Destituir a Ottón Solís como representante ante BCIE, recomienda comisión legislativa

La comisión de la Asamblea Legislativa que investigó supuestas estafas del Partido Acción Ciudadana (PAC) al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recomendó este 5 de abril la destitución del representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ottón Solís Fallas.

Esto luego de que en su pesquisa, se determinara que presuntamente fue el artífice de una modalidad con la que la agrupación oficialista infló el contenido presupuestario de la deuda política mediante contratos por servicios especiales en la campaña presidencial de 2010 y evadir el pago de cargas sociales.

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Por lo anterior es que el exdiputado, excandidato y fundador del partido carece "de las condiciones morales ni éticas para ostentar tan honroso cargo", señala el informe de mayoría del foro al sugerir al Consejo de Gobierno la remoción de Solís Fallas como representante ante el organismo internacional.

De igual manera, el documento recomienda al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, destituir a la expresidenta de la agrupación política, Margarita Bolaños Arquín, como su garante de la ética; toda vez que esta conocía de los artilugios irregulares en la liquidación de gastos de Acción Ciudadana.

"La señora Margarita Bolaños Arquín y el señor Ottón Solís Fallas conocieron, aceptaron, promovieron y facilitaron que el mecanismo de engrosamiento de gastos de liquidación de la campaña presidencial del 2010 permitiera estafar al erario público al momento de presentar de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

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"Ambas figuras además reconocieron expresamente haber conocido del mecanismo refiriéndose a campañas previas a la del 2010, por lo que ha quedado claro que no fue una estrategia cuyo origen es la campaña del 2010", da como hecho probado el informe.

También, al actual representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica se le atribuye:

• Recomendar al entonces mandatario Luis Guillermo Solís Rivera el nombramiento del jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, Rónald Chacón Badilla, como director general de Tributación "en medio de un proceso de investigación a las finanzas de su última campaña presidencial".
• Pretender, mediante llamada telefónica, incidir en el presidente de la comisión investigadora, Gustavo Viales Villegas, para conseguir una "ventaja" en cuanto a la fecha de su comparecencia ante el foro.

Reabrir causas o iniciar nuevas

El informe de mayoría del foro indagador además recomienda al Ministerio Público investigar conforme a sus competencias los hechos descritos en el documento y, en los casos que proceda, solicitar a los tribunales la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Asimismo, se le sugiere valorar "la reapertura o nuevo expediente, en lo que proceda, del expediente 12-000024-033-PE". En esa causa se persiguió y juzgó una estafa mayor contra el Estado con 179 contratos por servicios especiales -aunque se pueden sumar 81 acuerdos más- en las elecciones de 2010, donde el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José condenó al extesorero del Partido Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años cárcel, respectivamente.

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Por este expediente también se condenó de manera solidaria a la agrupación política, al pago de ¢352 millones más intereses; monto que puede incrementar en ¢160 millones si así lo resuelve el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, en un juicio de reenvío en el que se conocerá exclusivamente lo reclamado por la Procuraduría General de la República (PGR) en su acción civil resarcitoria, el cual se celebrará del 1° al 30 de julio.

Sin embargo, el informe considera que en esos mismos hechos se pueden incluir "nuevos actores y hechos descubiertos en esta comisión, los cuales eventualmente pueden constituir en actuaciones delincuenciales, pues se estima pudo haberse tratado de un delito continuado".

De igual forma se le encomienda a la Fiscalía "valorar el inicio de un proceso de investigación sobre los hechos ocurridos durante las campañas" de 2002 y 2006, "ya que para esta comisión se ha tenido por comprobado que la estafa cometida por el Partido Acción Ciudadana se había institucionalizado desde años previos a la campaña presidencial del 2010".

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Finalmente, se le instruye al órgano acusador del Estado "cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida con respecto a la investigación abierta a los firmantes de los 263 contratos por servicios especiales como coautores de los delitos de falsedad ideológica y estafa", a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo el expediente 19-000084-1218-PE.

El informe en cuestión fue firmado por los legisladores Gustavo Viales Villegas y Franggi Nicolás Solano, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pedro Muñoz Fonseca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Giovanni Gómez Obando, del Partido Restauración Nacional (PRN); así como los independientes Ivonne Acuña Cabrera y Dragos Dolanescu Valenciano.

Archivar investigaciones

El oficialismo, representado en el foro por la congresista Catalina Montero Gómez, presentó un informe de minoría de una sola firma. En él se recomienda al Plenario de la Asamblea Legislativa archivar la pesquisa realizada por la comisión especial, toda vez que esta no arrojó nuevos hechos o pruebas de relevancia que involucren, "el grado de plausibilidad necesario", a otros miembros del Partido Acción Ciudadana como eventuales responsables de la estafa perpetrada en la campaña presidencial de 2010.

Además se sugiere archivar la investigación ya que no se aportaron pruebas que apunten a que en los comicios de 2002 y 2006 se instrumentalizaran los contratos por servicios especiales para configurar estafas como la de 2010.

Sumado a lo anterior, Montero Gómez señaló que, "por un lado, el ejercicio constitucional de control político ya fue realizado durante los nueve meses en que la Comisión trabajó y, por otro, las acciones legales pertinentes sobre posible responsabilidad penal, civil, administrativa o de repetición de pagos indebidos, se encuentran ya prescritas. Pedir a las instancias competentes que promuevan dichas acciones, incurriendo en gastos innecesarios a sabiendas de su prescripción, sería un desperdicio de recursos, así como un uso abusivo y antisocial del derecho, con intenciones político-partidarias a las que no debe prestarse la institucionalidad costarricense".

Esto aún cuando Ottón Solís Fallas, señalado en el informe de mayoría como promotor del mecanismo de engrosamiento de los gastos en la liquidación de la campaña presidencial de 2010, se comprometió el 24 de febrero de 2020 a renunciar a la prescripción en caso de ser acusado "ante una autoridad competente", según una publicación hecha en sus redes sociales.

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Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a la 1:15 p.m. del 5 de abril de 2021.