48 fiscales rechazan denuncia de Emilia Navas sobre violación a independencia del Ministerio Público

Cuarenta y ocho fiscales rechazaron violaciones a la independencia funcional del Ministerio Público como lo denunció Emilia Navas Aparicio en una carta que dirigió al alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Diego García Sayán.

De esta manera, los funcionarios del órgano acusador del Estado contradijeron a su anterior jerarca en un pronunciamiento conjunto, al cual AmeliaRueda.com tuvo acceso desde el jueves, pero del que logró su confirmación hasta este viernes mediante un firmante cuya identidad este medio se reservará.

"El Ministerio Público garantiza el ejercicio de la acción penal de manera objetiva en cualquiera de los procesos que dirige, por lo que rechazamos enfáticamente cualquier tipo de acusación temeraria que deje ver la existencia de irrespeto hacia la independencia funcional del Ministerio Público, por cuanto, no existe prueba que así lo acredite, mucho menos en investigaciones por casos de corrupción", indica la misiva de los fiscales.

Navas Aparicio aseguró que mediante "sanciones encubiertas" se vio forzada a dejar su cargo al tiempo que atribuyó a un grupo de magistrados -del que mencionó únicamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro- de atacarla, presionarla y hostigarla debido a las múltiples pesquisas por corrupción que abrió en contra de miembros de los Supremos Poderes, según lo reveló el 17 de agosto Interferencia de Radioemisoras UCR.

"El derecho a la jubilación ejercido por la exfuncionaria Navas Aparicio se dio en el contexto de serios cuestionamientos públicos por conflictos de interés con su compañero sentimental, quien en ejercicio de su profesión liberal, representa a varias personas encausadas precisamente por delitos de corrupción y que generaron durante su gestión como fiscala general, múltiples excusas o inhibitorias de su parte, debiendo el Ministerio Público acudir a su Ley Orgánica para su suplencia en estos casos", subraya la nota.

Dicho extracto hace referencia al abogado Francisco Campos Aguilar, quien actúa como defensor de imputados en casos mediáticos como Aldesa, Soresco y más recientemente, el llamado "Cochinilla". En total, Navas Aparicio se tuvo que excusar en nueve casos y solo dos responden a situaciones que no tienen que ver con su compañero sentimental.

"(Los firmantes) desconocemos las verdaderas razones que motivaron a la abogada Navas Aparicio a realizar tales manifestaciones, que tienen como fundamento único su dicho e informaciones 'confidenciales'", añade el pronunciamiento.

En ese sentido, los fiscales le atribuyen a la exjefa del órgano acusador la supuesta apertura de procesos en contra de servidores "acudiendo a las falacias lógicas y argumentativas como las 'ad hominem' y 'ad verecundiam', en los cuales no logró sus desconocidos propósitos, gracias a las garantías de un sistema de ederecho sólido como el costarricense, provocando que a lo interno del Ministerio Público muchas personas percibieran una seria persecución laboral, atropellos a sus derechos y garantías laborales, que desembocaron en múltiples demandas en la vía contencioso administrativa, laboral, entre otros, así como la migración de funcionarios al ejercicio laboral o a la judicatura, en la mayoría de los casos, perdiendo el Ministerio Público, la experiencia y capacidades de muchos fiscales probos".

La carta fue remitida al despacho de Cruz Castro, así como a la Secretaría de la Corte Plena, señalaron ambas oficinas a través del departamento de prensa del Poder Judicial.

El documento incluso entró en la agenda de los altos jueces para la sesión del próximo 30 de agosto.

Conflicto

Ocho días atrás, el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro también refutó "categóricamente" que ejerciera presiones sobre Emilia Navas Aparicio durante la investigación de casos de corrupción, al garantizar un "respeto absoluto" a la independencia funcional y autonomía del Ministerio Público así como de sus servidores.

En ese sentido, negó ser partícipe de una campaña de desinformación para desestabilizar a la Fiscalía en las pesquisas penales por hechos de corrupción.

Navas Aparicio atribuyó a Cruz Castro una "enérgica participación" en contra de su gestión, derivada de su inhibitoria en el caso policialmente conocido como "Cochinilla".

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"El señor Cruz Castro siempre se excusó de intervenir por figurar como imputado en varias causas penales investigadas por mi persona y mi equipo de trabajo contra miembros de los Supremos Poderes.

"Sin embargo, en esta ocasión el señor Cruz Castro decidió participar y tomar un rol protagónico, aún cuando esos procesos penales en su contra siguen activos".

A criterio de la exfiscala, estas situaciones riñen con el artículo 7 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial, el cual establece que cada servidor judicial debe vigilar que sus intereses privados no afecten las funciones de la Corte, así como la confianza y la credibilidad institucional.

Esa norma ordena a los funcionarios evitar colocarse en situaciones de conflicto de interés que menoscaben o pongan en riesgo su imparcialidad, independencia e integridad. También adoptar todas las previsiones posibles y necesarias para organizar sus asuntos privados de manera adecuada para no incurrir en conflictos de interés.

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La exjerarca del Ministerio Público agregó que el 25 de junio pasado recibió una llamada "con tono de molestia y de prepotencia" del presidente de la Corte, en la que este le pidió no esperar hasta el 25 de agosto para acogerse a su jubilación y que, por el contrario, dejara el cargo inmediatamente.

“El señor Cruz Castro me pidió expresamente que dejara el cargo de fiscala general de la República porque la suscrita -en su criterio- le hacía daño a la imagen del Poder Judicial por la discusión sobre mis excusas. A la vez, el señor Cruz Castro me indicó que nunca había estado de acuerdo con mi gestión y no lo estaría", puntualizó Navas Aparicio, quien añadió que para evitar nuevas represalias se inclinó por adelantar su salida del Ministerio Público al 29 de junio.

