Para financiar gasto público de 2020, Gobierno usará intereses "ahorrados" de créditos externos

La mayor parte de los "ahorros" generados este 2020 por un menor pago de intereses, ante la adquisición de créditos con entidades multilaterales, no se excluirían del presupuesto sino que se trasladarían para financiar gasto público de este mismo año.

Así lo propone el proyecto de tercer presupuesto extraordinario que se tramita en el Congreso.

El texto no elimina ¢51.173,4 millones que se iban a destinar al pago de intereses, sino que redirecciona los recursos a más de diez partidas distintas que, sin esos recursos, habrían tenido que financiarse con más deuda.

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Además de los "ahorros" por intereses, el presupuesto incluye nuevos recursos por ¢31.181 millones provenientes del Instrumento Rápido de Financiamiento que se aprobó hace semanas con el Fondo Monetario Internacional (FMI); así como ¢1.040 millones que quedaban pendientes de incorporar, provenientes del congelamiento en el precio de los combustibles que se aplicó meses atrás para financiar subsidios alimentarios a las personas laboralmente afectadas por la pandemia del SARS-CoV-2.

Los recursos del FMI corresponden al compromiso de girar un 10% del crédito a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); mientras que los ¢1.040 millones se utilizarían como parte de las últimas entregas del bono 'Proteger' y en curso.

Por su parte, el Gobierno plantea realizar reasignaciones de recursos ya presupuestados por ¢60.864,9 millones; incluidos los ¢51.173,4 millones en "ahorros" crediticios y ¢9.571 millones adicionales que el Ministerio de Educación Pública y dos programas de la Contraloría General de la República ya no utilizaría en distintos programas.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda es que estas reasignaciones "no son un incremento del gasto, sino un rebalanceo hacia otros usos", palabras que usó el viceministro Isaac Castro, este jueves, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

No obstante, aunque los recursos agregados no aumentarían el déficit financiero previsto para el país en sí mismo, implicarían que el "ahorro" generado por intereses tampoco ayudaría a reducirlo.

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Entre otros gastos, el presupuesto incluye financiamientos de ¢13.786,1 millones para el programas de equidad y educación del MEP; ¢10.000 millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); ¢8.500 millones para reponer pérdidas por la rebaja en la base mínima contributiva por planillas de la CCSS; ¢7.500 millones para el posible pago de vacunas; y ¢7.000 millones para infraestructura vial operada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

También se presupuestan partidas menores para el programa Empléate, la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Poder Judicial , la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), y para el pago de bases de datos del Ministerio de Salud en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras.

La Contraloría General de la República (CGR) detalló en un informe institucional que un 88,5% de los gastos previstos corresponderían a gastos corrientes, como remuneraciones y transferencias; mientras que solo un 11,5% a obra pública en el Conavi. Eso sí, también señaló que el gasto en protección social aumentaría un 16,2% y el de salud en un 20,1%.

"Continuar servicio"

El viceministro de Hacienda, Isaac Castro, afirmó en el Congreso que la presupuestación de recursos es mantener los servicios sociales del Estado y que los "ahorros" por intereses son efectivos, precisamente, en la medida en que puedan utilizarse para otros fines relacionados con la atención de la emergencia provocada por el Covid-19.

"Recuerden que uno de los propósitos de todo gestor de deuda pública es financiar el presupuesto al menor costo posible y nosotros estamos haciendo eso (...) Aquí lo vamos a volver a gastar porque, de acuerdo a la valoración que hemos hecho en materia de continuidad de la gestión pública, es iniciativa del Poder Ejecutivo garantizar la continuidad del servicio público".

"Efectivamente lo podríamos ahorrar, pero podríamos estar afectando la continuidad del servicio público establecido en las entidades a las que se está asignando este gasto", indicó Castro.

Las palabras de Castro recibieron el rechazo por parte de la mayoría de diputados de oposición en la Comisión de Hacendarios, quienes calificaron como un engaño decir que se "ahorran" recursos si luego se emplean en nuevos gastos que no estaban contemplados presupuestariamente.

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¢51.173,4 millones representan un 0,15% del PIB; por lo que se esperaba que la cifra contribuyera para disminuir el déficit fiscal en esa misma proporción.

Según la contralora general de la República, Marta Acosta, el presupuesto propuesto por el Ejecutivo más bien aumentaría el déficit presupuestario en más de ¢32.000 millones (un 0,1% del PIB), pues se incluyen nuevas transferencias para la CCSS y para bonos 'Proteger' que no corresponden a ningún ahorro.

El Gobierno estima un déficit fiscal del 9,3% de la producción en 2020; es decir, augura una relación negativa entre gastos e ingresos de ¢3,1 billones. Sin contar el pago de intereses (únicamente gastos e ingresos para la gestión regular del gobierno) la diferencia sería de un 4% de la producción: ¢1,34 billones.

Cerrar ese desequilibrio es esencial para que el Gobierno detenga el deterioro de sus finanzas, impulsada por la abrupta adquisición de deuda pública; un objetivo para el que impulsa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en pausa ante el descontento social por la posible inclusión de nuevos impuestos.