
La Procuraduría e la Ética Pública participará en la investigación y tomaría las acciones civiles pertinentes, aparte de las penales que gestiona la Fiscalía, en caso de que exista delito de "enriquecimiento il ícito"
11/08/20 | 17:15pm
La Procuraduría General de la República se apersonó, en condición de víctima, para sumarse en la investigación penal en contra del presidente Carlos Alvarado que busca determinar si cometió el delito de "enriquecimiento ilícito" durante un viaje en helicóptero que realizó este fin de semana al hotel Punta Islita, ubicado en Guanacaste.
Así lo informó la propia entidad a través de un comunicado de prensa.
"El apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP (Procuraduría e la Ética Pública) participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública", explicó.
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La Presidencia de la República informó este 10 de agosto que Alvarado realizó un viaje entre el viernes 7 de agosto y el domingo 9 de agosto, después de que se filtró la información en redes sociales.
El viaje no se realizó en vacaciones y Presidencia afirma que el jerarca laboró, aunque tomó dicho "descanso". El hotel no aceptaba reservaciones en los días de estancia del presidente; sin embargo, se atendió al mandatario.
La coordinación del viaje la realizó el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier, quien incluso cobró al mandatario por el viaje en un helicóptero suyo que no cuenta con permisos comerciales.
Presidencia sostiene que el mandatario Alvarado habría pagado todos sus gastos y los de su familia, durante el fin de semana. No obstante, las autoridades judiciales revisarán esa versión oficial.
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Según el Gobierno, Alvarado pagó $690 por la estadía de tres noches, $497, por la alimentación, $930 por el traslado de ida en un helicóptero propiedad de la firma Servuss S.A. (relacionada con el ministro Garnier) y $813,6 por el traslado de vuelta en otro helicóptero de la firma Viajes Aéreos Especializados S.A. (VEASA).
En ambos traslados aéreos, Alvarado dijo haber pagado la mitad del monto cancelado; pues la otra mitad la habría costeado el ministro sin cartera del Sector Privado, que también realizó el viaje.
El presidente Alvarado publicó en sus redes sociales que, desde su punto de vista, "no existe delito que investigar" e incluso calificó el inicio de las pesquisas como "un claro exceso" por parte de la Fiscalía.
"Darse un descanso en un fin de semana, visitar un hotel o viajar vía aérea hacia y desde este, pagando los gastos que ello implica, no es ni puede ser delito".
"Es un derecho de la Fiscalía emprender las investigaciones que estime pertinentes y lo respetamos, pero el apego a la razón, a la lógica y a la ley deja absolutamente claro que aquí no hay delito alguno", puntualizó.
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