Reforma al empleo público requerirá de 38 votos para aprobarse en primer debate

El proyecto de ley que pretende reformar el empleo público, requerirá de 38 votos en el plenario para su aprobación en primer debate.

Esto quedó definido luego que esta tarde la Corte Suprema de Justicia votó en una mayoría de 19 a favor y uno en contra, un informe elaborado por el magistrado Jorge Olaso Álvarez, de la Sala II, que señala que la iniciativa afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

La votación de mayoría calificada en el Congreso se requiere para este proyecto porque así lo dispone el artículo 167 de la Constitución Política

“Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”, indica la Carta Magna.

Si el Poder Judicial hubiera dicho que no les afecta, el proyecto necesitaría apenas 29 votos para ser aprobado o mayoría simple.

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Esta es la cuarta vez en que los magistrados de la Corte Plena rechazan el proyecto de empleo público, luego de haber conocido consultas anteriores de otras versiones del texto..

En su informe, el magistrado Olaso detalla:

“En la nueva propuesta del texto se interpretó que el Poder Judicial está conformado por dos sectores de personas funcionarias, lo cual no es correcto. La normativa del proyecto debe ver el Poder Judicial como un solo conglomerado de personas servidoras destinados a cumplir con la función que -por mandato constitucional- se le encomendó a este Poder de la República. Lo contrario implicaría una afectación importante en su funcionamiento y tornaría nugatorios los principios que rigen esa función. Se recomienda también que en el proyecto de ley se respete la competencia de los órganos de dirección, gobierno, administración y capacitación, propios del Poder Judicial, de manera que se desplace la injerencia del Poder Ejecutivo en la dirección de ciertos puestos y órganos del Poder Judicial, entre ellos la Dirección de Gestión Humana. Se recomienda el respeto del contenido de la normativa interna de esta institución en materia salarial, de puestos y organización, de manera que el proyecto se adapte a estas sin necesidad de derogarlas tácitamente ni de vaciarlas de contenido”.

¿Por qué se consultó de nuevo?

Si bien ya esta iniciativa de ley había recibido el primer debate en junio pasado con 32 votos a favor y 15 en contra, luego que el proyecto fue enviado a consulta facultativa a la Sala Constitucional (que encontró varios vicios constitucionales en el texto), los diputados aprobaron una moción de texto sustitutivo que cambió varios parámetros de la propuesta.

Esto obligó a los legisladores a enviar una segunda consulta a la Corte Plena.

“Este es un tema que ha causado mucha polémica, si bien este proyecto tiene pretensiones muy loables la verdad es que políticamente y jurídicamente lo que quieren es encontrar la cuadratura del círculo”, señaló el magistrado presidente de la Corte, Fernando Cruz.

Cabe señalar además que los magistrados titulares de la Sala Constitucional se abstuvieron de conocer y votar el informe, esto ante la eventualidad que el proyecto vuelva a ser consultado a la Sala Constitucional.

La discusión del primer debate del proyecto en el plenario está prevista para el 22 de noviembre.

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