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Carlos Cerdas y Mélida Solís

Tras 4 meses, abogados de detenidos en caso Cochinilla reclaman que investigación no avanza

​Defensores de Carlos Cerdas y Mélida Solís aseguran que ampliar la medida de prisión es “innecesario”

Tras cuatro meses de revelarse el caso Cochinilla la investigación no avanza, así lo reclaman los abogados de los empresarios dueños de Meco y H. Solís quienes aseguran que mantener una medida de prisión preventiva es “innecesario”.

Esta semana inició la audiencia donde se conocerá el futuro de los involucrados en el expediente judicial ya que las medidas cautelares de todos vencen el próximo 26 de octubre y la Fiscalía solicita ampliar el plazo.

Esto representaría que Carlos Cerdas y Mélida Solís continúen en prisión y el resto de involucrados, con las otras medidas como la suspensión del cargo sin goce de salario, impedimento de salida del país, entre otras.

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El abogado del dueño de MECO, Erick Ramos, dijo que mantener a su cliente en prisión es desproporcionado principalmente si se toma en cuenta que la investigación no avanza.

“Todos los días se ratifica que es absolutamente innecesaria la prisión preventiva, creo que la misma obedece a una circunstancia que no se justifica, que resulta desproporcionada y que las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público perfectamente pueden seguir adelante sin este tipo de restricción tan gravosa.

“En realidad la investigación no avanza; el Ministerio Público lo que hizo durante cuatro meses fue realizar indagatorias, llamar a otros imputados, pero no ha habido ningún avance, incluso nosotros gestionamos prueba y obviamente han pasado semanas y no se ha diligenciado la misma”, dijo Ramos al explicar que Cerdas estará presente durante la semana se audiencia.

La audiencia donde se define el futuro de los primeros 30 involucrados en el expediente judicial se realizará durante toda esta semana y se espera que concluya el próximo lunes 24 de octubre.

Los abogados de las partes aseguran que el proceso es extenso por la cantidad de imputados, ya que todos deben exponer sus argumentos.

Para Ramos se tiene la expectativa de que al concluir la audiencia se determine la libertad del dueño de MECO mientras se sigue adelante con las investigaciones.

La misma opinión la comparte el abogado, Erick Gatgens, quien representa a la dueña de H. Solís.

“Lo que va a intentar la defensa es que se autorice un cambio de la medida cautelar de prisión por otra medida sustitutiva, ese es el enfoque de la defensa.

“La investigación va muy lento y ese es el problema, que en un proceso judicial como estos, tan complejo, no tiene ningún sentido mantener detenida a una persona porque es un proceso que puede durar muchísimo tiempo y el código establece límites claros a la prisión preventiva y, de esa manera, sería un contrasentido mantener a una persona detenida tomando en cuenta esos límites que existen”, manifestó Gatgens a AmeliaRueda.com.

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En el caso de Mélida Solís la defensa será clara en señalar, además, su problema de salud.

El abogado lamenta que aún no se tengan los resultados de las pruebas médicas realizadas a la empresaria semanas atrás en Medicatura Forense, las cuales se pidieron para demostrar el deterioro de su salud y el “riesgo y peligro” que representa que continúe en prisión.

“Hay una circunstancia personal muy importante a tomar en cuenta y es la salud de doña Mélida que se ha deteriorado de manera muy importante después de que ella entró a prisión, lo cual pone en riesgo no sólo su salud, sino también su vida.

“Ella se encuentra absolutamente medicada y con tomas de presión sumamente altas”, dijo Gatgens al explicar que, precisamente, debido a su estado de salud, Solís no puede estar presente en las audiencias de esta semana, ya que se determinó que su traslado podría agravar sus padecimientos.

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Inicialmente se esperaba que ella pudiera conectarse a la audiencia de manera virtual, sin embargo, la petición se realizó a destiempo.

El caso Cochinilla se reveló el 14 de junio, día en el que se realizaron 57 allanamientos y 30 detenciones y se dio a conocer la existencia de una supuesta red criminal conformada alrededor de los procesos de contratación de obra vial en el país.