Presidencia advierte con vetar ley que daría cuatro salarios extra a trabajadores del Bancrédito

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, recomendó este jueves al presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, vetar el proyecto de ley que otorga cuatro salarios extra a los trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), en caso de que este resulte aprobado en segundo debate sin modificaciones.

La suma total de ese bono significaría un desembolso equivalente a ¢3 mil millones por parte del Gobierno.

A través de un comunicado de prensa, el jerarca dio a conocer que recibió criterios negativos por parte de la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y el interventor de esa entidad financiera; los cuales habían sido solicitados por el Gobierno de la República días después de que la iniciativa fuese aprobada en primer debate.

"El texto actual del proyecto, en especial el artículo cinco (en donde se establece el bono de los cuatro salarios), constituye un riesgo financiero para el país, las opiniones de las entidades expertas evidencian que aprobar esta legislación es una decisión inapropiada en la actual coyuntura fiscal, por lo que, cumpliendo mi mandato como Ministro de la Presidencia, aconsejaría al Presidente de la República vetar la iniciativa en caso aprobarse con las debilidades que las entidades de gobierno ya han señalado ante la Asamblea Legislativa", dijo Alfaro.

AmeliaRueda.com consultó a Solís sobre la posibilidad de vetar la iniciativa el 12 de marzo del presente año, a lo que respondió entonces que era una de las alternativas que tanto él como el ministro Alfaro Salas -quien ha liderado el tema del banco- analizaban.

Preocupación

Las opiniones emitidas como respuesta a las consultas de la Presidencia giran entorno al artículo cinco, que concede una bonificación de cuatro salarios adicionales a la cesantía con la que ya cuentan los empleados del Bancrédito.

Otra preocupación de las instituciones tiene que ver con el impacto que puede tener el artículo tres del proyecto de ley, relacionado con la devolución de sumas individualizadas acreditadas en el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el posible debilitamiento de las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el régimen Obligatorio de Pensiones.

"Los diputados cuentan con las herramientas procedimentales para corregir los problemas que presenta la iniciativa 20.525. Los artículos 177 y 154 del reglamento legislativo permiten realizar las modificaciones necesarias con el fin de contar con un proyecto de ley adecuado, que proteja tanto los intereses de los trabajadores como las finanzas públicas", concluyó el Ministro.

Respuesta inmediata

El proyecto de Ley de Protección y Defensa de los Trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago había sido enviado a consulta desde la Asamblea Legislativa hacia los bancos Central, de Costa Rica (BCR) y Nacional de Costa Rica (BNCR) el pasado 13 de marzo y este jueves, regresó a Cuesta de Moras con opiniones negativas que obligaron a los diputados a actuar de inmediato.

Jorge Rodríguez Araya, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno de los proponentes de la iniciativa, explicó que ante las respuestas de las instituciones consultadas tomaron la decisión de presentar una moción para que el proyecto regrese por 24 horas a comisión, donde se le eliminaría el artículo cinco, para regresar al Plenario en el primer lugar del día en la sesión siguiente.

La iniciativa, convocada por el Poder Ejecutivo y tramitada en la corriente legislativa bajo el número de expediente 20.525, fue aprobada en primer debate el 8 de marzo anterior a pesar de que a mediados de febrero el interventor de esa entidad, Marco Hernández Ávila, había señalado que la aprobación de una bonificación extra podría resultar "ruinoso" para la institución, pues dentro de las reservas para el pago de cesantía a sus trabajadores no estaba contemplado ese rubro que equivale a ¢3 mil millones.