Proyecto debe afinar cuáles servicios son realmente esenciales durante huelga, afirman expertos

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminó un proyecto de ley que plantea prohibir las huelgas en 18 servicios públicos esenciales.

La iniciativa propone un listado conformado por salud, seguridad, comedores escolares, educación pública, suministro de combustibles, atención de poblaciones vulnerables, suministro de agua, depósitos y retiros bancarios, telecomunicaciones, control de tráfico aéreo, acceso a la justicia, tránsito, centros penitenciarios y atención de emergencias.

Sin embargo, según expertos laboralistas el plan deberá afinar muy bien cuáles son esos servicios y mucho dependerá también del proyecto de ley impulsado por el diputado Carlos Ricardo Benavides para facilitar la aplicación de castigos a las personas que participen en huelgas ilegales, así como a las que cometan abusos como llamar a bloquear calles o a sabotear instalaciones públicas.

"Si nos vamos a quedar con la legislación que actualmente tenemos, yo haría más grande la lista porque quedaron servicios que quedaron sin incluirse. Pero si nosotros cambiamos la forma en que Costa Rica se califica una huelga, para que el tiempo de respuesta sea de días, y si nos aliamos a otras legislación como la comparada como lo que dice OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuando hay una huelga no se pagan salarios, entonces ahí sí podríamos pensar que esta lista podría ser menor", comentó el abogado laboralista Marco Durante en Nuestra Voz donde analizó el proyecto junto con Fernando Bolaños, Esteban Calvo y Ronald Gutiérrez.

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Calvo, por su parte, criticó el enfoque o tratamiento que da el proyecto a los servicios públicos esenciales que pretende prohibir la huelga en todos estos casos y en su lugar optar por arbitraje obligatorio.

"Este proyecto no está innovando nada, lo que está haciendo es repitiendo la misma fórmula fracasada que estaba en el año 1943 (...) en el fondo el problema real es que la huelga no se puede prohibir, pero con ese enfoque los promotores del proyecto vienen a extendernos esta prohibición con una lista de lo que llaman servicios públicos esenciales", dijo el especialista.

Los expertos mencionaron que hay varios artículos que cambiar, algunos por redacción o porque el texto quedó ambiguo, es decir, dejando a interpretaciones, aspecto que se han criticado al actual Código de Trabajo.

"Se incluyen los servicios de administración de justicia, sin embargo, dentro de la redacción habla de situaciones ambiguas, por ejemplo, habla de solicitud o prórroga a medidas cautelares prontas a vencer, no tenemos un plazo (...) entonces ahí lo dejamos a decisión del juez otra vez", afirmó Gutiérrez.

La iniciativa también incorpora la calificación de servicios públicos de trascendental importancia, que tienen que ver con la recolección de basura, la celebración de consultas populares en todas sus modalidades, y el control migratorio y aduanero.

Según Durante algunos de los servicios esenciales podrían pasar a este otro listado en caso de que se cambie la forma de calificación de la huelga.

El proyecto

La versión que regula las manifestaciones recibió el apoyo de los diputados Yorleny León (proponente) y Luis Aiza, del Partido Liberación Nacional (PLN); Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); y Érick Rodríguez, independiente.

En contra se manifestaron Víctor Morales, oficialista; Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); y Nidia Céspedes, del bloque Nueva República.

"Se trata de un proyecto que reforma el Código de Trabajo para solventar un vacío legal existente, y cuyo objetivo es garantizarle a los ciudadanos la continuidad de los servicios públicos por parte del Estado en todo momento", explicó León.

Por su parte, Morales dijo que la principal división está en que para ellos la educación no puede incluirse como un servicio esencial, solamente el servicio de comedor.

El diputado explicó que ellos trabajarán en un texto sustitutivo donde, por ejemplo, se determinen límites realistas y donde si una huelga en el sector educativo se extiende por tres meses o más, ahí sí se podría hablar de un servicio esencial.