
36 diputados votaron a favor del proyecto, seis en contra y 15 estuvieron ausentes
14/10/19 | 10:35am
En una sesión extraordinaria que no duró ni una hora, los diputados aprobaron este lunes la Ley de Transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Trabajadores.
El Expediente 21.426 fue avalado en segundo debate por 36 diputados, otros seis votaron en contra y 15 estuvieron ausentes.
Con este proyecto se podrán aplicar medidas inmediatas para reducir la planilla de Japdeva y lograr así disminuir los gastos millonarios que se generan, mes a mes, en el pago de salarios.
El texto, que fue impulsado directamente por el Poder Ejecutivo, propone un paquete de traslados, prejubilaciones, subsidios y despidos para afrontar la situación que se vive actualmente Japdeva.
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Por ejemplo, el documento establece un modelo de subsidios de prejubilación para funcionarios de 55 años o más; siempre y cuando estos hayan cotizado un mínimo de 25 años y no se reintegren laboralmente.
Ese subsidio correspondería a un 63 por ciento del promedio salarial de las 12 mejores remuneraciones mensuales del funcionario en sus últimos cinco años. El monto no podría superar el tope del seguro de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y solo se ajustaría por el costo de la vida, al igual que los salarios públicos.
El proyecto también propone traslados horizontales de funcionarios a otras instituciones. Sin embargo, si la persona no acepta el cambio puede ser despedida.
Además, establece un modelo de movilidad laboral con incentivos para los empleados que decidan abandonar la institución. Los empleados tendrán un mes para acogerse a alguna de las opciones.
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La planilla de Japdeva es de 1.186 funcionarios y el proyecto de ley pretende una salida de 830 a 950 colaboradores, según datos que dio la presidenta de la entidad, Andrea Centeno.
Según los registros, Japdeva suma cuatro años con reporte de pérdidas en sus utilidades. Por ejemplo, en el 2018 cerró con un déficit de ¢3.400 millones y a eso se le debe sumar la pérdida de más de 70 por ciento de sus clientes comerciales tras la entrada en operación de la Nueva Terminal de Contenedores de Moín.
A la espera del proyecto, el Congreso había aprobado presupuestos extraordinarios para que Japdeva pudiera sostener su planilla.
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Los diputados que se mostraron en contra del proyecto indicaron que el plan golpearía a la provincia caribeña e incluso presentaron una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, la cuál, luego de su análisis declaró que los despidos contemplados no tenían vicios de inconstitucionalidad.
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