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Crucitas.

Proyecto busca legalizar la minería en Costa Rica

​Iniciativa fue presentada este miércoles por los diputados liberacionistas María José Corrales y Jorge Fonseca

Un proyecto de ley busca crear un marco regulatorio para la minería en el país, lo que de paso convertiría esta actividad en legal.

La iniciativa 21.584 "Ley para el desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera metálica", fue presentada este miércoles por la diputada liberacionista María José Corrales, con apoyo de su compañero de bancada Jorge Fonseca.

El texto propone que se haga efectivo el cumplimiento de lo que establece el articulo 1 del Código de Minería, el cual otorga al Estado el dominio de los recursos minerales del país y su potestad para explorar sus riquezas por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él.

"El objetivo principal del proyecto es que viene a regular una actividad minera que se está dando en el país, como se ha venido evidenciando en el caso de Crucitas, y lo que se busca es que con esta regulación se de un enfoque de desarrollo social", comentó Corrales.

Los diputados habían aprobado en diciembre de 2010 un proyecto que declara a Costa Rica un país libre de minería de metales a cielo abierto, aunque con la excepción para poder desarrollar la minería a pequeña escala en las zonas de Osa, Abangares y Golfito, donde existen familias que subsisten exclusivamente de esta actividad.

"Este proyecto es una ley que viene a regular la actividad minera metálica en nuestro todo el país, porque aunque actualmente esté prohibida, por ejemplo en Crucitas, hemos logrado evidenciar que se está dando un desastre", afirmó la diputada liberacionista.

Según la legisladora hay otros lugares como Corcovado, en la zona sur, donde también han podido confirmar que se desarrolla esta actividad de forma ilegal y este proyecto es una respuesta ante la inacción del Poder Ejecutivo.

El proyecto

El plan propone la posibilidad de poder realizar tres tipos de minería en el país con un marco regulatorio: la artesanal, la pequeña minería y la mediana minería. Las demás quedarían totalmente prohibidas.

También plantea que las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) y deberán cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

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Además, para cada proyecto que se otorgue una concesión se formará una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) que estará integrada por funcionarios del Minae, las municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales, quienes darán seguimiento al trabajo que desarrolle el concesionario.

Asimismo, se establece la prohibición expresa del uso del mercurio y el otorgamiento de permisos para explorar o explotar recursos minerales en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestres.

Otro de los puntos que establece, es que la empresa, deberá pagar un impuesto que consiste en un canon por hectárea concesionada. Además, se establecerá un impuesto del 20 por ciento sobre las ventas brutas del material extraído.

Oposición

Este proyecto ya cuenta con la oposición de los ambientalistas, quienes aseguran que este modelo responde a un modelo económico insostenible y que destruye la naturaleza.

"La minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta", afirmó el integrante de Unión Norte por la Vida (Unovida), Marco Tulio Araya.

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Araya señaló que "los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer 'Planes de Atención Integral', que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona de Crucitas".

Mientras tanto, el exdiputado Edgardo Araya dijo las propuestas que ellos presentaron para buscar una solución a Crucitas no fueron escuchadas y que este proyecto es una marcha atrás con la ley aprobada por los diputados en 2010.