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Mesa de diálogo

Mesa multisectorial cierra con 58 acuerdos, equivalentes a un ajuste permanente del 2,2% del PIB

​Cifra equivale al 88% de la meta trazada al convocarse el diálogo

El Diálogo Multisectorial cerró este 21 de noviembre con 58 acuerdos que representan un ajuste fiscal permanente equivalente al 2,2% del producto interno bruto (PIB).

Dicha reducción del déficit primario se queda corta respecto a la de 2,5% que se trazó como objetivo al convocarse la mesa. Es decir, se logró un 88% del arreglo establecido como meta.

Si a ese ajuste permanente -que contempla medidas de nuevos ingresos, reducción del gasto y mayor eficiencia- se le suman las disposiciones de una sola vez, el porcentaje sube a 3,16%.

Dentro de las medidas pactadas en el Diálogo Multisectorial destacan iniciativas como la modernización de los sistemas del Ministerio de Hacienda para combatir la evasión y elusión, la realización de un análisis de la subutilización de los terrenos pertenecientes al Estado para su posterior venta y una obligación para que todas las instituciones lleven a cabo sus adquisiciones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop); entre otras.

Otros acuerdos incluyen la aplicación -no antes de 2023- de un sistema de renta global, con una tasa máxima del 27,5% para el sector empresarial. Este busca unificar en una misma declaración todas las ganancias de cada persona física o jurídica, de modo que pague una sola tasa sobre todos los recursos que genera anualmente, en lugar de distintas tasas por cada uno de sus ingresos. También se logró un consenso para vender la cartera crediticia de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, se mostró satisfecho con los resultados alcanzados en la mesa y ordenó a sus ministros acatar de inmediato los mandatos que emergieron del diálogo.

Lea: Vender cartera de Conape al Popular para acceder a 0,6% del PIB, acuerdan sectores y Gobierno

"Hemos alcanzado más de la mitad de lo que se ha planteado, que no es poca cosa en un contexto de pandemia, de crisis en el desempleo, en medio de dos huracanes que nos afectaron indirectamente. Eso lo logramos conversando", subrayó el mandatario.

"Aquí hemos encontrado un buen instrumento para Costa Rica. Tal vez necesitamos llegar a situaciones extremas para que las voluntades nos acercaran, de que nos necesitáramos tanto unos a otros. Pero dichosamente aquí estamos, al fin y al cabo, y hemos logrado cosas concretas", añadió.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, destacó: "El pueblo ha puesto en manos del señor presidente de la República y de todo su equipo de colaboradores una serie de propuestas y es responsabilidad del Gobierno de la República y su equipo de trabajo convertir esas propuestas en proyectos de ley que nos hagan llegar a los diputados con la prontitud que requiere atacar la crisis que nos agobia".

El parlamentario recalcó que por primera vez en la historia republicana, el Poder Ejecutivo tendrá control de la agenda legislativa por ocho meses; una "maravillosa oportunidad" para traducir las iniciativas en un textos para conocimiento del Congreso.

Asimismo, el legislador se comprometió a buscar los consensos en las fracciones para convertir en leyes las propuestas.

"Sabemos que ya iniciaron las precampañas políticas y que eso nos pone cuesta arriba. Pero tenemos la fe y la esperanza de que la mayoría de los diputados puedan anteponer la patria a sus ambiciones o sus legítimas aspiraciones personales y que podamos sacar o mantener a flote este barco que se nos está hundiendo", señaló Cruickshank.

Lea: Renta global en 2023 y con una tasa máxima empresarial de 27,5%; Mesa de Diálogo afina acuerdo

El Gobierno y sectores de la sociedad civil así como del sector productivo buscaron por 12 sesiones soluciones a la delicada situación financiera del país.

El Ejecutivo aspira a resolver el desequilibrio entre gastos e ingresos, que este año cerraría en un 9,2% del PIB, del cual cuatro puntos porcentuales ni siquiera toman en cuenta el pago de intereses de la deuda adquirida hasta ahora. Ese desajuste ya era amplio antes de la pandemia del nuevo coronavirus, pero se ensanchó bruscamente con su llegada.

La situación es crítica porque Costa Rica ya acumula una deuda pública por orden del 70% del PIB y su costo aumenta con el paso del tiempo. Esto asfixia las ya de por sí insuficientes arcas públicas en un efecto "bola de nieve", que provoca una mayor necesidad de deuda, su encarecimiento y menos capacidad para atender servicios esenciales e infraestructura.

También están en riesgo indicadores básicos como el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación o el desempleo, fácilmente permeables por las presiones del Estado.

Ante esta situación, el Gobierno buscó un acuerdo de estabilidad económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones. Ese acuerdo incluía una propuesta de una agenda fiscal, para realizar un ajuste del 6% del PIB, que causó molestia en sectores políticos y sociales.

Por este motivo, la administración Alvarado Quesada pausó su acercamiento con el organismo multilateral y abrió el proceso de diálogo para buscar un ajuste inicial del 2,5% del PIB, en el más corto plazo; junto con otras posibles reformas estructurales de largo y mediano plazo.

¿Qué sigue?

Luego de escuchar las conclusiones del Diálogo Multisectorial, el presidente Carlos Alvarado Quesada firmó la directriz 099-P, para la implementación del acuerdo de la mesa, de instalar un nuevo Consejo Consultivo Económico y Social (CEES).

Para su conformación, se ordena al Ministerio de la Presidencia reformar el decreto ejecutivo 41439-MP del 31 de enero de 2019 en consulta con los sectores sociales, laborales y empresariales.

"Este nuevo decreto permitiría generar una mejor representación, fortalecer la participación ciudadana y la relación entre el Ejecutivo y los distintos sectores de la sociedad", explicó el mandatario.

Dicho órgano deberá instalarse a más tardar el 27 de diciembre, según lo establece la directriz.

"Ajustaremos el decreto a las nuevas realidades y condiciones. Revisando su integración en consulta con los diversos sectores de la sociedad costarricense, de tal modo que podamos tener un órgano consultivo multisectorial funcionando en Costa Rica, para la discusión de los temas económicos y sociales, a partir de diciembre", señaló en un comunicado el ministro del ramo, Marcelo Prieto Jiménez.

Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada con los discursos de Carlos Alvarado Quesada y Eduardo Cruickshank Smith, la firma de la directriz 099-P y los gráficos de los acuerdos del Diálogo Multisectorial.