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Planta procesadora de pollos

Demanda por $91 millones contra Costa Rica: empresa española cobra cierre de procesadora de pollos

​El Estado recibió el escrito de la demanda el pasado mes de marzo

28/05/20 | 10:35am

Costa Rica enfrenta un proceso de arbitraje internacional interpuesto por el empresario español Alejandro Diego Díaz Gaspar, quien pide $91 millones por el cierre (en 2016) de su planta procesadora de pollos, Ibérico, la cual se ubicaba en Grecia.

En la demanda, el empresario asegura que las autoridades costarricenses incurrieron en una serie de actos administrativos arbitrarios que provocaron el cierre de su negocio. Costa Rica recibió el pasado mes de marzo, el escrito de la demanda.

“El Demandante alega que una supuesta serie de actos administrativos en contra del manejo de residuos y tratamiento de la planta procesadora de pollos Ibérico llevaron al cierre definitivo de su negocio, y solicita una suma aproximada a los $90 millones por concepto de daños, y $1 millón por concepto de daño moral. Los daños, así como el monto de ellos, deben ser probados por el Demandante”, dijo la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, ante la consulta de AmeliaRueda.com.

El arbitraje de inversión fue notificado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 17 de abril del 2019 y en este momento, Costa Rica se encuentra en el proceso de contestar la demanda, esto debe hacerlo a finales de julio.

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Según informó la ministra a este medio, la respuesta se hará bajo la representación legal de la firma internacional Squire Patton Boggs, así como del equipo de “Solución de Controversias del Ministerio”.

La demanda contra el país interpuesta por Díaz Gaspar invoca el tratado bilateral de inversiones España - Costa Rica, donde el empresario reclama que fue víctima de una campaña de desprestigio en contra de su negocio por medio de inspecciones reiteradas, imposición de infracciones, solicitud de correcciones a corto plazo, así como órdenes administrativas que terminaron provocando la suspensión del negocio y posterior salida de Ibérico del país, lo que a su vez dejó sin empleo a más de 600 personas.

Los despachos WDA Legal y Hogan Lovells son los representantes del demandante quien asegura que lo sucedido en su contra se dio por presiones del sector construcción, que tenía planes en terrenos cercanos.

Defensa

El inicio de este proceso obliga a las autoridades costarricenses a poner el acelerador en la defensa y cumplir con el primero paso de entrega de documentos que debe cumplirse en dos meses.

Costa Rica conocía del reclamo del empresario español desde inicios del 2017, sin embargo, la formalización de la queja llegó hasta abril del 2019, luego de que no se lograran acuerdos en la vía de la conciliación.

Según informó el Confidencial de España, para el proceso, ya se definieron los árbitros que formarán el tribunal que analizará el caso, se trata del mexicano Luis González García, elegido por Costa Rica y el norteamericano Adolfo Jiménez elegido por el empresario español. Además, el tribunal será presidido por el francés Alexis Mourre,elegido entre ambas partes.

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El caso

Según publicaciones realizadas por este medio, la empresa empacadora de pollos llegó a Costa Rica en el año 2010 y los problemas empezaron a presentarse en el 2014 cuando la planta procesadora duplicó su producción generando malos olores en la localidad y plaga de moscas, según las denuncias de los vecinos.

Las personas aseguraban que el trabajo de la fábrica también provocaba la contaminación de agua y por esa razón solicitaron la intervención del Ministerio de Salud.

Las quejas provocaron la intervención de las autoridades en 2016, donde las constantes revisiones terminaron provocando el cierre temporal de la planta y posterior cierre total.

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