
Caso señala que Conavi hizo un pago adelantado e indebido de ¢1.000 millones a la empresaria en el 2011
15/10/21 | 08:38am
El Tribunal Penal de Hacienda avaló que la empresaria dueña de H. Solís, Mélida Solís, pague ¢163 millones como acuerdo de conciliación y con esto evite ir a juicio por el aparente pago irregular de ¢1.000 millones en diciembre del 2011.
De acuerdo con la denuncia, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pagó de forma ilegal facturas adelantadas por supuestas obras de mantenimiento y conservación vial que la empresa H. Solís realizaba en la carretera Bernardo Soto y el tramo del aeropuerto a Manolos.
Por este caso se han realizado cinco audiencias preliminares en las que la Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa de la empresaria llegan al acuerdo de conciliar, sin embargo, se ha tenido la oposición de la Contraloría General de la República (CGR) y, en la última audiencia de agosto anterior, se sumó a la oposición el Ministerio Público.
“Este jueves nos llegó la resolución, el Tribunal rechazó el recurso de apelación de la Contraloría y del Ministerio Público y ahora hay que esperar que quede en firme. Lo único que se puede hacer contra esta resolución es pedir aclaración y adición por alguna de las partes, pero luego de esto estaríamos procediendo en cumplir con las condiciones del acuerdo”, dijo a AmeliaRueda.com el abogado de la empresaria, Francisco Campos.
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El acuerdo de conciliación avalado por el Tribunal establece que Mélida Solís pagará ¢88 millones del costo de oportunidad calculado por haber recibido el dinero “un poco” antes y ¢75 millones que corresponden al cálculo del daño social.
El abogado de Solís ha defendido la tesis de que la conciliación es la decisión correcta porque el pago, supuestamente adelantado que hizo el Conavi a la empresa, se tenía que hacer tarde o temprano.
Además, Campos criticó que la CGR y la PGR fueran opuestas en sus posiciones, ya que la Procuraduría avala la conciliación y la Contraloría no.
“Ya el Tribunal definió claramente que el único representante del Estado como víctima en un proceso es la Procuraduría y no la Contraloría, sin embargo, la Contraloría seguía insistiendo en sus tesis y ya, hasta esta vez, se confirma la resolución de homologación parte de un superior.
“Lo que cabe es, simplemente, si una de las partes lo desea una aclaración y adición, lo que se debe hacer al término de tres días y eso no modifica el fondo de la resolución, es decir, la resolución no puede ser variada”, dijo el abogado quien explicó que el acuerdo de conciliación establece que una vez en firme la resolución, la empresaria tendrá 48 horas para hacer efectivo el pago de los ¢163 millones.
Cumplido con el acuerdo se procederá al sobreseimiento definitivo del caso y de esta manera Mélida Solís y los demás acusados en el caso evitarán ir a juicio.
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Según las denuncias que llegaron hasta el Ministerio Público, el Conavi “disfrazó” el pago total de una obra y la gestionó como “adelanto”, figura que no está contemplada ni permitida en la legislación. El supuesto pago ilegal se hizo en diciembre del 2011 y el expediente judicial se abrió en el 2013.
La investigación señala que el trámite para el pago de la factura se hizo “en tiempo récord” y durante período de fin y principio de año, es decir, que los funcionarios, presuntamente, llegaron a realizar los procesos de pago pese a que el Conavi estaba cerrado y ellos estaban de vacaciones.
“Las facturas se pagaron en cuestión de días”, se indica en el documento.
Por otra parte, el pago tiene graves irregularidades de fondo, debido a que correspondía a la cancelación total de cinco mil toneladas de cemento que al final no se utilizaron por completo.
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En el expediente No. 13.000045.0621-PE se acusa a cinco personas por el supuesto delito de pago irregular de contratos administrativos.
Los implicados son de apellidos:
Dos de los implicados en esta causa, (la dueña de H. Solís y el exgerente financiero) se encuentran actualmente involucrados también con el caso Cochinilla, investigación que revela que los dueños de grandes empresas constructoras crearon una red criminal con un grupo de trabajadores del Conavi para tener un trato preferencial en los contratos de obra vial.
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