Exfiscala denuncia ataques, presión y hostigamiento de magistrados por investigaciones de corrupción

La exfiscala general, Emilia Navas, asegura que mediante “sanciones encubiertas” se vio forzada a dejar su cargo y acusa a algunos de los magistrados y magistradas de atacarla, presionarla y hostigarla debido a las múltiples investigaciones por corrupción que abrió en contra de miembros de los Supremos Poderes.

Así lo manifestó Navas en una carta enviada el pasado 6 de agosto al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Diego García Sayán, documento llamado “Informe sobre Sanciones Encubiertas en contra de la Fiscalía General de la República de Costa Rica por investigaciones de casos de corrupción en la función pública y en el sector público”, del cual AmeliaRueda.com tiene copia.

En el oficio de 62 páginas, la exfiscala citó cada una de las situaciones que la hicieron anunciar y adelantar su jubilación, además, expone los incumplimientos a la ley que tuvieron algunos de los magistrados que la señalaron en diversas sesiones de la Corte Plena realizadas semanas atrás.

“Sirva el presente documento, en el contexto de sus encomiables funciones, para informarle de la grave situación por la que atraviesa actualmente el Ministerio Público de Costa Rica, con motivo de las investigaciones penales realizadas por éste en materia de corrupción en la función pública y en el sector privado. Ataques que provienen de algunos Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, encargados del nombramiento de quien ejerce la jefatura de la Fiscalía General; lo que afecta de modo negativo la independencia de la Fiscalía y representa una amenaza, intimidación, traba, hostigamiento e injerencia indebidas en el desempeño de las funciones del Ministerio Público, de sus Fiscales y Fiscalas, en particular, en la lucha contra la corrupción”, manifiesta Navas al agregar que “mediante sanciones encubiertas, fui forzada a abandonar mi cargo de Fiscal General de la República, el día 29 de junio de 2021”.

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La exfuncionaria menciona las medidas que tomó al llegar al cargo (en marzo del 2018) y los cambios que aplicó “para fortalecer la lucha contra la corrupción”, entre ellas la reestructuración de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

En total, hace referencia a 19 medidas tomadas para fortalecer el trabajo, lo que para ella “provocaron una reacción adversa contra el Ministerio Público de parte de algunos sectores con poder político y económico vinculados directa o indirectamente con las personas investigadas penalmente durante mi gestión”.

Señala en el informe que durante su gestión tuvo a cargo cerca de 65 de investigaciones a funcionarios con inmunidad.

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Navas explica en el documento las razones por las que tuvo que inhibirse de conocer el “caso Cochinilla” e indica que, a partir de ese momento, empezaron las presiones en su contra y una campaña por desprestigiar la labor del Ministerio Público.

Se mencionan las discusiones que se dieron en Corte Plena sobre su labor e inhibitoria y se destacan las acciones que, a criterio de Navas, fueron arbitrarias, así como las declaraciones de magistrados y magistradas, algunos de ellos con investigaciones abiertas a cargo de la exfiscala, como por ejemplo, Fernando Cruz.

“El señor Cruz Castro siempre se excusó de intervenir por figurar como imputado en varias causas penales investigadas por mi persona y mi equipo de trabajo contra miembros de los Supremos Poderes.

“Sin embargo, en esta ocasión el señor Cruz Castro decidió participar y tomar un rol protagónico, aún cuando esos procesos penales en su contra siguen activos. Su enérgica participación en contra de mi gestión y de las funciones del Ministerio Público reñía con el artículo 7 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial”, menciona el documento.

Navas asegura que debido a los ataques que empezó a recibir fue que se “vio forzada a renunciar” y acogerse a su jubilación tras laborar 33 años en el Poder Judicial y por esa razón comunicó su salida, lo que también vino a molestar a los magistradas y magistradas, quienes incluso, según denuncia la exfiscala, quisieron impedir su jubilación.

“Algunos magistrados y magistradas, quienes me solicitaron confidencialidad, me externaron que un grupo integrante de dicha Corte impedirían mi jubilación y el pago de mis prestaciones laborales, y que, a tal propósito, abrirían procesos disciplinarios en mi contra, con un rápido traslado de cargos para revocar mi nombramiento”, indica Navas al explicar que esto atentaba contra su “seguridad económica”.

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Agrega en el texto que el 25 de junio recibió una llamada “con tono de molestia y de prepotencia” del presidente de la Corte Suprema Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Cruz, quien le pide no esperar hasta el 25 de agosto para acogerse a su jubilación y que, por el contrario, dejara el cargo inmediatamente.

“El Magistrado señor Cruz Castro me pidió expresamente que dejara el cargo de Fiscala General de la República porque la suscrita -en su criterio- le hacía daño a la imagen del Poder Judicial por la discusión sobre mis excusas. A la vez, el señor Cruz Castro me indicó que nunca había estado de acuerdo con mi gestión y no lo estaría”, narra Navas, quien asegura que para evitar la continuidad de represalias prefirió adelantar su salida del Ministerio Público al 29 de junio.

Sobre los cuestionamientos por el informe de labores brindado, la exfiscala asegura que el mismo magistrado Fernando Cruz le dijo que hiciera “un breve informe del estado de los expedientes que tramitaba, que ello sería suficiente”, tomando en cuenta que meses atrás, en marzo del 2021, ella había emitido un informe amplío de rendición de cuentas.

Se indica que pese a que el mismo magistrado Cruz recomendó hacer un “breve informe”, él omitió mencionar esto en la discusión que luego se tuvo en Corte Plena sobre “el informe incompleto” que había dejado Navas, motivo de investigación en este momento.

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En reiteradas ocasiones, Navas indica que las acciones de algunos magistrados y magistradas en su contra son consideradas “advertencias de intimidación y hostigamiento para todo Fiscal o Fiscala que, en el ejercicio correcto de sus funciones, invadiera los espacios de grupos de poder políticos y económico”.

“En el presente caso, los hechos expuestos reflejan aquel patrón sistemático de sanciones o represalias encubiertas por mi gestión como Fiscala General de la República y la de los Fiscales y Fiscalas del Ministerio Público por las decisiones adoptadas en la lucha contra la corrupción en casos vinculados con personas integrantes de sectores de poder político y económico, tanto público como privado.

“Una situación que se recrudece a partir del proceso penal conocido como “Caso Cochinilla” que sale a la luz pública en junio de este año 2021, precisamente ya en periodo pre-electoral; y promovida y dirigida por Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, cuyos nombramientos y sus prórrogas dependen de la Asamblea Legislativa. Todo ello dirigido a capturar al Ministerio Público con la consecuente afectación al deber estatal de investigar adecuadamente esos hechos”, agrega.

Ante el escenario expuesto por Navas, pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas varias peticiones, entre ellas:

• Registrar los hechos expuestos “como un ataque arbitrario a la independencia del Ministerio Público”.
• Recomendar al Estado de Costa Rica garantizar la independencia del Ministerio Público (separarlo del Poder Judicial, nombramiento de Fiscal o Fiscala General en un procedimiento exento de influencias políticas)
• Aconsejar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia el cese de las represalias encubiertas y mensajes de hostilidad e intimidación en contra de la Fiscalía General.
• Instar a los magistrados y magistradas excusarse de tomar decisiones cuando figuran como imputados en proceso penales.
• Recomendar a los magistrados y magistradas que toda sesión de la Corte Plena se realice de forma pública.

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