Sobre ese particular, el magistrado no hizo alusión en su nota de prensa.

Tampoco hizo referencia a la acusación de la exfiscala, de que el presidente de la Corte le recomendó realizar "un breve informe del estado de los expedientes que tramitaba, que ello sería suficiente", toda vez que tres meses antes, ella había emitido un informe amplío de rendición de cuentas.

Navas Aparicio indicó que hizo caso de ese consejo y optó por enviar un documento con esas características a la Corte Plena; espacio en el que Cruz Castro omitió mencionar lo que había conversado con ella y en el que finalmente se determinó que el informe era incompleto. Esa situación motivó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) le abriera una causa a la exfiscala por aparente incumplimiento de deberes a la hora de redactar el reporte.

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El alto juez, en cambio, justificó que le decisión del órgano colegiado "se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas".

Asimismo indicó que los procesos disciplinarios abiertos contra Navas Aparicio después de su jubilación "responden al cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública, tras el ingreso de quejas de personas sobre temas concretos relacionados con la gestión de la exfiscala".

En ese sentido, Cruz Castro señaló que "no es de recibo que tanto la Presidencia de la Corte como Corte Plena tengan conocimiento de quejas de la ciudadanía y omita darles el trámite que la legislación exige. Esta es una obligación que impone la ley, sin posibilidad de evadir o suprimir tal responsabilidad".

También la nota de prensa aclara que el derecho jubilatorio de un servidor judicial es competencia exclusiva de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, además de que es la ley la que señala los procesos a acatar y consecuencias en caso de que existan causas e investigaciones contra las personas en el momento en que converge con su retiro laboral.

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Ello se da después de que la excabeza del órgano acusador denunciara que algunos jueces se le acercaron desde la confidencialidad para externarle que la Corte Plena buscaría impedir su jubilación y el pago de prestaciones laborales, mediante la apertura de procesos disciplinarios y un "rápido" traslado de cargos para revocar su nombramiento.

Otro aspecto abordado por el magistrado en su comunicado es el que tiene que ver con el proyecto de ley que pretende un reforzamiento de la carrera fiscal en el país, con el fin de que se garantice estabilidad en el puesto para el personal del Ministerio Público. La iniciativa también busca fortalecer el mandato del fiscal general y que en los nombramientos "imperen la transparencia, meritocracia y la institucionalidad", menciona el presidente de la Corte.

La mención se realizó luego de que Navas Aparicio pidiera a García Sayán recomendar al Estado garantizar la independencia de la Fiscalía, al separarla del Poder Judicial y establecer una designación de su cabeza mediante un procedimiento exento de influencias políticas.

Salida atropellada

Emilia Navas Aparicio dejó el 28 de junio la Fiscalía General de la República, luego de que adelantara repentinamente su jubilación sin explicar las razones de su decisión.

La jerarca del Ministerio Público informó un día antes por correo electrónico a la Corte Plena que durante el fin de semana avanzó en la redacción de sus informes para la respectiva transición al fiscal subrogante Warner Molina Ruiz. De esta manera, la abogada de 56 años pidió su jubilación se hiciera efectiva el 29 de junio en vez del 25 de agosto, como inicialmente lo planteó ante una oleada de críticas por su inhibitoria en el caso "Cochinilla".

"Me permito saludarles nuevamente y hacer de su conocimiento de que dado el arduo trabajo que estuve realizando este fin de semana, he logrado avanzar con la preparación de la información para efectos de la transición del cargo al fiscal subrogante don Warner Molina Ruiz.

"En razón de ello, he tomado la decisión de adelantar la fecha de mi jubilación, cuyo derecho ya ha sido aprobado, para el martes 29 de junio de este año. Lo que significa que mañana lunes 28 de junio es mi último día de trabajo", señaló la fiscala general en su oficio a los magistrados.

También indicó que el mismo 28 de junio realizó la comunicación respectiva a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que en el transcurso de la mañana comunicó al presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, que la jubilación de Navas Aparicio ya fue debidamente aprobada.

Este cambio en la fecha a partir de la cual se hará efectiva la jubilación de la fiscala general ocasionó críticas de parte de la magistrada Roxana Chacón Artavia.

La salida de Navas Aparicio se dio tras una serie de cuestionamientos debido a las constantes inhibitorias de la fiscala general en casos importantes en donde su pareja, el abogado Francisco Campos Aguilar, participa como defensor de alguna de las partes involucradas, lo que provoca que ella deba separarse de la investigación. La situación más reciente se dio en el caso de "Cochinilla", donde su esposo defiende a la dueña de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como a tres trabajadores de la empresa Meco.

El anunció de jubilación de la fiscala general se dio tan solo una semana después de que en conferencia de prensa descartara esta opción indicado que "al país le conviene que yo esté al frente de la Fiscalía".

También en ese espacio, la jerarca dijo que se enteró del escándalo de aparente corrupción el mismo día de los allanamientos; sin embargo, el auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reynaldo Vargas Soto, dijo que él se había reunido con Navas Aparicio en octubre del 2018 para conversar sobre supuestas irregularidades en dicha entidad. Además, Diario Extra dio a conocer el 24 de octubre que Campos Aguilar estaba en las oficinas de Meco el día de los allanamientos e incluso llegó antes que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Pese a todos los cuestionamientos, ambos descartaron una y otra vez que existiera conflicto de intereses en este caso.

Tras los cuestionamientos y solicitudes de salida de Navas Aparicio, la Corte Plena analizó el 21 de junio pasado el caso y decidió no investigarla.