19, razón por la cual ese ámbito estará aislada durante 14 días.