Economía,Inversión Extranjera,Riesgo Crediticio,Crisis Fiscal
La capacidad de atraer inversión está en riesgo, dice el último informe del Programa Estado de la Nación.

​Bajas calificaciones de riesgo amenazan inversión extranjera en Costa Rica: Estado de la Nación

Las calificaciones de riesgo crediticio costarricenses han caído en los últimos meses y ya rozan los peores registros internacionales, ante el deterioro fiscal y la incapacidad política de resolverlo.

20/11/20 | 11:47am

Las reducciones en las calificaciones de riesgo crediticio de Costa Rica en los últimos meses —impulsadas por el deterioro de las finanzas públicas y su asfixia por el pago de una deuda pública que no deja de crecer— ponen en riesgo la fortaleza mostrada por el país para atraer inversión extranjera directa (IED) conseguida los últimos años.

Así lo advirtió el Programa Estado de la Nación en su último informe, publicado esta semana, sobre las condiciones del país en el último año.

"La percepción de los mercados internacionales acerca de las fortalezas institucionales de Costa Rica, que ha sido fundamental en la atracción de IED, podría empeorar y reducir el acceso al financiamiento del mercado con bajas tasas de interés. Lo anterior dificultaría la posibilidad de controlar la carga de intereses en el presupuesto nacional, presionaría al alza las tasas de interés locales, dificultaría el financiamiento del sector privado y condicionaría la reactivación económica", indica el estudio.

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Las principales calificadoras de riesgo, incluidas Moody's, Fitch Ratings y Standard and Poor's,colocan actualmente a Costa Rica al borde de las peores calificaciones crediticias posibles. Es decir, dudan sobre la posibilidad del Estado costarricense de alcanzar estabilidad financiera en el mediano plazo, así como de su capacidad para cumplir con sus obligaciones en campos como el pago de la deuda o el financiamiento de los servicios que ofrece, entre otros rubros esenciales para mantener en calma los principales indicadores económicos de un país como su inflación, su tipo de cambio y las tasas de interés o la disponibilidad de recursos para el sector privado.

Todas coinciden en observar un panorama político muy complejo y dividido, que dificulta la toma de decisiones que permitan resolver el desequilibrio financiero entre gastos e ingresos del gobierno, que ya alcanzaría un 9,2% del PIB este 2020 y que empuja los acumulados de la deuda pública a un nada sostenible 70% de la producción.

Aunado a esto, Estado de la Nación recordó que la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 también influyó negativamente en las condiciones del Estado costarricense, aumentando las necesidades de endeudamiento nacionales y reduciendo los ingresos estatales en un estimado de ¢1,16 billones (más del 3% del PIB).

Las calificadoras de riesgo imponen notas en diversas escalas divididas por letras que van desde la "A" hasta la "D". Las variantes de la letra "C" representan las peores perspectivas y las de la letra "D" una total insuficiencia de pago. Actualmente Costa Rica se ubica en los últimos peldaños de la letra "B"; es decir, está a pocos pasos de caer en el grupo de los peores sitios de inversión.

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IED estable

El Estado de la Nación analizó las condiciones de la inversión extranjera en el país y determinó que "continúa impulsando la economía", aunque todavía no recupera los niveles en relación con el PIB que sostenía desde antes de la crisis financiera internacional de 2008-2009.

"Lo anterior no necesariamente es negativo, sino que podría estar reflejando una normalización de los flujos de IED después de un periodo de auge en los años anteriores a esa crisis. Además, su estructura registró cambios: aunque se mantuvieron como sectores principales las zonas francas, el régimen definitivo y el sector inmobiliario; parece estar más concentrada que antes, con un mayor aporte de la IED de zonas francas y una clara reducción del peso del sector turístico e inmobiliario, sectores altamente vulnerables ante shocks externos", indica el informe.

IED

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El grupo investigador también analizó el desempeño del Ingreso Nacional Disponible (IND), que mide la porción de los ingresos que se quedan en el país del total que se producen por inversión extranjera directa.

En esa línea, encontró que la brecha entre lo producido y lo que se queda en el país es creciente; sin embargo, destacó que los índices de reinversión de los recursos que se llevan a las casas matrices es alto.

"Esta estrategia económica generó una mayor instalación de empresas extranjeras en el país, que envían sus utilidades y recursos a la casa matriz, por lo tanto, el PIB crece más rápido que el IND. No obstante, es importante destacar un resultado positivo: el aumento en la reinversión de utilidades de empresas extranjeras en el país. El último trimestre del 2019 cerró con un valor de 618,4 millones de dólares en reinversión de utilidades, mayor al mismo período del 2018 que registró una cifra de 473,2 millones de dólares", puntualizó el documento.

Margen "casi nulo"

Pese a los buenos resultados hasta 2019, el Estado de la Nación apunta a que el país enfrenta un margen de error "casi nulo" con su política fiscal, pues las perspectivas de riesgo dependen "en buena medida" de cómo resulten las negociaciones entre actores políticos y sociales para estabilizar las finanzas públicas "en medio de posiciones encontradas en la sociedad costarricense".

Además, los investigadores señalaron la importancia de que se consoliden fuentes de financiamiento externo para el Estado, las cuales son vitales para gestionar los elevados niveles de deuda del país a menores costos y menores riesgos asociados.

"El desbalance fiscal con el que se inició esta crisis determina que el margen de error para imprecisiones en el manejo de la política fiscal sea casi nulo. Específicamente, la gestión de la deuda pública debe ser prospectiva, cautelosa, y buscar un balance para que la situación financiera de la Tesorería no se agrave. La disponibilidad coyuntural de fuentes de financiamiento externo con condiciones especialmente atractivas es especialmente necesaria".

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Esta postura la defienden en conjunto las principales autoridades monetarias y financieras del país, incluidos el Ministerio de Hacienda, el Banco Central (BCCR) y la Superintendencia General de Entidad Financieras (Sugef); no obstante, cada aprobación crediticia internacional depende también del acuerdo de al menos 38 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la consecución de acuerdos fiscales que estabilicen la economía costarricense las condiciones tampoco son sencillas. El Gobierno primero presentó una propuesta para acudir a Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue rechazada de plano por sectores políticos y sociales, y luego abrió espacio a una mesa de diálogo para concertar un acuerdo consensuado entre sectores de la que aún se desconocen posibles acuerdos con un efecto de corto plazo para disminuir la relación negativa entre gastos e ingresos estatales.

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