Periodista de Fiscalía relata que Gamboa la llamó a cuentas por dar información de Johnny Araya

Celso Gamboa Sánchez llamó a cuentas en su oficina de subjefe del Ministerio Público a la periodista de la institución luego de que esta le brindara información de una causa en la que figuraba el actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge.

Así lo reveló la mañana de este 1º de marzo la comunicadora de la Fiscalía, Tatiana Vargas Vindas, al declarar como testigo en el juicio seguido contra Gamboa Sánchez, Araya Monge y exfiscala de Probidad, Berenice Smith Bonilla, por aparente tráfico de influencias.

Dicho debate versa sobre un supuesto plan preparado por los tres encartados, para borrar al gobernante local del expediente penal 12-000096-0621-PE, y que así este pudiera presentarse ante la opinión pública como aspirante al puesto que ocupa, como un candidato sin causas abiertas.

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Vargas Vindas relató que el encuentro con Gamboa Sánchez ocurrió en su despacho a finales de noviembre de 2015, después de que ella remitiera al diario La Nación detalles de una investigación abierta contra Araya Monge, en el marco de una solicitud de dicho medio para actualizar los casos seguidos contra 605 personas que aspiraron a las 81 alcaldías del país en 2016.

“Don Celso me llamó a su oficina, donde estaba con don Justo (Pastor López Vargas, asistente de la Fiscalía General). Me pidió cuentas de una información que se le entregó a la periodista Mercedes (Agüero Rojas), de una causa que se seguía contra don Johnny.

“Yo le digo que en realidad se trata de una consulta que abarca a muchísimas personas más, que es más que don Johnny, que son más de 600 personas y que se respondió con base en la información que hicieron llegar las fiscalías para poder hacer las respuestas respectivas.

“Don Celso lo que me indica es que ya él revisó el expediente y que en ese caso de don Johnny no hay absolutamente nada contra él. Y en el acto le solicita a don Justo, quien lo acompañaba, que por favor llame a don Johnny para decirle que por favor envíe un correo a doña Berenice, a la fiscala anticorrupción, solicitándole una certificación de que él no forma parte en esa causa penal.

Según la comunicadora, López Vargas salió del despacho a una zona de parqueos y jardín. Momentos después, este regresó a la oficina e indicó que habló con el gobernador local y que este le pidió que hiciera el borrador de la nota. Ante esto, Gamboa Sánchez le pidió hacerlo.

La periodista aseguró desconocer de qué manera el entonces subjefe del Ministerio Público se enteró de la gestión de La Nación y de la respuesta dada a estos. Sin embargo, el 26 de febrero pasado, también como testigo, Agüero Rojas afirmó que tras recibir la información, y como parte de la metodología del reportaje que ella y la unidad de investigación del periódico, ella procedió a comunicarse con Araya Monge para solicitarle su criterio de la causa; ante lo que este último señaló que el dato era erróneo y que él se aseguraría de mostrarle una constancia al respecto.

Días después de que Gamboa Sánchez la increpara, el 9 de diciembre de 2015, Vargas Vindas le comentó sobre lo sucedido al entonces fiscal general de la República, Jorge Guzmán Chavarría, después de que este diera un discurso en el que invitó a la ciudadanía a denunciar hechos de corrupción -entendido como todo momento en el que percibieran una anomalía- durante una actividad en la Contraloría General de la República (CGR).

Este último reaccionó cuestionándole por qué rindió cuentas al subjefe del Ministerio Público ante lo que la comunicadora le recordó que en una reunión pública, él encomendó a Gamboa Sánchez como supervisor del área de prensa. Ante ello, Guzmán Chavarría le ordenó que en adelante reportara solo a él.

Vargas Vindas manifestó estar asustada de comentarle al fiscal general debido a la cercanía que este tenía con el número dos de la institución.

Ventaja indebida

La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República acusó el 25 de febrero anterior al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, de gozar de una ventaja indebida ante la opinión pública al presentarse como un candidato a gobernador de la capital sin causas penales, después de conseguir que dos altos cargos del Ministerio Público presionaran a subalternos para eliminarlo como imputado en un expediente judicial.

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El órgano acusador expuso ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, que, a raíz de una solicitud del diario La Nación realizada entre el 13 y 25 de noviembre de 2015, esa institución remitió la lista completa de aspirantes a la alcaldía en la campaña del 7 de febrero de 2016. En ese listado, se indicó que Araya Monge figuraba en el expediente 12-000096-0621-PE.

A partir de la información, el medio de comunicación contactó al entonces candidato.

Posterior a ello, y de acuerdo con la acusación, el entonces subjefe de la Fiscalía, Celso Gamboa Sánchez, supuestamente increpó entre el 25 de noviembre de 2015 y el 4 de enero de 2016 a la periodista de la institución, Tatiana Vargas Vindas, por proveer el dato del actual alcalde al rotativo cuando, luego de que él hiciera una revisión del caso, determinó que él no aparecía en la causa.

La comunicadora le indicó que esa información la confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en un correo electrónico.

