Hacienda: Impuestos se negociarán con diputados, subir IVA o gravar transferencias son solo opciones

El Gobierno buscará nuevos impuestos como parte de su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, aún no define cuáles serán esos nuevos impuestos, sino que los negociará primero con los diputados de la Asamblea Legislativa.

Entre las opciones, el Ejecutivo tiene sobre la mesa ideas como establecer un impuesto a las transacciones —en una proporción más pequeña a la que inicialmente se planteó en septiembre pasado— o aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un punto porcentual.

Así lo confirmó a AmeliaRueda.com el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien subrayó que cualquier decisión que se tome dependerá de su viabilidad política, y que las propuestas mencionadas son solo dos de muchas opciones.

"Hay un conjunto de opciones. Todavía no se ha definido porque hay que estar conversando con algunos diputados, definir cuáles impuestos pueden tener ambiente, ver la posibilidad de que la Asamblea apruebe alguna de las opciones y que sean significativas en la parte numérica, que ayuden a resolver el problema. Esto todavía no está decidido, sino que habrá que continuar las conversaciones en los próximos días", subrayó, la tarde de este 4 de enero.

El Gobierno anunció el 3 de diciembre pasado que retomará sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de acceder a financiamiento y acordar una ruta que permita estabilizar las finanzas públicas en el corto plazo. El objetivo es atender unas arcas estatales amenazadas por un déficit fiscal creciente, que se disparó con la pandemia del nuevo coronavirus, y que alimenta una deuda pública del 70% del PIB que crece a niveles acelerados.

Las negociaciones con el FMI se entablaron desde agosto del año pasado, pero se pusieron en pausa tras el fracaso de una primera propuesta de ajuste fiscal presentada por el Ejecutivo, la cual enfrentó el rechazo mayoritario de los sectores políticos, sindicales y empresariales. Ellos rechazaron propuestas como triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, fijar un gravamen temporal a las transacciones electrónicas y establecer aumentos temporales en las tarifas de renta a las ganancias más altas.

Ahora, el Ejecutivo intentará apostar por una ajuste menos fuerte, de un 3% del PIB; del cual una mitad correspondería a recortes en el gasto público y la otra a cambios en materia de impuestos. Entre estas últimas, ya se presentaron proyectos para concretar algunas reformas, por el orden del 0,6% del PIB, en materias como rentas de capital, eliminación de exoneraciones, aumentos en tasas de renta a remesas y otros.

Según anunció Hacienda, un 0,8% del PIB adicional se buscaría a través de "nuevos impuestos" (sin especificar cuáles); es decir, un ajuste de unos ¢286.000 millones anuales.

Para acceder a un servicio de crédito ampliado con el FMI, el Gobierno debe presentar una propuesta a ese organismo para estabilizar sus finanzas públicas. En ese contexto es que se proponen los cambios. Más allá del crédito en sí mismo, el Gobierno sostiene que obtener un visto bueno del Fondo permitiría mejorar las condiciones financieras del país y los niveles de confianza de los mercados que prestan su dinero al país, lo cual repercutiría en un menores gastos por intereses para el Estado.

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Difícil situación

El país estimó su déficit financiero en un 9,2% del PIB para 2020, aunque las cifras oficiales se presentarán a mediados de enero. Esto quiere decir que el país habría gastado ¢3,1 billones más de los que consiguió a través de impuestos y otros ingresos.

La situación deficitaria del país persiste desde hace más de 15 años y empuja la deuda pública a niveles insostenibles del 70% del PIB, cuando apenas alcanzaba un 24% de la producción antes de la crisis de 2008. Desde entonces, la economía costarricense sufrió los efectos de la crisis financiera de aquel año y del menor crecimiento económico que produjo, así como de un crecimiento acelerado del gasto estatal en gastos fijos, impulsado por la administración de la época.

El problema no se corrigió desde entonces y se sumó a otras deficiencias en el gasto que se arrastraban desde mucho antes.

Ahora, el Estado enfrenta las necesidades de financiamiento más altas de la última década, lo que presiona indicadores básicos para la estabilidad económica de cualquier país como el tipo de cambio o las tasas de interés.

Para estabilizar sus finanzas, el país requiere ajustes rápidos en materia de gasto y de ingresos (impuestos).

Ante esa necesidad, el Gobierno impulsó a finales de 2018 una reforma fiscal que, se decía, alcanzaría para evitar un colapso económico en el corto y mediano plazo. No obstante, no se contempló el impacto de una emergencia como la pandemia del nuevo coronavirus, que ensanchó las necesidades de financiamiento para la atención social y sanitaria de la emergencia, y que redujo los ingresos del país, ante la mayor contracción económica que experimenta en más de 35 años.

Ahora el ministro Villegas asegura que apelará a la "buena voluntad" de los diputados para impulsar nuevas reformas, incluso en medio del último año previo a las elecciones presidenciales de 2022. "Perfectamente se puede entender en cualquier momento una diferencia sobre algún punto en particular, eso es normal, es razonable y sano en una democracia; pero lo que sí tenemos que alinear son los intereses, tanto de los diputados como del Poder Ejecutivo (...) lo que nosotros esperamos es que esa buena voluntad se genere y se integre en el diálogo con los diputados, y que a partir de ahí podamos avanzar en una agenda muy importante que debe llevar adelante el país y que involucra temas que pueden ser polémicos, pero que son necesarios en este momento. El país no se puede detener", subrayó.

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