Caso de trocha fronteriza tiene 317 días a la espera de que tribunal señale fecha para juicio

El caso de aparente corrupción relacionado con la trocha fronteriza con Nicaragua tiene 317 días a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública fije una fecha para la celebración de su juicio.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) denunció este 1° de julio que tiene pendiente la programación del debate desde el 19 de agosto de 2020, cuando el expediente 12-000053-0621-PE pasó a poder del órgano jurisdiccional.

Tras culminar sus investigaciones, el Ministerio Público acusó el 10 de enero de 2017 a 26 particulares y exfuncionarios públicos de los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.

Sin embargo, fue hasta finales de 2019 e inicios de 2020 que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública pudo realizar la audiencia preliminar, y el 31 de enero del año pasado dictó el auto de apertura de juicio contra 13 de los 26 encartados. Estos son:

• Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad.
• Serrano Alvarado, exfuncionario del Consejo Nacional de Vialidad encargado del proyecto.
• Ramírez Marín, exfuncionario del Consejo Nacional de Vialidad encargado del proyecto.
• Mesén Vargas, supervisor de la obra.
• Agüero Gamboa, supervisor de la obra.
• Mora Barrantes, supervisor de la obra.
• Castillo Villalobos, empresario.
• Baralis Crosetti, empresario.
• Herra Alfaro, empresario.
• Soto Campos, empresario.
• Méndez Méndez, empresario.
• Alvarado Víquez, esposa de Ramírez Marín.
• Morera Fernández, esposa de Mesén Vargas.

Los restantes indilgados se sometieron a medidas alternas negociadas con la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que fueron acogidas por el Juzgado Penal.

Después de esto fue que la causa se elevó al Tribunal Penal, donde se está a la espera de que se fije una fecha para juicio.

Este medio intentó conocer los hechos y la participación de los sospechosos en ellos, pero el departamento de comunicaciones del ente acusador advirtió que "esta información podrá ser otorgada hasta que inicie el juicio y la Fiscalía proceda con la lectura de la acusación". También mantiene en trámite una consulta con la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia para conocer los motivos por los que no se ha fijado el debate.

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Denuncia presidencial

La ruta 1856, llamada Juan Rafael Mora Porras y conocida como la trocha fronteriza, se empezó a construir en 2010. Se pretendía la apertura de un camino de 160 kilómetros como reacción a una invasión del régimen de Daniel Ortega Saavedra a Isla Calero, en Pococí, Limón.

En ese momento el proyecto fue impulsado por la administración de Laura Chinchilla Miranda para resguardar el territorio costarricense y su soberanía. Sin embargo, luego de dos años se descubrió el supuesto pago de dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el desvío de fondos, así como pagos irregulares por trabajos que no se realizaron.

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Por esa razón, la expresidenta denunció los supuestos actos de corrupción, lo que produjo, además, la paralización de las obras sin que a la fecha hayan finalizado.

En los trabajos realizados de la fallida trocha fronteriza se invirtieron más de ¢20 mil millones.

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Según la pesquisa elaborada en el expediente 12-000053-0621-PE, las facturas con irregularidades detectadas en el Consejo de Vialidad suman ¢1.234 millones; sin embargo, solo fueron canceladas ¢639 millones, precisamente, este el monto que se intenta resarcir con el proceso de juicio.

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) también presentó un reclamo por ¢965 millones debido al daño social que sufrió el país por este caso de corrupción.