Denuncias por estafa contra CasasVita ante Fiscalía pasaron de 47 a 125 en mes y medio

Las denuncias por estafa contra el Grupo Empresarial CasasVita S.A. pasaron de 47 a 125 en el Ministerio Público en el último mes y medio, luego de los allanamientos que llevó a cabo la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las oficinas de la compañía.

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía, la cantidad de acciones presentadas contra la inmobiliaria crecieron casi al triple luego de las diligencias del 22 de mayo del presente año.

Ese día, la Policía Judicial realizó junto a fiscales del Ministerio Público una serie de operativos relacionados con el expediente 17-000354-1220-PE en dos oficinas de la empresa situadas en Santa Ana y La Guácima, además del despacho de un abogado en Heredia y dos casas de habitación en Santa Ana y San Rafael de Escazú. En esa ocasión, los agentes pretendían recolectar evidencia documental y electrónica relacionada al caso.

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La causa seguida contra CasasVita permanece en el etapa preparatoria, que aquella parte de la investigación donde se reúnen y analizan pruebas.

El abogado penalista Mario Valverde Brenes, representante de decenas de afectados que acudieron a las vías de lo civil y lo penal, reconoció en una entrevista con AmeliaRueda.com que los afectados han mostrado una mayor motivación a la hora de presentar acciones legales por el interés que ha mostrado la fiscala general Emilia Navas Aparicio en el caso desde su llegada al Ministerio Público.

Un día después de los allanamientos, el apoderado de la compañía, un empresario de apellidos Villagra Martínez, de 33 años, fue detenido tras acudir a una indagatoria de la Fiscalía. El imputados permaneció detenido apenas unas horas en las celdas de la Policía Judicial antes de ser liberado sin la apelación del fiscal Jorge Alberto Araya Jiménez, quien posteriormente fue relevado del caso.

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Semanas atrás, el Ministerio Público informó de que, en apariencia, por medio de dos sociedades anónimas, Villagra, así como dos hombres de apellidos Vargas Ramírez y Murillo Sánchez y una mujer apellidada Solís Gómez, "habrían suministrado información engañosa" a al menos 30 ofendidos que "entregaron sumas de dinero por concepto de prima y adelanto para la compra de casa, dinero con el cual se financiaría la operación de la empresa".

Además, supuestamente se habría registrado la venta de una misma propiedad a más de una persona, lo que impide que una de ellas pueda disponer del inmueble por el que pagó, generando, al mismo tiempo, ingresos dobles a partir de un solo bien.

Por ejemplo, Valverde dice tener entre los afectados el caso de una mujer de 80 años que pagó $485 mil en efectivo por la compra de tres casas en el proyecto Los Arcos en Heredia y no recibió ninguna de las viviendas. También asegura que otra mujer que pagó a contado $172 mil por una estructura que estaba incluida en un fideicomiso de garantía que no se liberó de obligaciones por lo que el acreedor remató la casa.

Fotografía tomada de CasasVita.