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Abejas muertas

9 de 10 intoxicaciones de abejas denunciadas en 2020 fueron ocasionadas por insecticida fipronil

​Uno de los casos fue recientemente llevado a juicio en el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador de Senasa

Nueve de las 10 intoxicaciones masivas reportadas al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) durante el 2020 fueron ocasionadas por el insecticida fipronil.

Así lo determina un informe preparado por el órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a solicitud de AmeliaRueda.com, el cual comprende todos los eventos de contaminación con químicos que ocasionaron mortandad de insectos hasta el 2 de noviembre pasado.

La oficina de prensa de la institución indicó que este es el primer año en el que se hacen reportes de intoxicaciones masivas de abeja y que, por lo tanto, solo se tienen 10 reportes.

El departamento de comunicaciones del Servicio precisó que las fechas consignadas en su informe corresponden al momento en que fueron trasladadas a su laboratorio las muestras recolectadas por personal de la institución que visitó los apiarios afectados.

Como parte de los análisis que se realizan, se hacen pruebas con hasta 110 sustancias. De los 10 casos de estudio, solo en uno no se logró identificar el químico que causó la muerte de los insectos. En las otras nueve intoxicaciones, el insecticida encontrado fue el fipronil.

Dicha sustancia pertenece a la familia de los fenilpirazoles y suele ser utilizado como desparasitante externo en animales -para quitar garrapatas o pulgas, por ejemplo- y como insecticida en las plantaciones. Este producto es de venta libre en almacenes de agroquímicos, por lo que puede ser expedida sin receta alguna.

El 22 de agosto anterior, director de la Asesoría Jurídica de Salud Animal, Antonio Vanderlucht, reconoció que hasta ese momento se carecía de una postura institucional sobre el químico.

"No tenemos porque no teníamos casos. Pero pareciera que sí vamos a tener que empezar a conversar un poquito con los diferentes actores en relación a este producto, porque ya le digo, sí nos llama la atención que haya aparecido la misma molécula en el caso anterior y ahora aquí también. Tenemos que ir poco a poco. Sí es cierto, y por eso yo refiero siempre a la receta, porque ahí se señala cuáles son los riesgos y la receta debe ser un elemento de información que debe ser visto y estudiado por las personas que lo compran: cuál es su uso, cuáles son sus riesgos, qué es lo que puede generar. Momentáneamente, sabemos que se vende sin receta, que no es necesaria para ser expedida por un almacén de agroquímicos o que venda productos para la agricultura o la ganadería", manifestó el vocero en esa oportunidad.

Por su parte, la directora general del Servicio, explicó el 14 de ese mes que cuando se formulan denuncias ante la entidad lo que se procede es a determinar el insecticida que generó la mortandad, a identificar la persona que lo empleó y luego determinar si lo hizo de manera voluntaria o involuntaria.

Lea más: Intoxicaciones acabaron con 10 millones de abejas en apiarios de zona de Los Santos

Muchas veces las investigaciones administrativas no pasan de la recolección de muestras e identificación de la sustancia. Esto desincentiva que los apicultores reporten los eventos, como recientemente lo reconocieron Luis Fallas y Víctor Garro en entrevista con este medio. "Si usted se pone a hacer eso (denunciar) es perder tiempo totalmente", aseguró Garro, este 14 de noviembre, cuando se dio a conocer una nueva contaminación de sus colmenas en León Cortés.

Este emprendedor dijo que en muchas ocasiones, las intoxicaciones no pasan de ser comentadas entre las personas que se dedican a esa actividad.

De acuerdo con la oficina de prensa de Salud Animal, su Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador acabó el 29 de octubre con su primer juicio por uno de los casos mencionados (el cual no se especificó). La Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal prevé multas que van de 1 a 50 salarios de un profesional licenciado universitario -o sea, de entre ¢660.000 y ¢33.000.000- según la falta.

Colaboró el periodista Sebastián Rodríguez.