
Querella y acción civil se presentaron la semana anterior. Se pide un total de ¢600 millones
30/08/21 | 14:52pm
Los cuatro denunciantes del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano piden ¢150 millones, cada uno, por los daños causados; es decir, ¢600 millones en total.
Así se establece en la querella y acción civil presentada la semana anterior según confirmó a AmeliaRueda.com el abogado de las víctimas, Rodolfo Alvarado.
Al exsacerdote se le acusa de abuso sexual a menores e incluso, ya la Fiscalía Adjunta de Género presentó la acusación formal y pide elevar el caso a juicio.
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Tras la acusación, las víctimas, en representación de su abogado, se acercaron la semana anterior al Ministerio Público para formalizar su participación en el proceso penal que se lleva adelante en el expediente 18-000854-0994-PE.
“Nosotros ya presentamos la querella y la acción civil, ya el Ministerio Público formuló la acusación por los delitos tanto de violación como de abusos deshonestos en contra del padre (Víquez).
“Lo presentamos la semana pasada por ¢150 millones por cada uno de los afectados, de los ofendidos, cumpliendo con lo que se establece para introducirnos ya de lleno con el proceso porque después de que el Ministerio Público acusa, las partes privadas se presentan al despacho a presentar estos documentos”, explicó el defensor de las supuestas víctimas.
Alvarado dijo que el reclamo económico se presenta directa y exclusivamente contra Víquez Lizano y que el reclamo en contra de la Iglesia se lleva a cabo en la vía civil.
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El jurista indicó que ahora deben esperar a que se establezca una fecha para realizar la audiencia preliminar y establecer si el caso se eleva a juicio o no.
Para el defensor del exsacerdote, Rafael Rodríguez, no existe posibilidad de que avance un reclamo de dinero ya que está posibilidad está prescrita.
El abogado de Mauricio Víquez asegura que si bien la ley “Derecho al Tiempo” amplío a 25 años la posibilidad de denunciar un abuso sexual tras cumplir la mayoría de edad, no ocurre lo mismo con el reclamo civil, el cual sigue teniendo un plazo de “reclamo” de 10 años.
Asegura que para él y su defendido todo el proceso está prescrito y alistan los argumentos de la defensa para “dejarlo claro” en los Tribunales.
“La acción civil, al igual que la acción penal, para nuestros efectos está prescrita, pero más aún la acción civil. El Código Civil en su artículo 868 establece que los hechos prescriben a los 10 años después de que se tiene conocimiento de que se ejecutó el acto sobre el cual se está reclamando un daño y un perjuicio.
“Están pidiendo ¢600 millones de colones y eso nos demuestra que lo que hay en un interés económico por parte de estas personas”, dijo el abogado.
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Rodríguez indicó que por su parte ya se presentó una excepción de prescripción la cual debe ser analizada por el juez una vez que se haga la convocatoria de la audiencia preliminar.
“El juez tiene que valorar con nuestros argumentos lo que dice la ley y creo que no podrá apartarse del criterio que dice la ley y tendrá que determinar que esas acciones civiles están prescritas y consecuentemente declararlas sin lugar y no solo eso, sino que tiene la posibilidad de condenar en costas a las partes que han presentado estas demandas”, indicó el defensor del exsacerdote.
A la espera de que se defina una fecha para la audiencia preliminar donde se conocerá la acusación de la Fiscalía, las partes están atentas a una audiencia que se tiene prevista para este miércoles 1 de septiembre donde se tomará la decisión, o no, de ampliar la medida de prisión preventiva de cuatro meses que actualmente cumple Víquez y la cual se vence la próxima semana.
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