Procuraduría y Contraloría se contradicen en proceso sobre pago irregular a H. Solís

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR) se contradicen en el proceso judicial que se lleva a cabo por un pago irregular de ¢1.000 millones que realizó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a H. Solís en el 2011.

Tal y como lo dio a conocer AmeliaRueda.com este lunes, la dueña de dicha empresa, Mélida Solís, ofrece conciliar y hacer un pago de ¢163 millones por el daño material y social ocasionado por recibir el pago adelantado de dicha factura, esta propuesta es bien vista por la PGR; sin embargo, tiene la oposición de la CGR.

Esta diferencia de criterios provoca que este proceso se encuentre en etapa de audiencias preliminares desde el 2017. Debido a que en las audiencias que se realizan, una entidad del Estado acepta y la otra apela.

Para el abogado y exjuez, Ewald Acuña, es necesario que la autoridad judicial resuelva el conflicto que existe debido a que el Estado, que es la víctima, sólo puede tener una representación, la cual por ley, corresponde a la Procuraduría.

“El ofendido es el Estado, entonces no pueden haber dos representantes del Estado con posiciones contrapuestas respecto a un mismo tema. Tendrá que resolverse quién tiene la prioridad de la representación del Estado porque la víctima es el Estado y por ley, la representación del Estado recae en la Procuraduría.

“La representación tiene que ser única, en un proceso no pueden haber representaciones múltiples, me parece que hay un conflicto de carácter administrativo que está trascendiendo a lo jurisdiccional y al juez le compete definir a quién recae la representación del Estado”, dijo Acuña.

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La conciliación que ofrece la dueña de la empresa H. Solís corresponde en pagar el daño material calculado en ¢88 millones y que se define como el “costo de oportunidad” por haber recibido antes el pago de los ¢1.000 millones. Este monto fue calculado por la CGR en el 2017.

Además, se ofrece pagar ¢75 millones del daño social ocasionado, este monto fue calculado, también en 2017, por la PGC. El pago total de conciliación que ofrece la empresa es de ¢163 millones, lo cual es avalado por la Procuraduría, pero rechazado por la Contraloría al indicar que aceptar una conciliación dejaría sin sanción administrativa a los funcionarios públicos involucrados en el pago adelantado e irregular de la factura y agregan que debe existir un castigo para la empresa.

El abogado y también exjuez, Bernan Salazar, comparte la opinión de Acuña y dijo a AmeliaRueda.com que el que toma las decisiones legales en representación del Estado, desde el punto de vista jurídico, es la Procuraduría.

Agregó que en este caso se toma en cuenta la apelación de la Contraloría por ser parte del expediente, esto al tomar en cuenta que la CGR investigó el caso y lo denunció penalmente en el 2013.

“Para que haya conciliación todas las partes tienen que estar de acuerdo, entonces es ahí donde, desde el punto de vista procesal, se dilata el proceso porque una de las partes (Contraloría) no está de acuerdo en el arreglo conciliatorio.

“Lo que sí debe quedar claro es que el único representante del Estado es la Procuraduría. En este caso el juez es el que debe tomar la decisión de definir, aceptar o no la conciliación (entre la empresa y la PGR), si no se acepta el caso debe elevarse a juicio, es lo que corresponde”, dijo Salazar.

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El caso

De acuerdo con la denuncia, en diciembre del 2011 el Conavi tramitó el pagó “en tiempo récord” de una factura para la empresa H. Solís.

El dinero correspondía al pago adelantado de cinco mil toneladas de cemento que, presuntamente, al final no se utilizaron por completo en las obras de intervención de la Bernardo Soto y el tramo del aeropuerto a Manolos.

En el expediente judicial 13-000045-0621-PE se indica que el Conavi “disfrazó” el pago total de una obra y la gestionó como “adelanto”, figura que no está contemplada ni permitida en la legislación.

Incluso, la autorización del pago se dio en período de vacaciones de fin de año, cuando la entidad estaba cerrada.

Este lunes se realizó la audiencia preliminar del caso y la defensa de la propietaria de la empresa H. Solís, Mélida Solís, ofreció conciliar y pagar los daños materiales y sociales (¢163 millones), propuesta acogida por la Procuraduría y rechazada por la Contraloría, lo que suspendió el proceso a la espera de que se resuelva la apelación presentada por el ente contralor.

El abogado de la empresaria, Francisco Campos, dijo a AmeliaRueda.com que en diversas oportunidades se ha buscado la manera de conciliar, debido a que en realidad el caso corresponde a un pago adelantado que, de igual manera, tarde o temprano la empresa iba a recibir.

En este caso se investiga el actuar de cinco personas, además de la dueña de H. Solís, se investiga a:

• Campos Cerdas, analista presupuestaria del Conavi
• Rojas Jenkins, exgerente de conservación vial del Conavi
• Solís Murillo, exgerente financiero de Conavi
• Aiza Campos, ejecución presupuestaria del Conavi