Fiscalía investiga a sindicalista por presunta agresión con arma contra presidente

Un sindicalista de apellidos Fernández Esquivel es investigado en la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José por el supuesto delito de agresión con arma contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

La oficina de prensa del Ministerio Público informó ante la consulta de AmeliaRueda.com que ese sujeto, funcionario de la Imprenta Nacional, es el único que figura en la causa 18-028491-042-PE hasta ahora por el altercado que vivió al mandatario el 3 de octubre anterior en la plaza de la Cultura.

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Ese día, el gobernante participó de un acto en el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) y a su salida fue rodeado por un grupo de protestantes, quienes lo increparon e insultaron al momento de su traslado a los vehículos oficiales que finalmente lo sacaron del lugar.

Videos difundidos en redes sociales muestran como luego de que Alvarado subió al carro, un manifestante -en apariencia Fernández Esquivel- se agacha para tomar un objeto y posteriormente lanzarlo, logrando impactar la parte trasera del auto.

El Código Penal contempla en su artículo 140 un castigo de dos a seis meses de prisión a quien "agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causare herida, o el que amenazare con arma de fuego".

El 4 de octubre anterior, la Fiscalía había reportado que el expediente se llevó contra ignorado por los supuestos delitos de agresión y daños, "sin perjuicio de que conforme avance (la pesquisa) se puedan recalificar o variar los tipos penales".

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De hecho, la información facilitada este 7 de diciembre indica que además del presunto delito de agresión con arma, se investiga la comisión de los supuestos delitos de daños y privación de libertad. En los dos últimos no se ha individualizado a ninguna persona como imputada.

El expediente se encuentra en la etapa final de investigación, la cual es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Vía administrativa

El pasado 17 de octubre, el viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín, solicitó al patrono de Fernández Esquivel, el director general de la Imprenta Nacional, Carlos Torres Salas, iniciar los trámites de despido sin responsabilidad patronal por la supuesta participación de este en el incidente.

De hecho, la misiva DVG-VBM-355-10-2018 pide acudir al Tribunal del Servicio Civil (TSC), órgano que tendrá la última palabra.

Barrantes dijo el martes a este medio que el proceso sigue en trámite.

"... le solicito girar las instrucciones necesarias a la Asesoría Jurídica Institucional, a efectos de que se confeccione el libelo de interposición para solicitar, ante el Tribunal de Servicio Civil, el despido sin responsabilidad patronal del funcionario Fernández Esquivel por pérdida de objetividad de confianza", reza el texto.

La carta cita los artículos 47.4 de la Ley General de Administración Pública, el cual indica que el viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal del Ministerio. Esto en relación con los artículos 61.f) --despido sin responsabilidad para el Estado-- y 71 --el superior inmediato aplicará sanciones mínimas y el Director y el Viceministro las máximas-- del reglamento autónomo de Organización y Servicios de la Imprenta Nacional.

El jerarca también pidió en el oficio añadir videos, fotografías y notas periodísticas para que se anexaran en la gestión del despido.

Caso paralelo

Durante los acontecimientos de ese 3 de octubre también quedó en evidencia el momento en que un agremiado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en apariencia un hombre de apellido Sanabria, burla la escolta del presidente Carlos Alvarado Quesada y alcanza a empujarlo por la espalda.

A ese sujeto, la administración le realizó una investigación que concluyó con la apertura formal de un procedimiento ordinario disciplinario.

Dicho proceso se encuentra en la etapa de instrucción, que es aquella en la que se analizan las pruebas. Posteriormente pasará a audiencia y luego se dictará una resolución, misma que puede ser apelada por el funcionario.

Mientras se lleva a cabo el procedimiento, el funcionario se mantiene laborando con normalidad, según informó la oficina de prensa del Instituto.