Proyecto de empleo público sigue presentando roces de inconstitucionalidad, señala Procuraduría

La Procuraduría General de la República insiste en que el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (26.336) presenta inconvenientes a nivel jurídico y que incluso tiene “eventuales roces de constitucionalidad”. Así lo estableció en un informe solicitado por los diputados en semanas pasadas, luego de someter el texto a algunas modificaciones.

Entre las anotaciones que hace la Procuraduría, que se encuentra en el expediente 21-011713-0007-CO, destaca que aunque la Sala IV consideró que no es inconstitucional que se someta a todo el sector público a la ley, se deben tomar en cuenta la separación de poderes y que no se vacíen los grados de autonomía de determinadas instituciones como las universidades públicas.

“Postura que hace que resulte inadmisible, desde la óptica constitucional, el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo u otro de sus órganos de un poder de jerarquía, de dirección y de reglamentación interna sobre los poderes del Estado, las universidades del Estado, la CCSS y las municipalidades, especialmente cuando incide en las competencias exclusivas y excluyentes de los otros poderes del Estado o en los fines constitucionalmente asignados a los entes de base corporativa o institucional que gozan de un grado de autonomía tres -autoorganizativa o normativa- o dos -política o en aquellas actividades administrativas necesarias para el ejercicio de esas competencias”, señaló la entidad.

La Procuraduría indicó que, a pesar de las modificaciones realizadas por la Comisión de Consultas a Empleo Público, el texto mantiene inconvenientes jurídicos y roces inconstitucionales. Además, agrega que de igual manera la decisión de si se aprueba el proyecto o no, queda a discreción del Poder Legislativo.

Este criterio de la Procuraduría no es vinculante.

En junio pasado el proyecto de ley ya había superado el primer debate con 32 votos a favor y 15 en contra, luego que el proyecto fue enviado a consulta facultativa a la Sala Constitucional (que encontró varios vicios constitucionales en el texto), los diputados aprobaron una moción de texto sustitutivo que cambió varios parámetros de la propuesta, por lo que se tuvo que solicitar la nueva revisión de algunas instituciones públicas, entre ellas la Procuraduría.

El próximo 22 de noviembre será la nueva votación del texto con las modificaciones establecidas, el cual requerirá de 38 votos en el plenario para su aprobación en primer debate.

Esto quedó definido luego que la Corte Suprema de Justicia votó en una mayoría de 19 a favor y uno en contra, un informe elaborado por el magistrado Jorge Olaso Álvarez, de la Sala II, que señala que la iniciativa afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

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