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Juzgado deja en libertad a dueño de Casas Vita, investigado por supuestas estafas​

​Fiscalía pedía que fuera encarcelado como medida cautelar

El apoderado del Grupo Empresarial CasasVita S.A, un empresario de apellidos Villagra Martínez y quien es investigado por presuntas estafas a más de 30 familias, quedó en libertad luego haber sido arrestado la tarde de este miércoles.

Así lo dispuso el Juzgado Penal de San José tras la audiencia de medidas cautelares que concluyó la noche de este miércoles, confirmó la Fiscalía de Fraudes por medio de la oficina de prensa.

En la audiencia, el órgano acusador del Estado solicitó la medida de prisión preventiva para Villagra Martínez; sin embargo, el juez rechazó ese pedido y dejó en libertad al empresario debido a que la Fiscalía no fundamentó lo suficiente la petición.

La decisión del juez puede ser apelada por la Fiscalía.

El pasado martes, la Fiscalía allanó dos oficinas de CasasVita en Santa Ana y La Guácima. Además de las sedes de la inmobiliaria, fiscales y agentes de la Policía Nacional incursionaron en el despacho de un abogado en Heredia, así como otras dos casas de habitación en Santa Ana y San Rafael de Escazú, como parte de una búsqueda de evidencia documental y electrónica pertinentes a la investigación que se tramita bajo el expediente 17-000354-1220-PE.

En la pesquisa figuran como imputados, además de Villagra Martínez, otros dos hombres de apellidos Vargas Ramírez y Murillo Sánchez, y una mujer apellidada Solís Gómez.

Las autoridades judiciales los investiga porque, en apariencia, y a través de dos sociedades anónimas, los sospechosos habría suministrado información engañosa a los ofendidos, quienes entregaron importantes sumas de dinero por concepto de prima y adelanto para la compra de viviendas con los que se financiaría la operación de la empresa.

Asimismo, aparentemente vendieron una misma propiedad a más de una persona, impidiendo así que una de ellas pueda disponer del inmueble por el que pagó y, al mismo tiempo, generando ingresos dobles a partir de un solo bien.

La cifra del dinero que pagaron no fueron revelados por la Fiscalía, pues eso es parte de la investigación. No obstante, el abogado de un grupo de 100 demandantes, Mario Valverde Brenes, dijo el martes a este medio que él calcula que el monto supera los $3 millones.