Albino Vargas afrontará juicio en diciembre por llamado a bloquear calles y fronteras

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas Barrantes, afrontará en diciembre próximo el juicio oral y público en su contra por el llamado que hizo a bloquear calles y fronteras en el marco de una protesta en la que se exigía la salida del exministro de Educación, Edgar Mora Altamirano.

El debate se celebrá del 6 al 10 de diciembre siguientes en el Tribunal Penal del I Circuito de San José, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante la consulta de AmeliaRueda.com.

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Vargas Barrantes es acusado por la Fiscalía Adjunta de esa localidad de aparente instigación pública, un delito contenido en el artículo 280 del Código Penal. Este consiste en incitar a una persona "a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca". Para ese ilícito, la norma prevé entre seis meses y cuatro años de cárcel.

La denuncia que dio pie a esta causa fue presentada por los abogados Gloria Navas Montero y Rubén Hernández Valle, a partir de unas manifestaciones que el sindicalista hizo en el auditorio de la Conferencia Episcopal, el 9 de setiembre de 2019. En la reunión que se llevaba a cabo, el dirigente llamó a los miembros de la llamada Mesa Social Multisectorial, a bloquear fronteras y las principales rutas del país, como parte de una protesta en la que se exigía la renuncia de Mora Altamirano.

Desde entonces, el líder sindical defiende que solo hizo uso de "su derecho humano de libertad de expresión" y niega los cargos que se le atribuyen.

"Yo estoy con la frente en alto. Para mí es muy importante enfrentar este proceso porque está uno efectivamente con toda la tranquilidad del mundo", manifestó el secretario general de la Asociación de Empleados en un video divulgado 6 de mayo pasado, cuando trascendió el auto de apertura de juicio ordenado por la jueza Yorleny Quesada Louis.

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Por esta causa -que se tramita bajo el expediente 19-000647-0619-PE- Vargas Barrantes fue indagado -es decir, se le informó del delito que se le atribuye y la prueba que existía en su contra- el 24 de octubre de 2019 por la pesquisa de la Ministerio Público y la querella formulada por los juristas.

Sin embargo, el 25 de setiembre de 2020, debió presentarse nuevamente para cumplir con ese proceso por segunda vez, debido a una querella presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), así como por una ampliación de la denuncia de Navas Montero y Hernández Valle.

Controversia por notificación

Este medio dio a conocer 5 de julio pasado que el Tribunal de la Inspección Judicial abrió una causa disciplinaria a la jueza Yorleny Quesada Lous, del I Circuito Judicial de San José, por presuntamente adelantar a la prensa la orden de juicio por supuesta instigación pública contra el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados, Albino Vargas Barrantes.

Al procedimiento se le asignó el número de expediente 21-001651-0031-DI que hasta el 1° de julio pasado se mantenía en investigación preliminar, de acuerdo con la información proporcionada por el departamento de comunicaciones del Poder Judicial.

La funcionaria fue denunciada por el sindicalista el 13 de mayo pasado, una semana después de que los medios de comunicación dieran a conocer el auto de apertura de un debate oral y público contra Vargas Barrantes.

"Para proceder con la notificación formal de la continuación del presente asunto, resulta ser que desde la fuente originaria de la misma, sea el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, sede de la oficina o escritorio de la juzgadora Quesada Louis, se emitieron notificaciones a la señora Gloria Navas Montero, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y asimismo informaciones no autorizadas a la prensa en general. Finalmente, se notificó al acusado, sea el suscrito.

"La información enviada a los medios debe considerarse como contraria al debido proceso y atribuible en grado de probabilidad suficiente dicha situación a la jueza del I Circuito Judicial de San José, encargada del expediente, quien debió en el ejercicio de su dirección funcional velar por el sano curso de las actuaciones propias y de sus subordinados, toda vez que es inaudito y contrario al debido proceso que el acusado se entere por la prensa (medio informal) y posteriormente se le notifique formalmente el resultado por el Poder Judicial", indica la queja en poder de este medio.

El líder gremial pidió específicamente que se abriera la pesquisa a la jueza que dictó el juicio por la causa 19-000647-0619-PE.

Sin embargo, en el escrito Vargas Barrantes resalta: "Así las cosas y con independencia de un futuro descargo de cargos ampliando o reduciendo responsabilidades dentro del despacho en cuestión o el Poder Judicial, lo cierto del caso es que resulta una falta de respeto al orden jurídico establecido la falta de vigilancia de las notificaciones realizadas o las informaciones brindadas. En consecuencia, el resultado le es imputable a alguien dentro del Poder Judicial, responsable finalmente de la emisión inadecuada de la información del auto de apertura a juicio primero a la prensa y luego al acusado, quien se entera primero por los medios de comunicaciones que por el ente público encargado de juzgar".

Añade: "La actuación anterior no es un acto que debe pasarse por alto. La majestad del cargo del juzgador se rige por principios del derecho, éticos y morales; de manera tal que si estos de alguna manera se ven transgredidos ello redunda en una afectación general a la imagen del Poder Judicial que -con filtros débiles- permite que el acusado sea el último en conocer que va para juicio casi seis horas después de ser consultado por un periodista que cual era mi opinión sobre el juicio (del cual no había sido aún notificado)".

El 6 de mayo AmeliaRueda.com publicó que el dirigente sindical deberá afrontar un debate oral y público luego de que Navas Montero -una de las denunciantes- le confirmara y aportara la respectiva notificación. Ese día se intentó conocer la posición de Vargas Barrantes y su defensor Rodrigo Rosales Arce, pero para el momento de la redacción del artículo, ambos dijeron que no habían sido notificados. Para ese momento, tampoco fue posible contar con una confirmación por parte de las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público.

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