En ese mismo momento, Gamboa Sánchez le ordenó a su asistente, Justo Pastor López Vargas, que llamara por teléfono a Araya Monge para decirle que no aparecía como imputado que procediera a remitir una nota en la que se aclarara esa situación.

Cuando López Vargas regresó a la oficina en la que se encontraban, explicó que Araya Monge le pidió que redactara la nota, ante lo que Gamboa Sánchez le ordenó a su subalterno hacerlo.

El 6 de enero de 2016 la misiva fue enviada al Ministerio Público y, al día siguiente, el nombre se eliminó como encartado del expediente y del sistema de información del órgano acusador del Estado. El 8 de enero de 2016, se removió la carátula en la que aparecía el nombre del gobernador local y se le remitió a este último el oficio FAPTA-08-2016, en el que se le hacía constar que no aparecía como imputado, sino como denunciado.

Vargas Vindas aseveró que esa fue la primera y única vez en los 10 años que tiene que trabajar en la institución, en que una fiscalía remitía una certificación en la que se aclaraba la condición de una persona de la que se informó a un medio de comunicación que aparecía como imputado.

Araya Monge hizo llegar ese documento a La Nación y con esto consiguió que se le excluyera de una publicación realizada el 2 de febrero de 2016, es decir, cinco antes de los comicios en los que participaba. Esto le valió una “ventaja indebida” ante la opinión pública, según la Fiscalía.

La acusación señala que en el ínterin de increpación a Vargas Vindas y la respuesta dada a Araya Monge, Gamboa Sánchez y la entonces fiscala de Probidad, Berenice Smith Bonilla, haciéndose valer de sus cargos, influyeron sobre la fiscala auxiliar e instructora de la causa 12-000096-0621-PE, Natalia Méndez Rojas, para que esta emitiera un escrito con parámetros “falsos” que favorecieron al actual jerarca municipal capitalino.

Tiempo después, en noviembre de 2017, luego de que La Nación tuviera acceso a un extracto de una declaración que Vargas Vindas dio al Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), en el marco de investigaciones administrativas seguidas contra Gamboa Sánchez y el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán, por su presuntas implicaciones en el escándalo de corrupción del cemento chino; ese diario pidió una actualización de la causa seguida contra Araya Monge.

Pero al recibir respuesta al rotativo, de acuerdo con la periodista Mercedes Agüero Rojas, se indicó que el gobernador local no aparece en el expediente y que los otros tres implicados habían sido sobreseídos en junio de 2016. No obstante, en esa misma oportunidad también se dictó una desestimación en favor de Araya Monge. Por ese motivo, la defensa técnica del alcalde de San José pidió a la comunicadora remitir copia de los correos al Tribunal Penal del II Circuito Judicial, como prueba de lo indicado por la oficina de prensa del Ministerio Público.

En vista de lo anterior, y con la declaración rendida por Vargas Vindas, La Nación publicó el 13 de noviembre que Araya Monge había sido borrado de la causa, lo que dio pie a la apertura de la causa 17-000039-0033-PE, por el que él, Gamboa Sánchez y Smith Bonilla ahora son juzgados.

Rechazan señalamientos

Durante el debate, las defensas técnicas de Johnny Araya Monge, Celso Gamboa Sánchez y Berenice Smith Bonilla rechazaron la acusación por la Unidad Especializada de la Fiscalía General.

El abogado del alcalde, Juan Marco Rivero Sánchez, consideró que los hechos son atípicos -o sea, que no constituían delito- puesto que su cliente solo exigió que se aclarara su situación jurídica en defensa de su honor y negó que en ello mediara alguna influencia, puesto que para ese momento él no era alcalde y, además, aspiraba a ese cargo con una agrupación política poco conocida (Partido Alianza por San José -PASJ- con el que ganó las elecciones).

Agregó que Araya Monge fue sobreseído en julio de 2016 por la causa de la que supuestamente se le eliminó y que incluso había sido entrevistado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en condición de testigo, y no de imputado.

Incluso el gobernante local reconoció en una declaración inicial que se trataba del momento “más adverso” de su carrera política.

Por su parte, la jurista y hermana de Gamboa Sánchez, Natalia Gamboa Sánchez, argumentó que para el momento en que se sacó al gobernante local del expediente, este no figuraba como imputado en los términos establecidos por la Sala Constitucional (que una persona es investigada o sospechosa hasta que se le toma declaración indagatoria y pasa a ser considerado imputado).

Misma tesis expuso el defensor de Smith Bonilla y exfiscal general, Francisco Dall’Anese Ruiz, quien añadió que Araya Monge no recibió ningún beneficio, pues a la ciudadanía “no le importa” si un candidato figura o no en una causa, ya que “es culta” para entender que es inocente hasta que sea condenado.

El tráfico de influencias es un delito regulado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y se define como la acción en la que un servidor público, prevaliéndose de su cargo, de su jerarquía o de la de otro, real o simulada, haga, retarde u omita un acto propio de sus funciones y le genere un beneficio económico o ventaja indebida. El ilícito castiga con entre dos y cinco años de cárcel a quien utilice u ofrezca esa influencia.