Justicia convertirá en cárcel la Escuela de Capacitación Penitenciaria

El Ministerio de Justicia y Paz convertirá en una cárcel para 340 privados de libertad, la Escuela de Capacitación Penitenciaria en La Uruca, San José. La información la confirmó a AmeliaRueda.com la ministra, Marcia González, al señalar que la medida forma parte de las decisiones que está tomando su cartera para disminuir el hacinamiento penitenciario, que actualmente ronda el 34%.

Dicha escuela se utiliza, hoy, para formar policías penitenciarios nuevos, así como brindar capacitaciones al personal policial y técnico de la Dirección General de Adaptación Social, ya que la infraestructura cuenta con aulas, auditorio, biblioteca, comedor, parqueo y cancha.

Según explicó González, en el pasado, ese edificio albergó la población penal juvenil y, luego, se convirtió en una escuela. La medida de retomar el uso del edificio como centro de reclusión será para trasladar los privados de libertad adultos mayores a este nuevo espacio y utilizar la actual cárcel de adultos mayores, en San Rafael de Alajuela, para población masculina.

En medio de una situación de hacinamiento crítico, el Ministerio de Justicia y Paz, recientemente, convirtió las instalaciones del Centro Semiinstitucional de Heredia en una prisión que alberga 40 privados de libertad.

Al consultársele sobre las condiciones para la atención integral de esos detenidos y la garantía de que los lugares acondicionados no se conviertan en meros depósitos de personas al no contar con clínicas para los servicios médicos ni talleres de estudio o trabajo, aseguró que estos aspectos serán tomados en cuenta en los trabajos de remodelación.

“Estamos readecuándola. Fue un centro juvenil (la Escuela de Capacitación), tiene las condiciones para ser un centro. Estamos fortaleciendo la seguridad y haciendo medidas de infraestructura. Eso nos va a permitir utilizar el actual centro de adulto mayor para generar muchos espacios más. Ya prácticamente está listo un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública para que la capacitación de la Policía Penitenciaria se dé en Guápiles”, manifestó la ministra.

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González añadió que espera tener lista la cárcel en un par de meses para comenzar con los traslados de privados de libertad.

Inspección

La remodelación de la Escuela de Capacitación en una cárcel será vigilada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un organismo encargado de revisar las condiciones en las que se encuentra la población detenida en el país y de advertir cuando el encierro vulnera los derechos fundamentales.

Su director, Róger Víquez, aseguró que, próximamente, realizarán una inspección a las instalaciones en La Uruca y le pedirán información a la ministra, con el fin de conocer los planes y poder externar una valoración.

“En los próximos días, haremos una inspección, simultáneamente, solicitaremos información a la ministra y a la Dirección General de Adaptación Social para que nos expliquen qué harán”, expresó Víquez.

Adicionalmente, señaló que, dentro de las valoraciones en centros para adultos mayores, ellos contemplarán que las instalaciones cumplan con los accesos de la Ley 7.600, que reúnan condiciones para la atención de la salud, adecuada cocina y comedor, dormitorios sin camarotes, áreas abiertas para el esparcimiento, baños con agua caliente, espacios para el deporte, una sala de cómputo, entre otros aspectos.

Inadecuado

Para Eugenio Polanco, exdirector de la Escuela de Capacitación Penitenciaria, la decisión de convertir en prisión ese establecimiento, responde a una “medida de gerencia equivocada”.

“El edificio de la Escuela de Capacitación no tiene la capacidad para evacuar las aguas negras o jabonosas de 340 presos más unos 50 de seguridad. El tanque séptico ubicado en la parte norte de la edificación no tiene esa capacidad. Estando ubicado frente a una autopista de alta circulación, implica un alto nivel de contaminación sónica y del aire, asunto contraindicado en personas de la tercera edad.

”Al costado este de la propiedad, operan dos transformadores enormes con pésimo mantenimiento, ya uno explotó hace unos meses. Hay dificultades para la conectividad a Internet en el establecimiento. Efectivamente, el edificio primero fue un albergue del PANI, llamado Rositer Carballo, de donde el barrio tomó el nombre, luego fue Escuela de Capacitación, pasó a ser una cárcel de menores, que resultó un desastre y, después, nuevamente se convirtió en Escuela.

”El problema fundamental es que se tiene por establecido, y así lo recomienda la ONU desde los años cincuentas, que la capacitación del personal es fundamental en un sistema penitenciario”, expresó Polanco.

La ministra González aseguró que la capacitación policial se trasladará a la Escuela Nacional de Policía, en Pococí, a través de un convenio que espera firmar con el Ministerio de Seguridad.

Camarotes

Como parte de las medidas que el Ministerio de Justicia espera implementar para bajar la sobrepoblación, a la ministra se le consultó si estarían dispuestos a introducir más camarotes en los dormitorios de las tres nuevas Unidades de Atención Integral, financiadas con un empréstito con el BID, y que permitieron dar espacio a 1.600 residentes en una infraestructura física moderna, que les permite estudiar y trabajar durante el día.

La jerarca señaló que están valorando “todas las opciones”. “Estamos identificando cuáles son los espacios. Hay una cantidad importante de convenios internacionales en DDHH que ha firmado el país ante los cuales tenemos que cumplir. Tenemos que ver el hacinamiento de manera integral. Tomaremos las medidas que haya que tomar con tal que tratar a la población de la menor manera. No podemos mantener centros penitenciarios de primera y de segunda, realmente es una sola población, los derechos humanos son los mismos para todos y, en ese sentido, es un tema de gestión que oportunamente veremos”, dijo.

Consultado al respecto, Róger Víquez señaló que el Mecanismo de la Tortura ve con recelo esa opción. “Ya hemos hecho ver sobre el peligro, por parte de las autoridades, de que, si un centro fue construido con un diseño para un número de personas, en el momento en que se ingresen más camarotes, se va a incumplir con los espacios para albergar a la población. Ese ha sido el error que comete desde años atrás el sistema penitenciario, de no tomar la capacidad real frente a la capacidad instalada. Meter más camarotes es un error porque están disminuyendo al área de vida de cada persona”, dijo.

Víquez añadió: “Las UAI son muy recientes y la infraestructura cumple con un propósito, el BID no prestó dinero para hacer cárceles hacinadas, sino que se tenía un propósito de crear reinserción, es un modelo regional que Costa Rica tiene. Nosotros estaríamos muy celosos de que se implemente esa medida porque meter camarotes reduce el espacio y se vuelve una costumbre”.

Cristina González, encargada de comunicación del BID, señaló a AmeliaRueda.com que el banco no emitiría ninguna opinión al respecto, ya que no ha recibido información oficial por parte de las autoridades penitenciarias sobre incluir más espacios en las UAI.