País quedaría sin servicio de revisión técnica hasta por 2 años de no ampliar con RTV, admite Cosevi

Costa Rica se quedaría sin servicio de revisión técnica hasta por dos años de no ampliar el contrato con Riteve, así lo admiten las autoridades del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) quienes no ocultan su preocupación por la incertidumbre que se tiene a cinco meses de que venza el contrato con la empresa española.

El director ejecutivo de Cosevi, Edwin Herrera, dijo este lunes a AmeliaRueda.com que ya se envío ante la Contraloría General de la República (CGR) un nuevo documento donde se solicita, de nuevo, que les permitan ampliar el contrato con Riteve para darle continuidad al servicio. El documento se presentó el viernes anterior.

La nueva propuesta contiene un "análisis más amplio" sobre los escenarios que se tienen y se explican los riesgos que corre el país ante la posibilidad de quedarse sin el servicio de la revisión técnica vehicular. Además, se detallan los plazos que se requieren para abrir un nuevo concurso.

Esta petición se presentó en el plazo de los ocho días hábiles establecidos por la CGR luego de rechazar el primer trámite por tener incongruencias legales y contractuales.

"Ya ampliamos el análisis, ya remitimos a la Contraloría General de la República el documento, especialmente para la valoración de algunos elementos que consideramos o sentimos que tal vez no fuimos suficientemente claros, para que ellos puedan valorarlos", dijo Herrera.

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En el documento se analiza la aplicación del artículo 25 de la Ley de Tránsito sobre la apertura del servicio por medio de permisos y también se analizan otros escenarios establecidos en la Ley General de Contratación. En cualquiera de los casos, se establece que se ocupa un tiempo de implementación de hasta dos año, plazo que se pide dejar a Riteve o de lo contrario, sería el plazo en el que el país estaría sin el servicio.

En la nueva propuesta enviada al ente Contralor, el Cosevi pide analizar el expediente del recurso de amparo que actualmente se analiza en la Sala Constitucional y el cual impide tomar decisiones claras a la espera del fallo.

"Hay dos preocupaciones que la Contraloría, y de hecho nosotros coincidimos con ellos al 100 por ciento, es el tema tarifario y el tema de los bienes, allí (en el nuevo documento enviado) nosotros hacemos referencia a esos elementos", dijo el funcionario.

Para las autoridades del Cosevi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es claro que ampliar el contrato con Riteve o abrir el mercado para nuevas empresas requiere un nuevo análisis tarifario, esto debido a que a partir del 15 de julio próximo las instalaciones y equipos de Riteve pasan a manos del Estado, tal y como se estableció hace 10 años cuando se decidió ampliar el contrato con la empresa.

"La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) dice que hay elementos que no pueden ser reconocidos (en la tarifa), tal y como la inversión inicial de terrenos, la inversión inicial asociada al inmueble, son elementos que no pueden tomarse en cuenta y por eso se ocupa revalorizar la tarifa y nosotros nos referimos a eso en el documento", indicó Herrera al agregar que si bien tienen todos los escenarios analizados no es posible hablar de alguno en concreto porque el panorama sigue siendo incierto y se ocupa tomar decisiones para avanzar.

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El director del Cosevi admite que el mejor escenario es que la CGR les permita ampliar el contrato con Riteve e iniciar con todo el proceso de apertura del mercado que tardaría dos años, de lo contrario el país se quedaría sin servicio de revisión técnica y se deberá iniciar de emergencia un proceso de contratación por medio de permisos (artículo 25 de la Ley de Tránsito), lo cual corre el riesgo de ser anulado por ser el tema que actualmente la Sala Constitucional.

"Nosotros presentamos los tres escenarios que consideramos que tal vez no fuimos lo suficientemente claros, tal vez, para ellos. Lo que nosotros queremos es esa certeza jurídica porque nada hacemos, por ejemplo, aplicando el artículo 25 (entrega de permisos) si dentro de seis meses nos dicen que eso es inconstitucional y efectivamente todo se vendria abajo y la continuidad del servicio se perdería", manifestó Herrera.

Además de las dudas legales y jurídicas, se tiene preocupación porque se requiere hacer un análisis tarifario que aún no inicia y que contempla tiempos de ley y procesos, como la consulta pública, que pueden tardar meses.

Lo cierto es que el contrato con Riteve vence el próximo 15 de julio y no hay ninguna alternativa disponible para darle continuidad al servicio, por lo que ahora se espera que la Contraloria avale ampliar el acuerdo actual o de lo contrario se admite que el país se quedaría sin revisión técnica vehicular por hasta un plazo de dos años.

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