A 66 días de huelga, 8 de 34 solicitudes de declaratoria esperan resolución de un juez

Dos meses han pasado desde que la huelga en el sector público contra el plan fiscal se levantó y todavía ocho de las 34 solicitudes de declaratoria del movimiento aguardan a la respuesta de un juez.

En la lista de espera se encuentran el Ministerio de Salud, Asamblea Legislativa, Imprenta Nacional, Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Ministerio de Cultura y Juventud, Centro de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai) y la Municipalidad de San José.

Así se desprende de un análisis de AmeliaRueda.com que revisó el estado de las solicitudes de declaratoria de la huelga que inició el pasado 10 de septiembre.

En la mayoría de las instituciones sin sentencia en primera instancia el movimiento cesó días atrás, incluso algunas como la Municipalidad de San José firmó un acuerdo con sus trabajadores para deponer la protesta.

Cuando un juzgado dicta una resolución sobre la huelga, cualquiera de las partes puede acudir a un tribunal de apelación para que se revise lo dictaminado. A la espera de esa respuesta se encuentran 13 entidades.

Una de las sentencias en segunda instancia más esperadas es la del Ministerio de Educación Pública (MEP), donde se concentra la principal afectación tras dos meses de iniciado el movimiento.

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Trámite más expedito

El viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, aseguró que la experiencia reciente evidencia una necesidad de mejora en los procesos que llevan adelante los jueces.

"Sabemos que la Reforma Procesal Laboral es una legislación nueva, pero consideramos que la misma reforma generó mecanismos que permitían a los jueces y juezas hacer un trámite más expedito en lo instrumental del proceso", consideró el funcionario.

Alfaro trajo a colación el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde el juzgado tardó 15 días en poder notificar a los sindicatos. En este caso, la normativa le da potestad al órgano de emitir un edicto cuando no es posible avisar en persona a representantes de los trabajadores.

El abogado laboralista Marco Durante señaló que el Código de Trabajo establece que los jueces deben darle prioridad a las declaratorias de huelga sobre otras diligencias, no obstante, los procesos se siguen alargando.

"Más que a nosotros como parte del proceso afecta al país porque todos fuimos testigos de primera mano de los primeros 15 días de la huelga y las situaciones complejas que se dieron. Haber tenido resoluciones de legalidad o ilegalidad de manera expedita hubiera permitido tener mayor claridad", añadió el viceministro.

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Por su parte, el especialista indicó que son diferentes los factores que pueden aletargar el trámite como problemas para notificar, requerimientos de prueba, entre otros. Cualquiera que sea la razón, la normativa debe cambiarse para que el tiempo sea más razonable.

"Creo que debemos de movernos hacia un procedimiento más rápido y expedito, oral, que en cuestión de una semana se tenga una calificación", sugirió el abogado.

Ante esta situación, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, planteó días atrás un proyecto de ley para reformar el capítulo de huelgas en el Código de Trabajo.

El verdiblanco plantea, entre otros temas, hacer más expedito el trámite mejorando el procedimiento y evitando atrasos en la notificación a las partes por medio de un correo electrónico.

Para avanzar con esta propuesta, el PLN impulsa darle vía rápida al proyecto de ley que además prohíbe este tipo de movimientos en servicios esenciales y la posibilidad de cobrar salarios pagados cuando son declarados ilegales.

En total, cuatro declaratorias fueron revertidas: la del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Vivienda y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pasaron de ser ilegales mientras que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a ser legal.

Sin embargo, la balanza hasta el momento está a favor de las instituciones pues siete sentencias en segunda instancia fueron declaradas ilegales.

La huelga contra el plan fiscal permanece latente en el sector educación dejando a los estudiantes sin clases. Incluso, el MEP tuvo que recurrir a voluntarios para aplicar las pruebas de bachillerato en colegios académicos.

Los sindicatos insisten en que el movimiento solo se depondrá si se archiva el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, iniciativa que está pendiente de consulta de constitucionalidad que definirá su futuro.

Colaboró la periodista Dinia Vargas.