Justicia se queda sin contrato para vigilar a 1.800 personas con tobillera electrónica

A partir del 27 de febrero, el Ministerio de Justicia se quedará sin contrato para realizar la vigilancia electrónica de las más de 1.800 personas que tienen un proceso judicial activo y que actualmente están en libertad con tobillera electrónica.

Las autoridades planeaban ampliar el plazo del contrato actual mientras se realizaba la licitación internacional correspondiente, sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) rechazó la solicitud planteada.

“Dentro de los elementos considerados para esta decisión se encuentra el hecho de que el Ministerio no tiene para el año 2021, el contenido presupuestario suficiente para hacer frente a esta contratación. Adicionalmente, no se logró clarificar si el contrato se mantiene aún vigente, dado que no se llegó a aportar la información necesaria para hacer esa corroboración.

“Finalmente, tampoco se logró acreditar por el Ministerio lo relacionado con el precio en cuanto a cuál sería el monto a cancelar durante este año por esta nueva prórroga que se está pidiendo”, manifestó el Gerente de Contratación Administrativa de la CGR, Allan Ugalde, quien agregó que toda esta información fue solicitada a las autoridades, las cuales no completaron la información.

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La intención de Justicia era ampliar por 24 meses el contrato que actualmente se tiene con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para el monitoreo electrónico, sin embargo, a criterio de la Contraloría faltaron documentos para lograr la autorización de la “modificación unilateral” que se tramitó.

Este rechazo, deja al país sin contrato de vigilancia electrónica a partir del próximo mes.

La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, mostró su preocupación por la decisión del entre contralor, debido a que se quedarán sin el sistema de vigilancia electrónica para más de 1.800 personas.

“Para preservar la seguridad ciudadana estaremos valorando todas las posibilidades jurídicas para atender esta situación”, manifestó sin mencionar qué opciones se tienen para garantizar la continuidad del servicio de vigilancia.

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