Jerarca del Banco Central objeta tope propuesto por diputados para tasas de interés

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, advirtió que cambiar el tope de las tasas de interés, como busca un proyecto de ley que se analiza en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, generaría una "exclusión financiera".

Los diputados aprobaron el martes una moción para limitar en 30,18 por ciento los intereses para préstamos en colones y un 15,45 por ciento para los que son en dólares.

Actualmente, las tarjetas de crédito cobran intereses entre 40 y 50 por ciento anual.

"La fijación de topes a las tasas de interés ha redundado o ha resultado en problemas de exclusión financiera, especialmente porque aquellos segmentos de la población que se quieren proteger son los que han resultado más afectados ya que se les expulsa del sistema financiero formal y se le lanza a los brazos de los prestamistas informales y entidades que prestan a tasas más altas y que están dispuestas a violar las tasas de usura", comentó Cubero este miércoles en el programa radiofónico Nuestra Voz.

El jerarca del Banco Central mencionó que le parece que las tasas establecidas en el proyecto por los legisladores son "excesivamente bajas".

Además, pidió a los diputados que si la intención es poner límites, que estos sean lo "suficientemente altos" para que se genere menos impacto sobre las personas afectadas, pero siempre tratando de excluir los valores extremos.

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Mientras tanto, el asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Mario Gómez, coincidió con Cubero en la exclusión financiera que se presentaría, sin embargo también añadió que tendría otras consecuencias como que se afectaría a la pequeña y media empresa o hasta que generaría más desempleo, porque las empresas bancarias tendrían que recortar personal.

"Primero, los cálculos de nosotros es que puede excluir una tercera parte de las personas que están utilizando tarjetas de crédito actualmente, lo cual significa 400 mil personas. Y el segundo problema es que eso va a impactar el comercio, la pequeña, micro y mediana empresa, que son aquellos que se benefician de las compras con tarjetas de crédito", aseguró Gómez.

El representante de la ABC dijo que las asociaciones bancarias están acostumbradas a la regulaciones, pero "si el consenso de los diputados es que hay que poner algún tope, lo que nosotros hemos dicho es que debe ser puesto por el órgano técnico, que es el Banco Central de Costa Rica".

Para Gómez que sean los diputados quienes decidan ese tope hasta puede tener vicios con la Constitución Política.

Igualmente, advirtió que esto no representaría un solución para las personas que están ampliamente endeudadas con las tarjetas de crédito.

Defienden el proyecto

La iniciativa plantea que el cobro de una tasa de interés superior a las establecidas por el Banco Central se consideran una ventaja pecuniaria según el artículo 243 del Código Penal.

Esto debido a que hoy en día al no existir una tasa de usura (práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo) no se puede aplicar las sanciones que señala el delito, que son de seis meses a tres años de cárcel, o con sesenta a cien días multa.

El diputado de Liberación Nacional (PLN), David Gourzong, quien apoyó la moción para limitar la tasa de interés, defendió que ellos lo que buscan es hacer una regulación para establecer la definición de usura, que existe en muchos países.

"Sabemos que la exclusión es uno de los riesgos que hay, pero aprobado este proyecto, estableciendo la tasa activa que es con la que prestan los bancos, nos llevaría un nivel muy cercano a los estudios que se hizo la academia de la Universidad de Costa Rica, tendremos una tasa de usura", afirmó el congresista.

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Para Gourzong si el Plenario aprueba el texto 20.861 también es importante apoyar los planes de salvamento que está lanzando el Poder Ejecutivo.

La morosidad de los costarricenses con las tarjetas de crédito –más de 30 mil circulando en el mercado nacional– es de ¢1,4 millones (o ¢1,4 billones), según el último estudio trimestral del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).