Es violencia patrimonial: Inamu sobre proyecto para justificar pensiones alimentarias con facturas

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se pronunció públicamente en contra de un proyecto de ley que pretende obligar a cada madre que reciba una pensión alimentaria a justificar cada gasto que haga con una factura.

El proyecto lo presentó el diputado Harllan Hoepelman, del bloque independiente de diputados afín al excandidato Fabricio Alvarado, desde el 19 de noviembre pasado; y se encuentra en el trámite de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.

En su único artículo, el texto que se tramita bajo el expediente 21.702 propone reformar el artículo 171 del Código de Familia, de modo que la persona que paga la pensión, el niño mayor de 12 años o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) pueda solicitar hasta una vez al año facturas que respalden el uso de los recursos y judicializar cualquier diferencia, de modo que la administración de los recursos pueda otorgarse a un tercero, como un familiar cercano o un "garante".

Ante esta propuesta, el Inamu subrayó que aplicar esa noma sería implementar una nueva forma de violencia de género por cuestiones patrimoniales. Es decir, se ejercería una forma de dominio sobre la madre por el uso de los recursos en favor de su hijo o hija.

La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, explicó a AmeliaRueda.com que el proyecto además pondría a muchas madres "bajo sospecha", a pesar de que los montos que suelen recibir son bajos y son ellas quienes asumen más regularmente las labores de cuido.

"La violencia de género tiene muchísimas manifestaciones. Una de ellas, la más brutal, es la que se materializa en un femicidio; pero hay violencia política, psicológica, física y patrimonial, que es un despojo que se hace por una relación de poder que existe en nuestra sociedad, donde la figura con el poder es el varón y se despoja a las mujeres de la propiedad".

"En este país se está insistiendo en una manifestación de considerar bajo sospecha a la mujer que, además de hacerse cargo y ser ella quien tiene que dedicar su vida a las labores de cuido en términos generales, se le pone bajo sospecha de que pueda estar utilizando el monto para otra cosa, que de por sí es muy bajo en promedio. Se le pide a la madre, como si realmente se tratara de actos de delincuencia, que respalde con facturas el arroz y los frijoles que compra para sus hijos, es una manifestación de violencia patrimonial por eso", puntualizó.

Datos del Observatorio de Género del Poder Judicial indican que en el país existen alrededor de 190 mil expedientes abiertos de pensiones alimentarias, con un monto promedio de ¢102.671 mensuales.

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Complejidad del trámite

El Inamu también señaló que el proyecto sería de difícil aplicación, tomando en cuenta que muchas compras diarias se realizan en pulperías u otros comercios que tributan en régimen simplificado, por lo que no tienen el deber de emitir facturas.

Asimismo, subrayó que el sistema jurídico costarricense ya tiene vías establecidas para judicializar casos en los que se detecten malas utilizaciones de los recursos otorgados, y que los expedientes de pensión en sí mismo ya implican una gran cantidad de trabajo para los jueces y juezas.

"Si bien el Estado debe garantizar el derecho de miles de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad a contar con alimentos, mediante una pensión alimentaria, es necesario que las medidas que se adopten no vayan en detrimento de los derechos de las mujeres y generen mayor sobrecarga o violencia patrimonial", escribió la entidad.

Ante todas estas observaciones, el Instituto pidió rechazar el proyecto y analizar otras posibles vías para el resguardo de menores de edad.

Según indicaba el proyecto en su exposición de motivos, la intención del plan es llenar un vacío legal en esa materia, pues "se carece de un mecanismo expedito y eficaz que garantice el buen uso de los recursos destinados a satisfacer los alimentos de las personas menores de edad".

El Departamento de Servicios Técnicos del Congreso indicó que el proyecto no tendría inconvenientes legales o constitucionales y que sí "está bien orientado en protección del interés superior de la persona menor de edad"; sin embargo, cuestionó su redacción y la vía por la que propone realizar la reforma en el artículo 171 del Código de Familia (que considera inadecuado).