554 choferes bajo investigación por usar Uber y otras plataformas para dar servicio de transporte

Un total de 554 conductores están bajo investigación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) por la supuesta prestación no autorizada de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales como Uber.

La información brindada por el órgano regulador a solicitud de AmeliaRueda.com no indica cuántos de los expedientes abiertos tienen que ver con la aplicación fundada en California, debido a que, especifica el correo, "aunque algunos casos dicen expresamente que son Uber, otros solo refieren a 'medios electrónicos' de pago, o 'plataformas digitales', entre otras denominaciones".

De acuerdo con la ley de la Aresep, esas personas se exponen a multas de entre los 5 y 20 salarios base, o sea: entre ¢2.1 millones y los ¢8.6 millones.

El 2 de noviembre de 2017, la institución impuso por primera ocasión una multa a un chofer de Uber. Para ese momento, la entidad tenía abiertas otras 30 investigaciones contra conductores de esa plataforma y 151 contra piratas.

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La sanción que entonces se determinó fue por poco más de ¢2 millones.

Para esa ocasión, la Autoridad Reguladora argumentó que para ofrecer el transporte de este tipo se debe contar con una concesión y un permiso por parte del Estado, situación que no ocurre con los choferes de la empresa multinacional.

La actual reguladora adjunta, Xinia Herrera, explicó a este medio en marzo anterior que la institución no tiene un plazo determinado para resolver las denuncias, las cuales se tramitan conforme se presentan.

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En este proceso se lleva a cabo una audiencia donde el chofer puede presentar sus alegatos y pruebas. Finalmente, se dicta una resolución que es comunicada a las partes involucradas. En el mismo fallo se establece la sanción económica y se llevan a cabo las gestiones de cobro respectivas.

Actualmente, Uber cuenta con más de 19 mil choferes, lo que ha desatado la furia de los taxistas rojos porque, según manifiestan, les ha quitado el trabajo. Desde el pasado martes, la Coalición Nacional de Transporte Público (Conatrap), la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) y Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi) protestan frente a la Casa Presidencial para que el Gobierno de la República bloquee la aplicación y cierre sus cuentas bancarias.