Por inadmisible, Contraloría rechaza segundo pedido de Justicia para ampliar monitoreo electrónico

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó este 4 de febrero un recurso de reconsideración planteado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), con el que la cartera pretendía que le fuera autorizada una ampliación de un contrato para la vigilancia de 1.800 portadores de tobilleras electrónicas en el país.

El órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa consideró inadmisible la gestión interpuesta contra el oficio DCA-0419 del 28 de enero pasado, en el cual denegó el permiso pedido por la cartera para hacer una modificación a un acuerdo planteado previamente con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), para el monitoreo de personas con mecanismos alternativos a la privación de libertad.

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Lo anterior -argumenta la misiva DCA-0548- se sustenta en que ni la Ley Orgánica de la Contraloría, ni la Ley General de la Administración Pública ni Ley de Contratación Administrativa prevén la posibilidad de recurrir o impugnar una denegatoria a una solicitud de autorización planteada ante el ente fiscalizador.

"De forma tal que al no encontrarse regulada en la normativa propia de la materia algún régimen recursivo contra lo resuelto por este órgano auxiliar en el trámite de autorizaciones, lo procedente en este caso es rechazar por inadmisible, el recurso de reconsideración presentado en contra del oficio DCA-0419".

Con este criterio, firmado por el gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, Allan Ugalde Rojas, Justicia y Paz sufrió un nuevo revés en sus intentos por evitar quedarse sin contrato para la vigilancia electrónica.

En un principio la cartera planeaba extender por un plazo máximo de 24 meses el contrato que tiene vigente hasta el próximo 27 de febrero mientras se realizaba una licitación pública internacional, publicada recién dos días atrás. Dicho concurso dispone de 60 días de plazo solo para la recepción de ofertas y, según cálculos del Ministerio, la empresa contratista será electa hasta finales de año.

"Pese a ello (el rechazo por inadmisibilidad), para la Contraloría es preocupante algunos de los elementos planteados en el documento que se planteó. Por ese motivo estamos haciendo algunas aclaraciones al Ministerio de Justicia.

"En primer lugar, no entendemos cómo se ha tramitado una solicitud de autorización de prórroga de un contrato, cuando no se tiene el contenido presupuestario, siendo que hasta el día de ayer (3 de febrero) se ha solicitado vía presupuesto extraordinario al Congreso, una autorización para que se amplíen los ingresos de ese ministerio y poder darle contenido a una obligación como la que se está realizando", dijo el funcionario en un video facilitado por la oficina de prensa del órgano fiscalizador.

"La Contraloría entiende la situación apremiante en la que se está el servicio de monitoreo, no obstante, eso lo conocía el Ministerio de Justicia desde marzo del año pasado, cuando tomaron la decisión, y así lo informaron a la Contraloría, de llevar adelante un procedimiento de contratación administrativa. Ese tiempo les hubiera permitido incorporar en el Presupuesto Nacional los contenidos suficientes para darle contenido a cualquier obligación, sea vía concurso o una ampliación como la que se pidió a la Contraloría que le autorizara", añadió Ugalde Rojas.

El gerente de la División también expuso que se emitieron comentarios sobre la vigencia del pacto, en el tanto que esta ha presentado documentos diferentes que han imposibilitado determinar el momento exacto en que inició la ejecución del contrato.

También el ente contralor urgió a Justicia y Paz a acelerar todas las gestiones relacionadas a la prestación del servicio de vigilancia, una vez que consiga los recursos necesarios, ya que, de lo contrario, no es posible entablar negociaciones con sujetos privados o públicos como las pretendidas.

Recién un día atrás, la ministra del ramo, Fiorella Salazar Rojas, manifestó en un comunicado de prensa que la institución se valoraba sus opciones ante la primera negativa de la Contraloría.

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"Con esto se acaba la incertidumbre que teníamos con respecto a los escenarios que debíamos abordar. Estamos trabajando ya en los escenarios que tenían que ver con esta posibilidad de respuesta.

"Nos interesa que la ciudadanía esté tranquila respecto al trabajo que estamos haciendo, lo mismo para las personas adscritas a esta modalidad", señaló este 4 de febrero la jerarca en un video compartido por el departamento de comunicaciones de la cartera.