Salario global será aplicable a toda institución pública, explica abogado Rubén Hernández

El abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, explicó en el programa Nuestra Voz que tras el fallo de la Sala IV sobre el proyecto de Ley de Empleo Público, queda claro que el salario global será aplicable a todas las instituciones públicas una vez que esta iniciativa sea ley de la República.

El jurista fue enfático en que la resolución de los magistrados constitucionales sobre los aspectos consultados del proyecto no excluyó a ninguna institución de la aplicación de ley, al no detectar ninguna inconstitucionalidad en el artículo 2 de la misma.

“La sentencia de la Sala tiene un punto vital al no excluir a ninguna institución de la aplicación de la ley, si lo hubiera dicho habría catalogado el artículo 2 de la ley como inconstitucional”, señaló.

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Rectoría Mideplan

Lo que sí declaró inconstitucional la Sala IV fue la rectoría que se quería dar al Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre todas las instituciones públicas.

En el caso del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Hernández señaló que lo que la sala detectó es que imponer al Mideplan como rector, violaría la división de poderes.

Y en el caso de las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las municipalidades, se afectaría la autonomía constitucional que estas tienen. En el caso de las casas de estudio, se agregó el tema del reclutamiento y el despido de los profesores universitarios.

Es decir, la Sala IV indicó que Mideplan no puede ejercer como rector en estas entidades, pero sí avaló que el salario global se debe aplicar en todas.

Pero además, se deja intacto que a los actuales empleados públicos se les pueda aplicar el salario global, y no solo a los nuevos.

También se declara constitucional el transitorio 11 del proyecto que establece que aquellos funcionarios que hoy ganen menos que el salario global, seguirán con el salario compuesto hasta alcanzar la remuneración de su categoría establecida.

Esto le permitirá al fisco ahorrar 125.000 millones de colones en los primeros cuatro años de vigencia de la ley, donde se espera que alrededor de 22.000 funcionarios que están en esta situación alcancen el salario global.

Hernández también recordó que el fallo deja intactas las regulaciones a las convenciones colectivas, donde se impide cualquier negociación para aumentar salarios y que no se pueden establecer cláusulas que tengan incidencia en el gasto público.

“Es un éxito la sentencia de la Sala y lo que tocó son aspectos de poca relevancia y de aplicación interna de las instituciones”, enfatizó.

De fácil tramitación

¿Qué sigue ahora en el trámite de este proyecto de ley?

La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, también explicó en el programa que están a la espera de recibir el fallo completo de la Sala Constitucional.

Explicó que el artículo 46 del reglamento legislativo establece con claridad el trámite a seguir, con esta iniciativa tras la consulta realizada.

El expediente deberá ir a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde las mociones que ahí se presenten sólo podrán ser para los aspectos que la Sala determinó como inconstitucionales.

En ese aspecto, el abogado Hernández agregó que el “arreglo” a lo dicho por la Sala debería ser de fácil tramitación, ya que sólo se debería incorporar un artículo que indique que tales incisos (en el tema de la rectoría) de la ley, no sería aplicable al Poder Judicial, la Caja y las municipalidades.

Y en el caso de las universidades donde se excluya a los profesores, pero sí se deje al resto de los funcionarios de estas entidades.

No ocuparía 38 votos

Una vez corregido el texto en la comisión, debe pasar al plenario. Donde la presidenta Hernández afirmó que pasaría a ocupar el primer lugar del orden del día y ese mismo día se le daría la votación en primer debate, concluyendo la discusión por el fondo a las 18 horas.

El proyecto se debe votar nuevamente en primer debate, pero para el segundo no ocuparía mayoría calificada, es decir 38 votos, ya que según el abogado constitucionalista, al corregirse en comisión los aspectos que la Corte Plena señaló que afectarían la organización y funcionamiento del Poder Judicial, ya no se ocuparía esa mayoría calificada sino simple, lo que facilita su trámite de aprobación.

La legisladora por su parte también resaltó que la Sala no encontró vicios en el procedimiento.

El abogado Hernández concluyó señalando que la aprobación de esta ley es el primer paso para una reforma del Estado costarricense y que en un máximo de un mes, una vez llegue al Congreso la sentencia completa de la consulta, debería ser aprobada en primer y segundo debate.

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