Constructoras reclaman ¢2.126 millones por trabajos en "La Trocha", ocho años después de suspendidos
Entidad mantiene 85 expedientes abiertos por el reclamo de empresarios que trabajaron en la trocha
14/05/20 | 09:30am
Ocho años después de que los trabajos en la trocha fronteriza fueran suspendidos, en medio de denuncias por corrupción, constructoras siguen tramitando el cobro de facturas que suman ¢2.126 millones.
En la actualidad, 85 expedientes de cobro están en trámite ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La entidad no pudo especificar cuántas empresas son las están reclamando el pago.
La presentación de estos reclamos no garantiza el pago pretendida, explicó Nathalia Borbón, de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos de la entidad, ante la consulta de AmeliaRueda.com.
“Cada factura cuenta con un expediente legal asignado para determinar su análisis de procedencia a través de un marco legal establecido”, añadió.
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Para los encargados del análisis de los reclamos, en cada caso se debe verificar como primer punto, la “expiración” de la factura que se quiere cobrar.
Según el reporte, durante los últimos años han ingresado 149 reclamos administrativos, algunos de ellos contienen -incluso- la misma pretensión, es decir, reiteran la solicitud de pago de una misma factura por obras en la ruta Nacional 1856, Juan Rafael Mora Porras.
A la fecha, la Gerencia de Asuntos Jurídico a cargo del análisis de los reclamos ya resolvió 64 expedientes, pero no brindaron el detalle de cuál fue la resolución. Hay "expedientes que se encuentran en estudio, en elaboración de borrador de proyecto de resolución, para visto bueno de la jefatura, en espera debien aprobación por parte del Consejo de Administración”, informó Borbón.
Además de los reclamos de cobro ordinarios que tramita el Conavi, se tienen cuatro casos en procesos judiciales que pretenden el pago de alrededor de ¢18 millones.
Denuncia
La ruta 1856, llamada Juan Rafael Mora Porras y conocida como la trocha fronteriza, se empezó a construir en el año 2010. Se pretendía la apertura de un camino de 160 kilómetros como reacción a una invasión del régimen de Daniel Ortega a isla Calero, en Pococí, Limón.
En ese momento el proyecto fue impulsado por la administración Chinchilla Miranda para resguardar el territorio costarricense y su soberanía. Sin embargo, luego de dos años se descubrió el supuesto pago de dádivas a funcionarios del Conavi y el desvío de fondos, así como pagos irregulares por trabajos que no se hacían.
Por esa razón, la presidenta Laura Chinchilla Miranda, tomó la decisión de denunciar el supuesto acto de corrupción, lo que produjo, además, la paralización de las obras, las cuales aún finalizan.
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En los trabajos realizados de la fallida trocha fronteriza se registró una inversión superior a los ¢20 mil millones. Aún se está a la espera del inicio del juicio por este caso, donde se juzgarán a 13 personas, entre funcionarios del Conavi y empresarios involucrados.
Según la investigación 12-53-621-PE, las facturas con irregularidades detectadas en el Conavi suman ¢1.234 millones, sin embargo, solo fueron canceladas ¢639 millones, precisamente, este el monto que se intenta resarcir con el proceso de juicio.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) también presentó un reclamo por ¢965 millones debido al daño social que sufrió el país por este caso de corrupción.
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